viernes, mayo 25, 2007

 
DIA DE LA PATRIA
A manera de plegaria pido que en el día de la patria la honremos, defendiendo la libertad, ese don sagrado del que no podemos claudicar, ni permitir que otros claudiquen, menos aún aquéllos que no la conocen, por acción u omisión de los que sí sabemos de qué se trata, y más grave aún, de los que hemos sido capacitados y preparados para garantizarla.
Todos, sin excepción, hemos sido hechos libres, dotados de la capacidad de elegir, del libre albedrío. Sin embargo no todos sabemos que ésto es así y cometemos el sacrilegio de negar la libertad, o peor aún de avanzar indignamente contra ella, apelando muchas veces a normas y a decisiones que se disfrazan y amparan ilegítima y hasta fraudulentamente en el ropaje de la legalidad.
Por eso es hora de honrar a la patria, honrando la vida, la verdad y la justicia. Honrando así, nuestra condición de ciudadanos, libres e iguales, conociendo y defendiendo nuestros derechos pero también nuestros consiguientes deberes y responsabilidades, esforzados más en servir que en mandar.
Que este 25 de mayo, nos encuentre unidos, solidariamente como hermanos, transformando lo heroico en lo normal y cotidiano, y lo normal y cotidiano en heroico. Sintiéndonos cabalmente patriotas y ciudadanos, por ende democráticamente soberanos, construyendo la patria, concebida como escuela de servicio y ocupados en el establecimiento de un orden social y político más justo.
Miremos nuestra bandera,escuchemos y cantemos con emoción el himno, elevemos al cielo las miradas, y evoquemos con sentido de pertenencia, el amor a la patria, hagámoslo desde el alma, con las manos extendidas, a mente dispuesta y el corazón bien abierto.
En estos tiempos de desórdenes y tribulaciones, reconozcamos nuestro lugar, nuestros afectos, y con valentía y coherencia pongamos todas nuestras fuerzas y nuestra infinita paciencia para encontrar las coincidencias.
Aceptemos el desafío de ser testigos de la esperanza, virtud que nos empuja a seguir luchando para salir del espiral de desorden material y espiritual en el que estamos inmersos, sembrando semillas de sensatez, cordura y santidad.
Seamos compasivos, para que nada nos resulte ajeno,ni el gozo ni el dolor de nuestros hermanos,aprendiendo y experimentando el verdadero sentido de dar,dándonos libremente a los demás.
Honremos la patria terrena que nos dejaron nuestros mayores, porque honrándola con prontitud, obediencia y humildad, tendremos la posibilidad de ingresar a la patria celestial prometida preparando el camino para los que vendrán.

 
El intervencionismo siempre engendra corrupción
La intromisión de las autoridades políticas en la actividad económica, un campo propio y específico de las personas privadas, no puede generar más que confiscación y dádiva.
En estos días, se están sucediendo una serie de hechos que ponen al descubierto las pústulas de la corrupción enquistada en el poder. A medida que un gobierno sucede a otro, parecie ra que sus integrantes van adquiriendo mayor soltura para idear procedimientos destinados a quedarse con suculentos fondos de las arcas públicas. La última innovación tecnológica en materia de corrupción es el ingenioso mecanismo del fideicomiso, que en los países de origen británico se denomina “trust”, es decir, confianza. El fideicomiso fue, inicialmente, una disposición de la última voluntad de alguien que deja su fortuna encomendada a la buena fe de otro –denominado fideicomisario- para que, en tiempo y forma determinada, la transmita a un beneficiario o la invierta del modo que se le señala. Pues bien, a partir del año 2002, esta institución sajona comenzó a ser intensamente utilizada en nuestro país por nuestros astutos gobernantes con el objetivo de escapar al control contable y la auditoría de los organismos que entienden en materia de presupuesto público: la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas, la sindicatura de empresas públicas y la Auditoría General de la Nación. Modus operandi de la corrupción La estrategia de la corrupción por medio del fideicomiso comienza por munirse de leyes que otorgan la facultad de cobrar “cargos específicos” en facturas de servicios públicos a grandes y pequeños usuarios. Otra opción es cuando se sancionan leyes que delegan plenos poderes en los políticos para que estos dispongan de partidas presupuestarias a su antojo. Estos importes son depositados en el Banco Nación como aportes irrevocables de un fondo de fideicomiso. El fideicomiso puede tener los fines más extravagantes y exóticos, pero siempre estará a cargo de un funcionario de absoluta confianza, vinculado al poder político de turno, con el título de fideicomisario. El paso siguiente consiste en idearse una obra pública, cuanto más faraónica mejor porque hay más cuero de donde sacar lonjas. Luego, se encomienda a una empresa particular que prepare las bases para llamar a un concurso de precios privados, no-públicos, reservándose el derecho de autorizar el importe final y de recomendar a ciertos candidatos que entiendan cuáles son las señales del juego. Casi nunca se opta por el precio menor, sino que se toleran sobreprecios muy altos que superan ampliamente el doble del costo presupuestado por técnicos razonables y sensatos. De ese sobreprecio alguien, oculto fuera de la trama del fideicomiso, obtendrá beneficios que le serán pagados por un sistema subterráneo, a través de cuevas financieras o mediante testaferros insolventes, cuyo destino final es tan recóndito e indescifrable como los jeroglíficos egipcios. Como, a su vez, las empresas participantes que aceptan las reglas del juego se ven obligadas a justificar contablemente el origen de esos fondos, apelan a la adquisición de facturas pro-forma otorgadas por empresas ficticias, debidamente registradas y autorizadas por la AFIP. Dichas facturas se cotizan entre el 5% y el 10% de su importe venal. Así armada la parodia del fideicomiso, originariamente pensado para testamentar una fortuna a favor de un heredero privilegiado, la ingeniería financiera termina poniendo suculentas sumas de dinero en los bolsillos de personajes ocultos que nunca dan la cara. Sin embargo, si el sistema es repugnante y digno de toda reprobación, mucho más grave y peligrosa es la aceptación social de la corrupción. Cuando la sociedad civil parece resignada a tolerar estas muestras de podredumbre y finge creer en las declaraciones de que “se trata de una coima entre privados”, la partida está perdida. Es cierto que, así, un gran número de integrantes de esa sociedad acalla su conciencia y quedan enmudecidos frente a un espectáculo por el que no muestran interés, puesto que siguen ganando dinero, haciendo buenos negocios y gozando de la buena vida. El intervencionismo estatal A lord Acton debemos aquella frase de “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Ahora podríamos actualizarla diciendo que “el intervencionismo estatal siempre corrompe tajantemente”. Para decirlo más claramente, el intervencionismo siempre engendra corrupción. ¿Por qué? Porque significa una intromisión de las autoridades políticas en un campo propio y específico de las personas privadas: la actividad económica. La economía es naturalmente una actividad entre particulares, que se desenvuelve dentro del derecho civil y el derecho comercial, nunca dentro del derecho administrativo. Y la corrupción es, inexorablemente, el resultado de la intervención del Estado en esa actividad económica. Desde el punto de vista de los ciudadanos afectados, el intervencionismo produce estas dos consecuencias: confiscación y dádiva. Es confiscación porque la intervención se basa en aquellos que deben pagar un tributo, soportar cargos específicos o asumir un costo que los demás no tienen. También es dádiva porque esa confiscación se traduce en un donativo que reciben los beneficiarios de los subsidios, los contratistas que certifican obras públicas con sobreprecios y los que reciben exenciones fiscales privilegiadas. Siempre que hay intervención estatal habrá individuos o grupos sociales que se enriquecen a costa de otros o de sociedades privadas. Los intervencionistas argumentan, sin ofrecer pruebas en contrario, que la acción del Estado se supone ecuánime y destinada al bien común de toda la población. En cambio, la experiencia de años y años nos demuestra que indudablemente ninguno de los burócratas, funcionarios o mandatarios electos actúa de manera similar a los integrantes de un coro angélico. Argumentar lo contrario no es nada más que una treta de pandilleros que todavía sirva para engañar a algunos incautos. Los partidarios de la intervención estatal o de la “presencia reguladora del Estado”, como ahora se le llama, terminan siempre haciendo escarnio de las leyes escritas y de los principios morales atribuyéndose una intención más noble y elevada que la propia justicia en la defensa de los derechos del pueblo. El político que decide intervenir en la vida económica siempre es egoísta. Tanto cuando pretende alcanzar el poder como cuando intenta ser reelegido, transferirlo a su cónyuge o adoptar una ideología populista para enmascarar sus propios intereses. En un sistema crecientemente intervencionista, los funcionarios involucrados advierten súbitamente que sus decisiones pueden ocasionar graves pérdidas a los empresarios o proporcionarles pingües beneficios. Entonces, comienzan a considerar que ellos son como la encarnación de la divina providencia que puede discernir premios y castigos. Inevitablemente, cuando conceden licencias especiales, cuando distribuyen subsidios, cuando otorgan exenciones que no tienen todos los ciudadanos y cuando adjudican licitaciones con sobreprecios, esos políticos esperan conseguir, casi de inmediato, particulares retribuciones en dinero o específicos apoyos electorales. Por eso, siempre el intervencionismo estatal engendra corrupción. Este pernicioso fruto fue advertido por dos personalidades completamente distintas. En el orden espiritual, por el propio papa Joseph Ratzinger, en cuya primera encíclica pastoral (Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, 28) pueden leerse estas afirmaciones: “El Estado no puede darte amor. Tu familia sí, porque es una comunidad íntima de amor y de vida entre personas concretas, de tu misma carne y sangre. El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa… Siempre habrá sufrimientos que necesiten consuelo y ayuda y… siempre habrá soledad… El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido necesita: una entrañable atención personal”. Por eso, para evitar el triste destino que nos depara la corrupción si no logramos extirparla como un tumor maligno, debemos reflexionar sobre las advertencias que formuló la otra personalidad mencionada, la excepcional filósofa rusa Ayn Rand en su libro “La naturaleza del gobierno”: “Cuando vean que para producir necesitan el permiso de quienes nada producen. Cuando vean que el dinero fluye hacia quienes trafican influencias y no a los que comercian honradamente. Cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa y no del trabajo. Cuando vean que las leyes los amparan a ellos, en lugar de protegerlos a ustedes. Cuando vean que la corrupción permite el éxito social y que la honestidad se convierte en un sacrificio sin sentido, entonces sabrán que su sociedad está condenada a muerte”.

 
Patadas
La incitación a la violencia que se desprende de las palabras de algunos de los políticos más encumbrados es un síntoma más del preocupante estado de agresión permanente en que se encuentra inmersa la sociedad argentina.

El presidente Néstor Kirchner, luego de los desmanes en la estación Constitución hace 10 días, dijo que había llegado el momento de “pegar algunas patadas”. Unos días después, el hasta ahora principal aspirante a la presidencia desde la oposición, el ex ministro Roberto Lavagna, afirmó que había que “echar a patadas a los inútiles”, en relación al manejo que el Gobierno había tenido en el caso Skanska. La recurrente utilización de estas “metáforas” explica por sí sola una manera de entender la convivencia que tenemos los argentinos. Nada menos que el presidente y una altísima figura de la política nacional, cuyos principales objetivos deberían ser la defensa de la ley, del orden jurídico y de la paz social, no tienen mejor idea que invocar las patadas como manera de resolver conflictos y de buscar soluciones. El gran avance de la civilización en los últimos 400 años ha consistido, precisamente, en pasar de un sistema violento de resolución de los conflictos a uno racional, en donde la vigencia de un orden jurídico igualitario, conocido de antemano y aplicado por un poder judicial imparcial, garantiza la paz y la concordia social. Que los actores sociales víctimas de pasiones momentáneas tengan arranques pasionales de regresión a la Edad Media puede ser más o menos entendible, pero que aquellos que tienen que conducir los destinos del país apliquen los principios de la bravuconada para encender los más bajos instintos de las personas es algo que no puede tolerarse. La Argentina atraviesa por bolsones de violencia nunca antes vistos. Desde las características que han tomado los delitos comunes hasta las expresiones callejeras de piqueteros, sindicalistas, activistas políticos y la propia gente común en sus tratos cotidianos, todo demuestra un nivel de agresión que pone en verdadero peligro la mismísima convivencia y la existencia de una verdadera sociedad. El presidente debería contar entre sus primeros deberes contribuir a la concordia, ser el ejemplo de todos los argentinos y apelar al sosiego y a la reflexión. Estar permanentemente echando leña al fuego con discursos crispados, frases altisonantes y expresiones burdas que incitan a la violencia de unos contra otros no contribuye a que la Argentina recupere la tranquilidad de espíritu necesaria para crecer y vivir mejor. ¿A quién quiere agarrar a patadas el presidente? ¿Es ésa una forma republicana de poner las cosas en su lugar? ¿Cuál es el ejemplo que trasmite a los que para ser violentos no necesitan más incentivos que los de su propia incultura? ¿Es la Argentina un país violento porque tiene un presidente violento o tiene un presidente violento porque es un país violento? ¿En el caso de las concesiones ferroviarias, por citar sólo un ejemplo, no sería más elocuente, eficaz y civilizado aplicar la ley? Por otro lado, la aspiración de creer que la democracia permite a los pueblos corregir sus errores sufre una enorme desilusión cuando se escucha la misma altisonancia en labios de un hombre moderado como Lavagna. Si el triste espectáculo que ofrece, prácticamente todas las semanas, el presidente Kirchner, insultando a medio mundo, destilando violencia en cada acto, en cada palabra, fuera, efectivamente, una “anomalía” temporal que el país debe aguantar hasta que acabe su período y que la ciudadanía puede corregir eligiendo mejor la próxima vez, tendríamos una esperanza. Sin embargo, cuando uno comprueba que esta manera de entender la convivencia es una cultura generalizada de la sociedad, no puede menos que preocuparse, aun cuando, al mismo tiempo, queden claras las explicaciones de muchas de las cosas que ocurren en el país. Este camorrerismo barato, de cuarta categoría, profundamente inoperante y que busca exaltar demagógicamente los más oscuros costados de la naturaleza humana (además de no servir para nada y de ser esencialmente antisocial) constituye un atentado a la vida democrática y a las posibilidades futuras del desarrollo argentino. ¿Qué dueño de capitales llegará a un país en donde las cosas se arreglan a las patadas como en la Roma de Calígula? ¿Cuál será la confianza en una administración que, en lugar de apelar a la aplicación de la ley, sueña con calzar unos buenos botines para chanflear el trasero de aquel a quien tomó por enemigo? El eslogan preferido del gobierno del presidente Kirchner, aquel que utiliza como remate en todos sus anuncios publicitarios, es el que dice que la “Argentina es un país en serio”. Un país en serio no hace alharaca de la violencia. Un país en serio no agarra a patadas a la gente. En un país en serio, prevalece el derecho, no la prepotencia. En un país en serio, a los inútiles se los echa, pero no a patadas. En un país en serio, los inútiles escasean en el gobierno. En un país en serio, se vive en paz. En un país en serio, los presidentes lo son de todos los ciudadanos y no sólo de algunos. En un país en serio, el gobierno es el primer contribuyente a la tarea inagotable de la convivencia y la concordia. En un país en serio, gobierna el derecho y no los hechos. En un país en serio, la ciudadanía puede aspirar a enmendar el error de una votación anterior, votando a mejores candidatos. En un país en serio, se es educado. En un país en serio, se es serio. Siempre la violencia empieza por la lengua. Su embrión es el verbo, no la acción. Y la violencia nunca ha servido para solucionar nada. El presidente y Lavagna deberían tomar nota de que el rol que cumplen en la sociedad es mucho más elevado que el de dos camorreros de baja estofa. Su ejemplo cunde. Y la sociedad los mira.

 
La casa está en orden?
Más allá de que el presidente y sus ministros afirmen que todo marcha sobre rieles y que la Argentina dejó atrás el infierno, todo parece indicar que el caos ha regresado y los focos de conflicto comienzan a estallar en distintos lugares.
¿Quién no recuerda la famosa frase de Raúl Alfonsín cuando se produjo el levantamiento carapintada durante las Pascuas de 1987? Considerando la situación que hoy vive la Argentina, podríamos preguntarnos si la casa está en orden, porque lo que se observa en los últimos días es un caos generalizado. En primer lugar, el desborde de Santa Cruz es un hecho impensado que, seguramente, tomó por sorpresa al mismo Néstor Kirchner. Nadie hubiese apostado, tres meses atrás, que la provincia que durante tanto tiempo controló el actual presidente podía desbocarse de la forma en que lo hizo. ¿Quién hubiese dicho que, en Santa Cruz, su hermana Alicia no iba a poder caminar por la calle o que la casa de los Kirchner iba a tener que ser custodiada por la Gendarmería? Segundo, luego de mostrar sus manos simbolizando que está limpio de corrupción, Kirchner ve cómo se le está desbordando el escandaloso caso de corrupción que involucra a la empresa Skanka y a su gobierno. Su argumento de que se trataba de un problema de coimas entre privados demostró, una vez más, la facilidad con que el presidente hace afirmaciones sin mucho fundamento. Y digo una vez más porque también había afirmado que venían U$S 30.000 millones de inversiones chinas que todavía estamos esperando o que los fondos de la provincia de Santa Cruz iban a ser repatriados ni bien él asumiera como presidente. Nada de eso ocurrió. Pero sí ocurrió que un presidente que se para en el púlpito para, desde lo alto, dictar clases de moralidad y levantar su dedo acusador a diestra y siniestra, se encuentra con una cadena de corrupción gigantesca dentro de su propia administración. En tercer lugar, el caso Greco sigue estando pendiente de resolución y sólo fue tapado por un escándalo mayor como el de Skanka. Cuarto, su secretario Guillermo Moreno está a punto de enfrentar una embestida por supuestas manipulaciones de los índices que elabora el INDEC. Quinto, hay un caos fenomenal con el transporte público –subterráneos y trenes–, al punto tal que, durante la semana pasada, se produjeron serios disturbios en la estación de Constitución. Sexto, el jueves se quedó sin luz una parte importante de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Séptimo, el caos de tránsito en la ciudad es fenomenal gracias a la nafta artificialmente barata que tenemos los argentinos. Y, en octavo lugar, los aviones siguen volando como pueden con controladores aéreos que, en plena era de los avances tecnológicos y de las comunicaciones, deben manejarse con planillas llevadas a mano (lápiz y papel) porque, aunque el Estado argentino aumenta constantemente el gasto público y los contribuyentes pagamos fortunas en impuestos, no alcanza para comprar un simple radar. En un cuaderno Rivadavia y con una birome, los controladores aéreos anotan las rutas de los aviones y tratan de que no choquen en el aire. Un escándalo de proporciones bíblicas que, Dios quiera, esperemos no se traduzca en una desgracia por la ineficiencia de la ministra de Defensa y la incapacidad del Gobierno para comprar y poner a operar un simple radar. A pesar de que Kirchner no quiera reconocerlo, el país es un caos y tiende a complicarse cada vez más. Y todo esto está ocurriendo junto con una inflación creciente, porque el Gobierno no se ha dedicado a establecer políticas públicas de largo plazo. Se ha limitado a revolver el pasado, a inventar enemigos o a tratar de acumular poder en vez de solucionar los problemas. El tema de los radares es un típico caso de ineficiencia administrativa. En vez de ocuparse de perseguir a cuanto cristiano anda por el mundo con un uniforme (aunque sea el botones de un hotel), deberían haberse ocupado de que la cartera del área evitara llegar a este descontrol aéreo que estamos viviendo. Mientras la ministra de Defensa goza con la compañía de Hugo Chávez y Kirchner se reúne con el autócrata venezolano para crear un banco que no se sabe con qué fondos funcionará ni qué financiará, los argentinos carecemos de un simple y común radar para evitar accidentes aéreos. Mientras tanto, lo vemos a Martín Redrado, el presidente del Banco Central, haciendo piruetas para sostener el tipo de cambio en el nivel que desea el presidente, de modo que le permite continuar cobrando los derechos de exportación que generan una caja que, por lo que vemos, no está siendo destinada a financiar cuestiones elementales para el funcionamiento de la sociedad, sino que se derivan a obras públicas de dudosa necesidad que terminan en escándalos de corrupción. No deben sorprendernos los casos de coimas que han surgido en los últimos días. Finalmente, cuando un gobierno no tiene controles por parte de los otros poderes, concentra todo el poder en una sola persona y la fortuna de las personas queda a su merced, es inevitable que aparezcan estos casos de corrupción. A mayor cantidad de intervención del Estado en la economía, más arbitrariedad en la asignación de los recursos. Y esa arbitrariedad, que permite definir ganadores y perdedores, se traduce en un negocio fenomenal para los funcionarios públicos. El sistema imperante es el que conduce a una corrupción generalizada. No se trata de ideologías, se trata de normas básicas de organización administrativa para que quienes detentan el poder no puedan generar una fenomenal corrupción. Mi impresión es que estamos asistiendo a la descomposición de una forma de gobierno autocrática. El autócrata no se ocupa de los problemas de la gente, se ocupa de concentrar poder, por lo tanto no administra. Usa el poder en beneficio propio y, como resultado, más tarde o más temprano, esa falta de buena administración empieza a dejar al descubierto el cúmulo de problemas no resueltos. Un día, tal vez el menos pensado, el modelo autoritario se desploma sin previo aviso.

 
Sobornos
Sería todo un hallazgo para futuros historiadores eso de que en el más verticalista de los gobiernos argentinos hubo, según presunción del juez Montenegro, dos funcionarios con tanto espíritu emprendedor que organizaron primero y explotaron luego, a espaldas de sus poderosos jefes, una comandita dedicada al tráfico de influencias. La intriga cederá lugar al pasmo cuando a todo eso haya que añadir que el esforzado dúo se daba maña para esquivar a sus jefes también en el momento de repartir los beneficios. Si semejante milagro de iniciativa personal y sigilo se confirma, el gobierno dará las hurras y con razón. Pues, ¿qué culpa tiene una honrada cadena de mandos si, enquistados en ella por azar, operan furtivos dos genios del mal? Pero si los genios del mal estuviesen situados más arriba en la cadena de mandos y se los hallase culpables, ¿también los despedirían, como aconteció con Madero y Ulloa? Y si los responsables de la gigantesca cadena de corrupción montada en el Estado fuesen Julio De Vido y Néstor Kirchner, ¿se los podría echar? Porque Alberto Fernandez ha dicho que "se irá también...el que sea...".

 
Intocables
Tanto machacar el gobierno, con que ha enderezado a la Argentina por el camino de la modernidad legal y del progreso, que muchos habían terminado por ceder al cotorreo y creer. De ahí la sorpresa de que, a través de su Corte Suprema, nuestro "nuevo" país se apresura a hacer lo que con todo cuidado evitan aquellos otros países que son modernos y progresistas ya. Esto es, promover con orgullo jurídico sus propios sectores deficitarios y hacerles la vida más llevadera. La Argentina otea el siglo XXI garantizando a sus empleados estatales la inalterabilidad de su situación laboral. Ello y decirle al sector público que puede, sin riesgo ni culpa, seguir siendo lo que hasta hoy ha sido, es lo mismo, y clausura también la posibilidad de corregir nada. Aventado de esta forma el peligro que a todo trabajador privado acecha, que es el de dejar de serlo apenas rinda a su empleador menos de lo que éste le paga, no sería raro que la actual generación de argentinos contraiga el hábito de pensar en el Estado como su empleador ideal.

 
Manotazos
El gobierno reemplazó --por decreto-- al responsable del Enargas, fuertemente sospechado de corrupción en el caso Skanska, y anuló la concesión ferroviaria que explotaba el empresario italiano Sergio Taselli, cercano al menemismo, en el sur del Gran Buenos Aires. Pero son todos manotazos de ahogado, incapaces de resolver problemas de fondo, como verdaderamente son el peculado y el hacinamiento conurbano. Todo el transporte circula atado con alambres, desde los radares de los aeropuertos a las vías del tren y a las carreteras. Se puede echar la culpa a las privatizaciones de los '90 o al derrumbe del estatismo anterior a los '90 y en ambos casos se tendrá parte de razón, pero lo cierto es que estamos frente a una crisis general. Las firmas de comunicaciones denuncian los robos sistemáticos de cables de cobre, como los que también guían los cambios del tren, y la Argentina se ha convertido en un exportador mundial de cobre, minería que no tiene. Se han robado, serruchándolas a la vista y paciencia de los peatones, hasta las colas de los caballos de las fuentes del monumento a los Dos Congresos de Buenos Aires, así como chapas de bronce de profesionales y botoneras de los porteros eléctricos. El problema no se arreglará, pues, con intervenciones y anulaciones.

 
Inseguridad
Si este gobierno pudiese contagiar al mundo su vocación de irrealidad, esto es, de desentenderse de las cosas tal y como son y de concentrar la mente sólo en describirlas con lisonja y en beneficio propio (como una estadística del INDEC), quizás muchos de los males argentinos encontrarían remedio. El problema es cómo hacerlo sin que las demás naciones se den cuenta. Por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano opina que el nuestro es un país inseguro y así lo ha hecho saber a turistas de ese origen. Se refiere a los asesinatos de civiles y policías perpetrados cada día, a los secuestros, a los robos, a las protestas callejeras y a las violaciones. Como todas esas son cosas que ocurren en la Argentina y que nuestro gobierno detesta, Kirchner está que trina y --por boca del canciller Taiana-- le ha cantado majestuosamente las cuarenta al embajador de aquel país. Como si de esa manera lograse modificar la realidad. Lo que le sucede a Kirchner es que no tolera una verdad que ponga en tela de juicio la suya.

domingo, mayo 20, 2007

 
Los tropiezos K por skanska, y la depresion de un aniversario accidentado
Happy birthday, Mr. President
“Claudio: El negocio éste es así en Argentina. De ahora en más es así, por lo menos en esta etapa. Y va a ser siempre así. Entonces, o vamos así y somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos. Pero no podemos hacer chanchadas como las que hicimos: que sí, que no, que coqueteamos con los mafiosos y después nos queremos bajar, nos queremos salir... "
Por Jorge Lanata
20.05.2007 01:46
“Claudio: El negocio éste es así en Argentina. De ahora en más es así, por lo menos en esta etapa. Y va a ser siempre así. Entonces, o vamos así y somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos. Pero no podemos hacer chanchadas como las que hicimos: que sí, que no, que coqueteamos con los mafiosos y después nos queremos bajar, nos queremos salir. Javier (…): Vos sabés que está todo infiltrado, que hay compromisos de otros lados. Estos te limpian. Claudio: Sí, terminás en una zanja. Javier: Es un negocio de cien millones de dólares. De cien millones de dólares. Eso, de parte nuestra, más lo de ellos, no sé... doscientos palos verdes... ¿Y vos les vas a tirar el negocio abajo? ¿Al tipo que hizo el tromping y al muchacho, al pingüino de acá a dos cuadras?” Claudio Corizzo, auditor interno de la multinacional sueca Skanska y Javier Azcárate, el ex gerente comercial. El diálogo entre ambos se produjo en marzo de 2006 en la sede de la empresa, Diagonal Sur al 500, a dos cuadras de la Casa de Gobierno. Generaciones de estudiantes de Derecho repetirán hasta el cansancio el caso del Decreto 539/2007. Sin advertirlo, el gobierno K ingresó en la historia de la jurisprudencia mundial con un decreto que será estudiado como el primer caso de “Iuris coloquialis” o “Derecho charlado”, en el que también puede advertirse, en los considerandos, un certero homenaje a la prosa automática surrealista de André Breton y Louis Aragon. El decreto resuelve dejar sin trabajo al titular del Enargas y al gerente de Fideicomisos del Banco Nación, sospechosos de haber circulado parte de las coimas del caso Skanska. Lo curioso es que comienza con una arenga: “Considerando –dice– que en el inicio mismo de nuestra acción de gobierno nos planteamos que, por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, éste era el turno del cambio cultural y moral que demanda el país.” Y un par de párrafos adelante, comienza la anécdota: “Que en el día de la fecha, en comunicación telefónica con el señor ministro del Interior, el fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle ‘que colaboraría con la campaña de Scioli’, le expuso además “me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa”, en virtud de una grabación que había escuchado. Considerando que se trata de un decreto y no del Diario de Ana Frank, uno podría preguntarse por la necesidad de la frase sobre Scioli; ¿también se habría puesto: “El fiscal afirmó que está nublado”, si se hubiera referido al clima? Pero el decreto fundador del “Iuris coloquialis” va todavía más allá; en el anteúltimo párrafo dice: “Que esa sola circunstancia, la sola y directa mención del fiscal de la causa al Sr. ministro, aun con el riesgo de involucrar a inocentes, amerita ordenar la inmediata separación de aquellos aludidos no sólo para permitir la plena libertad de acción de la Justicia sino también para impedir cualquier interpretación antojadiza de la actitud del Gobierno en este punto, lo que torna innecesario esperar las citaciones judiciales que pudieran o no producirse”. Todo sería encantador, altamente simbólico y exegético del Derecho si Madaro y Ulloa hubieran sido los dos únicos mencionados por Stornelli. El pequeño problema radica en que el pedido de declaración indagatoria, acompañado de la solicitud de implantar el secreto del sumario, también alcanza a: - Daniel Cameron, secretario de Energía. - Hugo Muñoz, vicepresidente del Enargas. - Mario R. Vidal, director del Enargas. - Cristian Folgar, subsecretario de Combustibles. - Gustavo Vago, Ingeniero Piantoni, José Alonso, Javier Azcárate, Héctor Obregón, Alejandro Gerlero, Juan Carlos Bos, Roberto Zareba, Sergio Sarega, Eduardo Varni, Morano, Juan Pablo Cárcamo, así como integrantes de Skanska SA. - Directivos de Odebrecht. - Roberto Phillipps, Marcelo Brichetto, Víctor Pozzo, Jean Paul Maldonado, como integrantes de TGN (Transportadora de Gas del Norte SA). - Jorge García y Pablo Ferrero, como integrantes del TGS (Transportadora de Gas del Sur). - A la totalidad de los funcionarios públicos que integran la Unidad Ejecutora Obras Fideicomiso Gas, Area de Seguimiento y Control de Gestión: Ingeniero Oscar Domínguez, Ing. Roberto Prieto, Ing. Antonio Bogdán, Atilio Monti, Juan Gundín, Marcelo Merino, Carlos Moreno, Eduardo Ienarella, Fernando Converset, Mario Giménez, Miguel Núñez Cortés, Eduardo Mondelo, Alicia Colque, Guillermo Fernández, Gastón Salas, Oscar Otero y Sergio Martínez. Todos, claro, en la misma condición que Ulloa y Madaro. ¿Por qué, entonces, sólo separar a dos? La premura del Gobierno por “echar lastre” y cerrar lo antes posible cualquier investigación sobre Skanska parece jugarles una mala pasada. Las declaraciones del Presidente sobre el punto son cada vez más contradictorias, y el silencio del resto, sumado a los increíbles argumentos de Aníbal y Alberto Fernández, sólo terminan echándole más leña al fuego. Para colmo, hay un requerimiento anterior de Stornelli al juez, con fecha del 26 de diciembre del año pasado, que el Gobierrno se preocupó por ocultar: en la causa por cohecho, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita, impulsa la acción penal contra “funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José Francisco López, y del Ente Regulador del Gas, ambos dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Julio De Vido” (ver facsímil). El secretario de Energía, el subsecretario de Combustibles y el secretario de Obras Públicas están lo suficientemente cerca de De Vido para que el otro hecho insólito respecto del decreto de marras haya sucedido: lleva la firma del Presidente, de Alberto F y del propio De Vido, convencido de que no hay mejor defensa que un buen decreto. La actitud del Gobierno al apurarse para separar a dos y dejar al resto afuera (más que nada, del resto hacia arriba) contrasta con la mantenida por la misma administración frente al procesamiento del ex secretario de Agricultura Miguel Campos, quien no sólo fue citado a indagatoria sino que, estando procesado, se mantuvo en su cargo (hoy está sobreseído y trabaja bajo el ala de Alberto F) o frente a la citación recibida por el actual ministro de Trabajo esta misma semana. Ambos, según la nueva jurisprudencia “coloquialis extremis”, deberían haber sido despedidos de inmediato. En los pasillos de Tribunales, la decisión oficial encuentra otra explicación; Ulloa y Madaro habrían sido el límite acordado por el juez Montenegro con la administración K: hasta ahí iba a llegar. STORNELLI: ¿LO LLEVARON A LA CAMA O SE METIO SOLITO? —Montenegro ya había decidido hacer la plancha hasta después de las elecciones”, confió a PERFIL una fuente de Comodoro Py. Todos hablaban del audio ése, pero nadie creía realmente que podía aparecer. Cuando saltó el audio y sumó el pedido urgente de Stornelli, Montenegro sintió que tenía que trazar alguna línea. ¿Y con respecto a Stornelli? ¿Cuál de los dos es el verdadero? ¿El que cita e investiga o el que llama al Gobierno para avisar? —¿Que te creés, que es el único que llama y avisa?”, le dice a PERFIL un conocido abogado del foro local. El llamado de Stornelli a Aníbal Fernández fue combinado por Graciela Ocaña a pedido de Alberto. Stornelli y Ocaña se han vuelto muy amigos desde que el fiscal se desempeña, también, como fiscal de la Tercera Edad: han participado juntos en diversos allanamientos e investigado varios casos. Consciente de esa relación, Alberto le pidió a Ocaña ese favor: que Stornelli les avisara en el caso de que fuera citado algún funcionario en la causa Skanska. Hoy, después del decreto y viendo el desarrollo de los hechos, Ocaña se siente culpable de una cama que ayudó a tender. La relación entre los K y Stornelli era, a principios del Gobierno, bastante conflictiva: en junio de 2004, cuando el presidente K denunció la existencia de un complot “y de nostálgicos que quieren inviabilizar el Gobierno” (citando como responsables a López Murphy, Macri, el Grupo FIEL, etc.), Stornelli le pidió a la Cámara Federal que investigara, y la causa cayó en el entonces juez Galeano. K consideró “lamentable” la actitud del fiscal: “Que no le meta miedo a la gente haciendo denuncias que no existen”, dijo el Presidente. “Hay quienes quieren judicializar la lucha política”, abundó. Pero nada de eso le importó a Stornelli cuando, obediente, llamó para avisar. Hoy, Montenegro, uno de los jueces de la causa (el otro es López Biscayart, en el plano impositivo) espera que alguien recuse al fiscal para sacárselo de encima. Y no hay mejor prueba para demostrar la conversación entre fiscal y el ministro del Interior que un decreto firmado por el Presidente.

¿LOPEZ? ¿QUE LOPEZ? El secretario de Obras Públicas, número 2 del ministro De Vido, está sentado sobre una caja de 3.500 millones de pesos del Presupuesto Nacional. Los empresarios de la construcción consultados por PERFIL aseguran que López atiende una oficina en la calle Tucumán al 150, una especie de pied a térre licitatorio donde el secretario, junto al contador “Andy” Galera, saca de la ídem los resultados de los concursos públicos. López es un tipo intuitivo: hace ya unos meses que se vio venir el caso Skanska y, tal como se publicó en PERFIL del 29 de abril, desde entonces intenta entrar a la lista de diputados por Tucumán y beneficiarse con el combo de los fueros. —Alperovich me debe gran parte de la obra que realizan en Tucumán.No me puede fallar”, dicen que López les dijo a sus amigos antes de invitar al gobernador a pasar unos días en Mar del Plata en Semana Santa. Allí, frente a la estatua del lobo marino, lo ilusionó con un contrato: la instalación en Tucumán de la cadena Sheraton. La peor semana para el Gobierno desde la derrota en Misiones termina en suspenso: - El pedido del fiscal Garrido para que separen al secretario Guillermo “Poronga” Moreno de su cargo. - El caos en la estación Constitución. - El paro de subtes. - Mendoza desbordada por los problemas de inseguridad, a punto de recibir al Presidente para los actos del 25 de Mayo. - El conflicto que sigue abierto en Santa Cruz. - Oyarbide citando a indagatoria al ministro Tomada, en una causa por malversación en subsidios a obras sociales. - El viraje de Clarín, que ahora pone en tapa los diálogos de Skanska (en plena pelea del Grupo con el Gobierno por el negocio de la televisión digital). - La virtual pérdida del manejo de la agenda política. —Este viernes el Gobierno cumple cuatro años en el poder. El acto planeado como lanzamiento estelar de la fórmula Cristina-Cobos ya no parece tan seguro. Dividir la causa Skanska –una estrategia demasiado burda para que pase al olvido– terminó siendo un tiro por la culata. Todo indica que la ruta de Skanska llega al Presidente, pasando por el ministro de Planificación. ¿Algún juez se animará a tomar ese camino?

 
Vino viejo
Rescindir el contrato de concesión del Ferrocarril Roca, hoy en manos de una empresa privada, no estaría nada mal en caso de que sus responsables persistan incapaces de gestionar satisfactoriamente el servicio, y a su vez permanezcan desaprensivos como hasta ahora para enmendar sus fallas. Lo que sí está mal, y muy mal, por falaz y por hipócrita, es infundir en el público, como ciertos sectores del gobierno han empezado a hacer, la idea de que el servicio es deficiente porque lo explota un particular y no el Estado, cuando lo cierto es que seguirá siéndolo en tanto algún particular o ese mismo Estado no inviertan el dinero necesario en refacciones y modernización. ¿Tiene el Estado argentino ese dinero? Daría la impresión de que no, dada su ineptitud en solventar necesidades de su gente mucho más básicas que un óptimo servicio de trenes.

 
En capilla
Quién sabe si al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no le habría convenido, a la larga, ser un poco menos creativo con las cifras que maneja. Su aptitud, en cierta forma admirable, para conseguir que algo mudo y tieso como un número del INDEC termine diciendo siempre lo que el gobierno quiere escuchar, pudo granjearle en el pasado el favor de hombres importantes, y hasta haberle allanado su camino hacia la cumbre administrativa. Pero también le ha granjeado el torvo recelo de un fiscal de la República que lo acusa de falsear información estadística. Quiere este fiscal, Manuel Garrido, removerlo de su cargo. Y tan ganoso está de que esto ocurra cuanto antes que, incluso, ha solicitado que se le impida a Moreno ingresar en el edificio sede de la secretaría de la que permanecerá jefe mientras no lo echen. Como si fuera un delito querer que la realidad no se parezca a la realidad.

 
Skanskología
Tratando de despegarse del peculado en el caso Skanska, Néstor Kirchner echó a dos gerentes fuertemente sospechados de complicidad aun antes de que la Justicia los condenase, acaso pensando que los funcionarios no sólo deben ser honestos como la mujer de César, sino también parecerlo. Infortunadamente, ambos son tan cercanos al riñón oficialista, en especial al ministro de Planificación, Julio de Vido, que es difícil pensar que sus maniobras eran ignoradas por la jerarquía: Fulvio Madaro, expulsado del Enargas, había salido de la propia "pingüinera" santacruceña; y Néstor Ulloa era tributario de Eduardo Fellner, el gobernador de Jujuy que acompañara desde 2002 el ascenso de los Kirchner. Madaro debía controlar el gasto en el Gasoducto del Norte y Ulloa administrar el fideicomiso dentro del Banco Nación. La medida, que podría acarrearle costosos pleitos al Estado (o sea: a nosotros) si los jueces decidieran luego que los expulsados son inocentes, significa no obstante un giro copernicano: antes, el presidente había dicho que Skanska era una tramoya entre intereses privados, pero ahora admite que sus emisarios no podían estarle ajenos y, acaso peor, participaban activamente. Lo que Kirchner pasa por alto es que este tipo de coimas es típico en una economía dirigida, donde la patria contratista devora fondos públicos, en este caso de fideicomisos ajenos a todo control presupuestario. Ahora se insinúa otra investigación paralela, pues también en el caso del Gasoducto del Sur habría habido coimas. Las obras justipreciadas originariamente en 180 millones se habrían pagado 243 millones, dejando apetecibles diferencias entre los responsables. Hay que investigar lo actuado por Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, pero también lo ordenado por Julio De Vido y Néstor Kirchner.

 
Constitución
Tras los disturbios en Río Gallegos, el incendio del hall de la estación Constitución. Más acá de las interpretaciones "sociológicas", que abundan en todos los medios, la pregunta es: ¿hasta dónde resistirá el tejido social argentino este tipo de violencias que va matando el ánimo de convivir? Quemaron las boleterías, la comisaría de tráfico, saquearon los negocios, rompieron todas las máquinas expendedoras automáticas y teléfonos públicos, arruinando el espacio comercial, que había sido primorosamente restaurado un año atrás. Los opinólogos ignoran lo elemental. La vía que sale de la estación corre sobre una estructura elevada a la altura del primer piso de las casas linderas. Debajo de tales arcos se guarece todo tipo de malvivientes y gente de la calle, hasta que ese trayecto se transforma en una continua villa miseria, a la altura de la calle Alvarado. Sin duda, hubo al principio una protesta de los usuarios, pero los vándalos vinieron corriendo por las vías, y por allí escaparon con lo robado.

 
"¡¿Vándalos?!"
Es increíble que un gobierno tan lleno de paniaguados como éste no se creara, con algunos de ellos, varios grupos de "extrema derecha" a los cuales echarles la culpa de todos los disturbios que, sin cesar, ocurren en torno suyo. Las agresiones a Alicia Kirchner, en el restaurante Rocco de Río Gallegos, o el embadurnamiento de la casa de Jorge Telerman, en Capital, son todos escraches de grupos izquierdistas a funcionarios de un gobierno izquierdista. "¡Son vándalos...!", clamó el subsecretario de Acción Social, Jorge Ceballos. ¿Y por qué no piqueteros como él, que se encaramó al gabinete cortando rutas y quemando neumáticos? "Patoteros y cobardes", los calificó el presidente Kirchner. ¿Y por qué no jóvenes idealistas como lo era él mismo en los años '70, miembro de aquella juventud maravillosa, según la calificó Héctor Cámpora? Los escraches fueron creación de las organizaciones de derechos humanos fieles al gobierno. ¿Y por qué es un delito, según Gabriela Cerrutti, el acoso a Telerman y no lo era el sitio al domicilio del juez Bisordi . Antaño se le atribuía a Carlos Corach el haber estipendiado al grupo Quebracho, pero ahora las buenas conciencias afiliadas al pensamiento único políticamente correcto ya no saben qué creer cuando ven que los trotskistas escrachan a los montoneros y vacilan sobre qué votar. ¿Es posible que los malos hayan invadido también la conciencia universal?

lunes, mayo 14, 2007

 
Como fue la caida del gobernador santacruceño
Ladran, Sancho: mejor andate
Después de diez semanas de paro docente, veinte heridos en diversas manifestaciones, cinco bombas molotov, un auto incendiado, un local gremial y otro partidario apedreados y una decena de marchas que congregaron entre dos y diez mil personas en una ciudad de ochenta mil habitantes, el Gobierno nacional decidió remover al gobernador formal de Santa Cruz y reemplazarlo por quien venía desempeñándose, hace algunas semanas, como gobernador paralelo, el diputado en uso de licencia Daniel Peralta, titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio.
Por Jorge Lanata
13.05.2007 06:41
“—Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.
—¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado.
— una de esas batallas que se libran para que todo siga como está.”
De El Gatopardo, escrito por Giuseppe Tomaci Di Lampedusa (1896-1957), llevado al cine por Luchino Visconti en 1963, con Burt Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon.
Después de diez semanas de paro docente, veinte heridos en diversas manifestaciones, cinco bombas molotov, un auto incendiado, un local gremial y otro partidario apedreados y una decena de marchas que congregaron entre dos y diez mil personas en una ciudad de ochenta mil habitantes, el Gobierno nacional decidió remover al gobernador formal de Santa Cruz y reemplazarlo por quien venía desempeñándose, hace algunas semanas, como gobernador paralelo, el diputado en uso de licencia Daniel Peralta, titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. Peralta saltó desde su sillón en el yacimiento, canceló su licencia como legislador, volvió a la uniCámara de Santa Cruz, forzó la renuncia de la sucesión natural del gobernador, la vicepresidenta del cuerpo, logró mayoría automática y, finalmente, fue electo.Todo en un trámite que duró menos de veinticuatro horas y que pudo lograrse gracias a un llamado telefónico del presidente K el miércoles a la noche, de su celular al del jefe de la SIDE, Héctor Icazurriaga:
—Chango, decile a Peralta que venga para Olivos. Se va Sancho. Y el Chango fue y le dijo. Peralta, que llevaba entonces dos días parando en la casa de Icazurriaga en Buenos Aires (una manera de permanecer “en boxes”), llegó a Olivos antes de la medianoche. Alberto F fue, esta vez, el último en enterarse: por eso los diarios del jueves todavía insistían en que no iba a haber recambio alguno.A la una de la mañana, el gobernador “electo” (por el Presidente) se comunicó en Río Gallegos con el obispo Romanín: luego de disculparse por la hora, le comunicó la buena nueva, invitándolo a su acto de asunción. Romanín se excusó, amablemente:
—Justo ese día tengo un viaje programado –le dijo. Lo que el Gobierno insiste en presentar como el final de la batalla de Santa Cruz no parece percibirse así por parte de la población: aunque hay quienes le reconocen a Peralta mayor “cintura política” que la de Sancho y se congratulan con la renuncia del ministro Varizat, no olvidan que el conflicto de la provincia trascendió hace mucho el salario docente. ¿Por qué una provincia con 1.480 millones de pesos de Presupuesto para doscientos mil habitantes, con seiscientos millones destinados a obra pública y una cifra incierta entre 500 y 1.000 millones de dólares navegando entre Suiza y paraísos fiscales, que recibió 2.500 millones de pesos en los primeros tres años de gestión K, está en crisis?
YO TE DIJE
“Crisis, ¿qué crisis?” Hasta hace pocos días, el Gobierno nacional se negó a ver, en Santa Cruz, lo evidente. Mientras el saliente gobernador Sancho pescaba en La Buitrera y las calles de Río Gallegos se llenaban de una masa muy heterogénea de ciudadanos descontentos, la administración K insistía en responsabilizar a la prensa por la difusión de “conflictos menores”. El despido de Sancho y la entrada en escena de Peralta fueron adelantados por este Panorama en dos oportunidades (el 19 de marzo y el 8 de abril), y en ambas desmentido por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “No existe nada –publicó La Nación el 26 de abril–. El gobernador Sancho permanecerá en su cargo. Es como aquella frase que se le atribuye a Don Juan Tenorio, de Zorrilla –abundó el ministro demostrando haber leído un libro–: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. “El Gobierno está llevando a cabo su política y no hay ninguna crisis de por medio”, insistió ante las radios Mitre y 10.
Luego de que el asesinato de Sayago y la polémica sobre el eterno retorno de los fondos alejaron a Acevedo del Gobierno provincial, el agente inmobiliario Carlos Sancho se hizo cargo de un poder virtual manejado desde Buenos Aires. De hecho, mantuvo a la mayoría del Gabinete ya designado desde la Capital, y agregó algunos adscriptos de último momento. Sancho es hijo de un intendente de la dictadura y está casado con una docente, María José Fernández Clark, quien figura como socia de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en la inmobiliaria que administra las propiedades K. María José es, a la vez, asesora del diputado Daniel Peralta, quien nunca llegó a asumir su banca, excepción sea hecha de los minutos en los cuales fue elegido gobernador. El renunciante Daniel Varizat –ex subsecretario general de la Presidencia devenido en ministro de Gobierno de Sancho– es maestro mayor de obras, fue director de Mantenimiento de la Gobernación durante la dictadura y secretario de Obras Públicas de la intendencia K, hasta que se le derrumbó un hotel de tres plantas que estaba construyendo por haber usado vermiculita para aligerar las lozas.Varizat, uno de los personajes más odiados por los docentes en conflicto, pasará a la historia de la semántica santacruceña por decir “comisería” en lugar de comisaría y “renumerativo” por remunerativo, sin excepción, en todas sus declaraciones. Fue Varizat quien, sin hesitar, aseguró después de la pasada represión que “el obrero municipal que dice haber sido herido en el pie se clavó a sí mismo una barreta de metal para simular un disparo”. Juan Bontempo, ministro de Economía, es uno de los sobrevivientes heredados desde la gestión Acevedo, a la que aterrizó bajo el ala de De Vido. “Juancito Caminador” (así lo llaman) tuvo la imprudencia de firmar el pasado diciembre dos decretos tan evidentemente ilegales que fueron observados por el presidente del Tribunal de Cuentas, Mario Layún, primo del presidente K. En uno de los decretos Juancito le transfería al Banco Nación la liquidación de haberes de toda la administración pública, un negocio de doce millones al año que viola varias normas provinciales y el hábeas data, y en el otro le entregaba al Banco, en sociedad con Siemens, toda la operatoria de la Dirección de Rentas.
De esto, también, hablan los cacerolazos.
LA SONRISA DE MAMA
Lo mejor del discurso paranoico es que todas las conspiraciones cierran: mientras el Gobierno insiste en difundir que el camionero psicótico que volcó frente a la ex casa del presidente en Río Gallegos pertenecía a una especie de célula dormida de Al Qaeda financiada por los maestros en huelga, otros se preguntan por la rapidez y eficiencia con que, tanto la Gendarmería como la Policía provincial, difundieron fotos del “terrorista” marchando en las protestas. ¿Por qué lo vigilaban? ¿Es normal que se tomen fotos de los manifestantes?
La causa, como era previsible, se manipuló y más tarde dos nuevos elementos se sumaron en paralelo a la crisis: el relevo del comandante mayor Ayala, de la Gendarmería, y las denuncias del Gobierno hacia los manifestantes, una vez verificado el cambio del fiscal de turno.El comandante de Gendarmería Jorge Ayala fue el mismo que cuestionó hace algunas semanas la orden de desalojo de las carpas de la protesta frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. En verdad, Ayala mantuvo su posición de esperar la orden del juez, lo que motivó el enojo del Presidente.
La vendetta llegó de Olivos después del incidente del camión: Ayala fue sustituido por Roberto Caserotto, uno de los felices propietarios de tierras fiscales en El Calafate, quien desembarcó junto a trescientos gendarmes. Lo de Caserotto, en realidad, era un retorno: ya había tenido destino en Río Gallegos, de donde tuvo que salir en 2005 después de chocar en estado de ebriedad contra una columna de alumbrado.
El viernes 4, cuando ya no estaba de turno el fiscal Andrés Vivanco, Varizat solicitó ante su par Gabriel Giordano (denunciado por empleados de la Justicia por atender negocios privados de la pesquera Conarpesa) estando de turno el juzgado de Santiago Lozada (ex yerno de Alicia K) el desalojo de la Carpa Blanca. El lunes 8 de mayo, con el tándem judicial K funcionando a pleno, unos 250 gendarmes, bajo las órdenes de Caserotto, se lanzan sobre una manifestación espontánea de docentes que protestaban por la conciliación obligatoria decidida en Buenos Aires; Ernesto Velázquez, el secretario general de Adosac, recibió un golpe en la cabeza con la culata de un fusil lanzagases. A las dos de la mañana, la preocupación judicial se orientaba hacia otro lado: el fiscal Giordano abrió el despacho del Ministerio Público a Máximo Kirchner para denunciar daños y violación de domicilio. A las seis de la tarde del mismo día martes, Giordano abre otra vez la Fiscalía para tomar la denuncia de un gendarme que señaló a los docentes Bonatto, Del Pla, Mercado y Velázquez como responsables de resistencia a la autoridad y lesiones. Ningún gendarme fue atendido en el hospital local por lesión alguna.Tanto dispendio horario contrastó con el pedido de algunos empleados judiciales que quisieron denunciar, fuera de su horario de trabajo, el carácter intimidatorio de una solicitada firmada por “Los muchachos peronistas”, en la que llamaban a la violencia contra los trabajadores en conflicto. En ese caso, el fiscal les aclaró que el horario para denuncias era de 7 a 13. A esa altura del martes la ciudad era un descontrol: la Guardia de Infantería de la Policía provincial con equipo de combate, pasamontañas negros y sin identificación alguna golpeó al profesor Murúa, congresal de Adosac, y castigó duramente al fotógrafo Juan Bolaños, colaborador de PERFIL, quien antes fue agredido a los puños por el secretario del entonces gobernador Sancho, a quien obviamente reconoció. El miércoles, durante una marcha de los municipales, todo empeoró: en la esquina de San Martín y Urquiza un grupo de la Policía provincial al mando del comisario General Wilfredo Roque y el comisario inspector Jorge Mario Hasan comenzó a disparar proyectiles antidisturbios, gases, balas de goma y de plomo. Más de quince heridos ingresaron al hospital local, el que se negó a difundir un parte con el estado de las víctimas.
La actitud del Gobierno nacional hasta entonces fue ignorar el conflicto o azuzarlo con declaraciones provocadoras.
“Como dice Manolo (por Quindimil), la política tiene la gratitud y la ingratitud. La ingratitud se siembra con cosas como las que me tocó vivir a mí en el día de ayer, donde unos cobardes patoteros fueron a atacar una casa que, obviamente, es mi casa. Pero lo peor, la cobardía más grande de esos patoteros que dicen defender la educación fue el ir a ver a mi madre, que tiene 86 años, y a tratar de insultarla o la insultaron”, dijo el Presidente en un acto en Lanús. Y, en su descripción, fue más allá: “No me van a asustar por más que hagan actos como los que cometieron ayer con la pobre vieja que estaba sola y que me llamaba por teléfono para preguntarme: ‘Qué hago, Nestor?’”.
La casa de María Oistoc, la madre del Presidente, está ubicada a una cuadra de la ex casa del Presidente y pegada a lo que fue el domicilio de Alicia K. El episodio del “escrache” a la casa de la señora nunca existió: según aseguraron diversos testigos a PERFIL, la marcha pasó por ahí como por tantas otras casas, pero la señora Oistoc no estaba en casa y ni siquiera se plantearon molestarla. Mientras el Presidente dice que recibió un llamado materno preguntándole qué hacer, diversas fuentes aseguran a este diario que la señora Oistoc se encontraba entonces en Punta Arenas, donde tiene varios familiares en el barrio croata, o en la quinta de Olivos, donde habitualmente reside y se ocupa de cuidar a Florencia Kirchner.
A esa altura del conflicto, el Gobierno ya había decidido echar lastre con Sancho y apostaba a un enroque pidiendo la renuncia del intendente radical. En el aire de Radio 10, Oscar González Oro era entrevistado por Alberto Fernández (¿o fue al revés?):
GONZALEZ ORO: Lo cierto es lo que usted dice, ministro, que un intendente no puede ponerse al frente de una patota. Estamos hablando de actos que tienen que ver con actitudes patoteriles.
ALBERTO F: También hay que recordar que hubo muchos policías heridos, a los que les pegaban con barretas. Están las imágenes que pasa la televisión, cómo corrían con barras de hierro y golpeaban a los policías.
GONZALEZ ORO: Roquel hoy tendría que irse a casa, por lo menos.
ALBERTO F: A mí me parece que Roquel es un particular responsable de lo que ocurrió ayer.
—¿Qué situación social? –se indignó Aníbal F en Crónica TV cuando le preguntaron por “la situación social que ha motivado estos inconvenientes”–. Permítame que lo corrija: situación social, ninguna –dijo–. También se enojó en Radio La Red. En el programa Estamos de tu lado, Aníbal (el programa se llama Estamos de tu lado sólo, y no: Estamos de tu lado, Aníbal) se exaltó y terminó oscureciendo lo que ya estaba oscuro: “¿Puedo terminar de hablar? –dijo–. Hay una mecánica propia de cada una de las Legislaturas, que si ésa es la decisión de que sea Daniel Peralta, deberá llevarse a cabo. ¿Entonces por qué vamos a hacer tantas explicaciones si hay una mecánica que el propio reglamento…? ¿Pero usted no puede entender lo que estoy diciendo? Si le estoy explicando, ¿por qué pregunta cuarenta veces lo mismo? Ese es un problema de la Legislatura de Santa Cruz, no del Presidente, de la Legislatura que tiene una vida propia. ¿Puedo hablar?”.
UNA HISTORIA TURBIA DE PERALTA
Cuando a mediados de marzo el nombre de Peralta sonaba fuerte como eventual reemplazo de Acevedo, el Gobierno decidió dejarlo un año más en su puesto de Río Turbio “para garantizar la continuidad del esquema de inversiones”. Al poco tiempo una denuncia penal cayó sobre Peralta y muchos se congratularon de haberlo dejado en su puesto clave, pero de perfil bajo: el gremialista de ATE Santa Cruz Luis Héctor González y el diputado ARI Adrián Pérez lo denunciaron entonces por “asociación ilícita, fraude y cohecho” en lo referente al llamado a licitación 18/2005 para contratar trabajos de “reacondicionamiento de vías, obras de arte y obras complementarias en el ramal ferro-industrial Río Turbio-Puerto Loyola”.
El presupuesto oficial era de 62.922.110 pesos y la obra fue adjudicada por De Vido y Peralta a una UTE integrada por Benito Roggio y Esuco SA por 108.188.029 pesos, un 71% más de lo que pensaba gastarse. Roggio integra junto a Metrovías el Grupo Techint y, en la fecha de presentación, estaba embargada por Rentas de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual (según el Art. 6 de las licitaciones en la YCRT) no estaba habilitada para participar. Esuco S.A. –que ni siquiera compró el pliego pero resultó “ganadora” –es adjudicataria del 22% de las obras viales de todo el país y, según estudios técnicos, el precio promedio de sus viviendas excede entre el 144% y el 151% al de otras viviendas adjudicadas. En la licitación pública 13/04 por “servicio de mejora y puesta en valor del techo de usina de Río Turbio”, Esuco presentó una oferta con un sobreprecio del 83% más y, por supuesto, salió favorecida. La causa “Yacimientos Carboníferos de Río Turbio” está en la Secretaría 10 del juzgado federal 5 a cargo de Norberto Oyarbide, quien ordenó archivarla dado que, en su criterio, “no hay delito evidente”. El fiscal apeló esta decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones, ya que el juez no hizo lugar a numerosos pedidos de prueba y se espera ahora la resolución de la Sala 2 de la Cámara.
Sonriente, con el puño en alto, jean y campera de cuero, Daniel Peralta se convirtió en el tercer gobernador de Santa Cruz en un mismo período.
Cree –según les confesó a sus allegados– que este conflicto se arregla “con muñeca y plata”.
Si los números tienen razón, su fórmula no alcanza: un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría conocido esta semana asegura que el cacerolazo está reapareciendo como expresión de protesta en los sectores urbanos, bajo la consigna del “que se vayan todos”.
En Santa Cruz ya ha habido tres entre abril y lo que va del mes de mayo. En Neuquén, dos. En los cinco meses de 2007 se produjeron ocho: vecinos de Flores por los cortes de luz, trabajadores del Garrahan en reclamo de aumentos, otros vecinos reclamando mayor seguridad.
Entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, fueron 2.014: diecinueve por día. Seis años después, nadie parece haberlos escuchado.

 
Con las mentiras de Alicia Kirchner, el FpV sigue perdiendo poder en Santa Cruz
Los Kirchner ya no mandan en Santa Cruz. Si no lo entienden, tendrán más problemas. Hoy el poder está en discusión. Que Alicia Kirchner apareciera en una conferencia de prensa organizada por Rudy Ulloa con una venda cuando nadie llegó a tocarla, sólo provoca indignación. Que su hija Romina sea la denunciante ante el juzgado que conduce su novio, suma hedor a Río Gallegos. Y habrá consecuencias.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Las imágenes de Crónica TV fueron impecables (no tergiversadas como las de TN y América 24) y coincidieron con el relato de los periodistas y dirigentes sindicales consultados por Urgente24 en Río Gallegos: nadie atacó físicamente a Alicia Kirchner como para que ella apareciera con una venda en su conferencia de prensa.
Sí la insultaron, le arrojaron harina y huevos y seguramente volverá a ocurrir cuantas veces aparezca en público porque el 'clientelismo' que ella instaló durante años en Santa Cruz provoca hartazgo. Los funcionarios deben hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Alicia Kirchner encontrará impunidad en su despacho porteño pero es ridículo que la busque en las calles de la ciudad donde nació.
La politización de la pobreza, la especulación con la necesidad del prójimo provoca indignación. Eso ha ocurrido durante 16 años del Frente para la Victoria. Y ese asistencialismo, en parte, ha provocado la reacción de esta movilización popular presente. No comprenderlo es no entender Santa Cruz.
Es cierto que, en definitiva, Alicia hizo lo que le pidió su hermano, quien era gobernador, pero ella lo ejecutó. Y ella defiende esas políticas -las aplica hoy día en el Gran Buenos Aires, por ejemplo- que buscan reunir sufragios para el Frente para la Victoria especulando con el dinero público y las necesidades de muchos ciudadanos.
Luego, sorprende la preocupación gubernamental por un 'escrache' cuando organizaciones como Hijos han practicado decenas de 'escraches' y ningún funcionario de Néstor Kirchner reaccionó contra esa metodología.
Pero lo que más enojo provoca es cómo los Kirchner (Néstor y Alicia) pretenden -con la complicidad de medios como 'La Nación' y 'Clarín'- ocultar la violencia de días pasados. Mucho despliegue por un 'escrache' pero pasa desapercibido que un trabajador municipal corra peligro de que se le amputen varios dedos como consecuencia de la represión de la policía provincial.
A los Kirchner les fascina ocupar el rol de víctimas. Lo intentaron con el montaje del camión que supuestamente atentaría contra la residencia vacía del Presidente. Lo volvieron a buscar con la denuncia de que amenazaban a la madre de los Kirchner, cuando ella no se encontraba en la vivienda. Y ahora parecen haberlo logrado con Alicia.
Pero el problema es que los Kirchner ya no controlan las calles de Río Gallegos. Cualquier funcionario puede ser 'escrachado' en cualquier esquina. Y las bandas de 'ñoquis' y 'dealers' de Rudy Fernando Ulloa Igor ya no atemorizan como en el pasado. Es más: varios de ellos estaban muy cerca de donde ocurrió lo de Alicia Kirchner, y terminaron huyendo cuando la gente comenzó a reunirse, en forma espontánea.
Pero Kirchner está cometiendo errores mayores en su provincia. Por ejemplo, está destruyendo al nuevo gobernador Daniel Peralta, devenido ya en una caricatura de sí mismo. Entre el burdo discurso de toma de mando, hasta la conferencia de prensa que armó Rudy Ulloa por instrucciones del Presidente, de las que Peralta ni se enteró, pasaron apenas algunas horas que permitieron comprender que su autonomía es limitada. Que todo sigue como en el pasado: prohibido ir al baño sin avisarle antes al de la Casa Rosada.
Néstor Kirchner sigue creyendo que Santa Cruz es un feudo, y lo que la gente le quiere decir en las calles a él, Néstor Kirchner, es que se encuentran hartos de ser un feudo.
Kirchner designó a su esposa Cristina senadora nacional y hasta la quiere hacer Presidenta por el único mérito de dormir con él y haberle dado 2 de sus hijos.
A su hermana Alicia la hizo gobernadora y hasta pretenda convertirla en gobernadora porque tiene su apellido.
Kirchner también designó a primos suyos en la función pública. A su cuñado Armando Mercado le concedió Catamarca como coto de caza. También puso en el Estado a las hijas de Alicia y Mercado. Y ahora al novio de una de ellas, el juez Santiago Lozada, le entregó la causa por el 'escrache' a Alicia. Si esto no es nepotismo, ¿qué es el nepotismo?
Alicia Kirchner radicó una denuncia penal ante el fiscal de turno Gabriel Giordano, quien trabajó contra reloj mientras el juez de instrucción Lozada solicitaba el crudo de las filmaciones a TN, Crónica, Canal 7 y América TV. En la Justicia santacruceña que aún adeuda los pedidos de detención de quienes secuestraron al hijo de un dirigente del sindicato ATE y no resolvió sobre la represión de hace unos días, resulta que la causa sobre Alicia prospera a velocidad inusitada.
Alicia Kirchner fue 'escrachada' junto a sus 2 hijas, ambas abogadas, empleadas del Estado de los Kirchner. Natalia Mercado es fiscal de El Calafate y Romina Mercado trabaja en la fiscalía de Estado. Romina es la novia del juez de la causa, Lozada, quien aún no se excusó y afirma que no lo hará.
Los 3 abogados acusados por Giordano y Lozada insisten en que es un "montaje" del oficialismo para perseguirlos a ellos. Los 3 admitieron haber estado en la protesta del sábado pero negaron haber participado de los incidentes. Zafrani sí ingresó al restaurante Rocco (Parrilla Díaz) junto a 3 trabajadores municipales heridos en la represión del miércoles. Querían hablar con Alicia Kirchner pero no pudieron hacerlo.
Romina Mercado, que trabaja en la Fiscalía de Estado y en el Banco Nación (?), identificó a Janezak como quien arrojó la harina. El abogado, estaba con su hija de 3 años en sus hombros, y lo negó.
Los Kirchner quieren represalias: quitarle la matrícula profesional a los abogados Javier Perez Gallart -asesor letrado de la Adosac y presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos-, Dino Zafrani y José Luis Janezac son de la misma entidad. Santa Cruz —junto a Chaco— es la única provincia donde no hay colegio de abogados. La matrícula la otorga o quita el Superior Tribunal de Justicia. Otra demostración del feudo que no quiere morir.
Vanina Juarez, esposa del abogado Janezac, 1 de los 3 denunciados por Romina Mercado ante el Juzgado de su novio, Lozada, dijo que todo estuvo "armado" para lograr un acontecimiento que oculte lo otro que acaba de ocurrir en Santa Cruz.
“Es una cuestión política porque los tres abogados pertenecen a la Asociación de Abogados y son defensores de causas de personas agredidos por el accionar del gobierno”, dijo ella.

 
La economía no sustituye la política
Es un error político pensar que la capacidad de acción gubernamental se basa en el éxito económico porque, cuando la economía comience a desacelerarse o muestre dificultades, será necesario contar con verdaderos apoyos políticos que permitan encarar las reformas necesarias hasta ahora postergadas.
Con escaso caudal electoral y en el contexto de una crisis de inéditos antecedentes, pocos, si algunos, eran los argentinos que se aventuraron a anticipar que, en el curso de apenas cuatro años, el presidente Néstor Kirchner habría de acumular un innegable poder político, a punto tal de encabezar los sondeos de opinión (de ser ciertos) referidos a los postulantes para las elecciones presidenciales de octubre de 2007. Sin embargo, desde mayo hasta octubre, hay tiempo durante el cual se pueden producir cambios de expectativas económicas lo suficientemente importantes, no para invalidar las posibilidades de triunfo del primer mandatario, sino como para dificultar el paseo triunfal que hasta hace poco algunos descontaban. La base de sustentación de Kirchner ha sido lograda, primero, por las medidas dispuestas anteriormente por el ex presidente Eduardo Duhalde con Roberto Lavagna como ministro de Economía, las que pueden considerarse “el trabajo sucio” que le permitió comenzar su gestión cuando la crisis había pasado por el cenit. Segundo, porque acertó al mantener al mismo ministro, lo que le permitió seguir el camino iniciado. Tercero, finalmente, porque encontró un escenario internacional sumamente favorable con términos de intercambio pocas veces registradas en el pasado. La política económica que hizo suya, si bien es cierto con matices distintos, le permitió mostrar como resultados más destacados un extraordinario crecimiento de la economía y un marcado descenso de la tasa de desempleo. Claro está que se trató de hechos favorecidos por el cuadro inversor de los años noventa, que dio como resultado un considerable margen de capacidad instalada ociosa en el aparato productivo. Es materia opinable la consistencia técnica de la política económica en relación a los objetivos trazados y el uso de los instrumentos utilizados, pero lo cierto es que el denominado “modelo productivo” produjo superávit conjuntos de las cuentas externas y de las cuentas públicas. Ambos de una magnitud tal que permitieron, hasta ahora, reestablecer la confianza de los tenedores de la deuda que se habían presentado al canje de la misma luego de la oferta hecha por el gobierno argentino. Como era de esperar, ambos superávit se están reduciendo debido a la falta de un enfoque global que frene el crecimiento excesivo del gasto público, las transferencias a las provincias y municipios, los subsidios y el recrudecimiento de las presiones inflacionarias, consecuencia de un desequilibrio marcado entre la demanda y la oferta agregadas. No es el propósito de esta nota hacer un análisis crítico de esa política económica y el grado de su sustentabilidad futura, aunque puede afirmarse que, actualmente, la misma se encuentra comprometida por una inflación que estaba ínsita en la base del “modelo productivo”. En virtud de esto último, un análisis técnico demostraría que ya deberían haberse hecho correcciones para aventar las inconsistencias presentes, sobre todo el que se relaciona con la insuficiente inversión cualitativa para ampliar la capacidad productiva. Naturalmente, como no se hicieron, se está en mora, fundamentalmente y vaya como ejemplo, en el terreno de la energía, habida cuenta de la subestimación hecha por el Gobierno de la oferta energética en cualesquiera de sus formas y, yendo un poco más atrás, en el proceso descendente de las reservas de gas y petróleo. Y es obvio que sin energía no puede haber crecimiento. Es posible que las autoridades económicas consideren que no hay problemas a la vista, que todo está bien y, por lo tanto, ningún cambio es necesario. Si así fuera, como se desprende del discurso oficial, están efectuando un ejercicio de voluntarismo que no se corresponde con las evidencias a la vista. Tal el caso cuando se insiste respecto de la inflación proyectada para el año en curso, que ubican en el 7%, cuando en general esa cifra ya parece inalcanzable y los observadores la reemplazan por otra que tiene como piso el 13% en las proyecciones más optimistas hasta llegar al 18% por parte de no pocos analistas, luego de evaluar los efectos de los ajustes salariales en marcha. Más allá de opiniones encontradas, debe recordárseles a las autoridades que, en cualquier tiempo y circunstancia, la marcha de la economía no se efectúa a lo largo de una curva siempre creciente, porque tanto las condiciones internas como las externas son cambiantes. Que se haya crecido a “tasas chinas” en los últimos cuatro años no habilita a suponer que ello seguirá ocurriendo, entre otras cosas porque la capacidad ociosa ya ha sido utilizada, porque las conductas sindicales no son iguales cuando de una alta tasa de desocupación se pasa a otra de menos del 10%, porque la tasa de crecimiento del gasto público excede –y mucho– a la de la recaudación, porque el sistema de precios ha dejado, en gran medida, de funcionar con eficiencia debido a controles y subsidios que pretenden disimular las presiones de demanda a las que son sometidos productos básicos, porque la inflación ya instalada se espiraliza por la puja distributiva y porque la falta de reconocimiento oficial de la inflación hace que las tasas impositivas a que están sujetos los contribuyentes sean, en términos reales, superiores a las legales. Podrían agregarse otras manifestaciones que conspiran contra el crecimiento, como son los avances sobre las instituciones para hacerlas funcionales a los fines gubernamentales, pero con las expuestas basta para evidenciar la patología que estamos enfrentando. Tampoco habilita la visión optimista de largo plazo suponer que en el mundo nada ha de cambiar, entre otras cosas porque el escenario internacional del cual dependemos en gran medida, así como nos ha impactado y nos está impactando favorablemente, puede tornarse negativo en el futuro. Al respecto, sólo basta extrapolar cuales serían las consecuencias de producirse un proceso recesivo en los Estados Unidos, como ya se está insinuando, con eventuales repercusiones en los países de Europa y de Oriente. O aun si China se viera precisada a desacelerar su economía por la aparición de estrangulamientos en el campo de la energía, por los problemas ambientales que generan tasas superiores al 10% como parece ser se repetirán este año, o si llegara a mostrar dificultades su sistema económico montado en una fabulosa expansión crediticia con dudosa capacidad de retorno, cuestión esta última que en los años noventa produjo las recordadas crisis del sudeste asiático y que se trasladaron luego a México, Rusia, Turquía, Brasil y la Argentina. A pesar del crecimiento registrado, nuestra economía es altamente dependiente de la soja y, en términos generales, de su secular estructura productiva primarizada. No puede dejar de advertirse que, a pesar de una paridad cambiaria que va dejando de estar tan subvaluada por los efectos de la inflación, las exportaciones crecieron fundamentalmente por la incidencia positiva de los precios internacionales y no tanto por los volúmenes. ¿Qué pasa si este escenario cambia, como algún día ha de cambiar? Nada hay seguro y todo es posible. En todo caso, es bueno tener presente que nos ubicamos entre los países que contabilizan toneladas exportadas a precios en centavos por kilos, a diferencia de los que venden por kilo y cobran a cientos de dólares. Y también que Brasil, luego de revaluar su moneda en un 30% frente al dólar, tiene un mejor perfil en su comercio exterior al ir dejando atrás la estructura tradicional. Parece que nos olvidamos que hay pocos antecedentes en el mundo de un ciclo positivo de tan largo alcance como el presente y con tanta sensibilidad en los mercados financieros caracterizados por un muy alto grado de liquidez, fuertemente influenciados por las variaciones de la tasa de interés que imponga la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese escenario, la debilidad actual del dólar, justificada por la actitud belicista del presidente George W. Bush, no puede mantenerse y está anticipando un fuerte ajuste en la economía americana para eliminar sus déficits gemelos. La vía para que ello ocurra será el ajuste alcista de la tasa de interés, la reducción del gasto público junto al aumento de los impuestos, lo cual casi con seguridad habrá de producirse cuando los demócratas lleguen a la Casa Blanca. Se repetirá en tal caso la experiencia vivida en la transición Reagan-Clinton. Que tal cosa ocurra no debe dejar de considerarse, aunque más no sea como ejercicio de anticipo de escenarios posibles por parte de nuestro gobierno. El punto que quiero destacar, a la luz de las indicadores negativos que se advierten en la economía doméstica y a nuestra alta dependencia de factores externos, es que constituye un error político sostener la capacidad de acción gubernamental en el éxito económico, como insiste en hacer Kirchner, sin advertir que la desaceleración de la economía, que no debería confundirse con recesión, estará asociada con un alto costo político porque el Gobierno se verá dificultado de justificarla por no haberla anticipado y, por el contrario, procurará sostener el sistema que funciona, básicamente, como consecuencia de un alto nivel de consumo colectivo. Ahora, bien si la propensión del Gobierno es enfatizar sólo en los aspectos económicos, estamos en problemas en la medida en que no existan otros aspectos de la sociedad a destacar. En todo caso, si los hay, la ciudadanía no les otorga la misma importancia que los vinculados a la economía y están eclipsados por la falta de seguridad, el deficiente cuadro educativo, el estado anárquico que debe enfrentar quien deba viajar como sea y, por último aunque no en importancia, a la ausencia de efecto derrame del crecimiento a la justicia distributiva. Cuando las autoridades adviertan que, ante las insoslayables dificultades, deberán actuar, no con ajustes marginales sino impulsando los cambios demorados por el encandilamiento de lo que se ha considerado una gestión exitosa, habrá llegado el momento de reconocer la importancia de verdaderos apoyos políticos, tal como es propio de las democracias maduras asentadas en la vigencia de partidos políticos. No de los apoyos políticos circunstanciales e interesados, motivados por ventajas económicas –transferencias discrecionales del Tesoro- que actúan, entre nosotros, como sustituto de la falta de una Ley de Coparticipación Federal que ya desde 1994 debió haberse “aggiornado”. Me refiero a los verdaderos apoyos ideológicos que pongan de manifiesto que debajo del poder hay una amplia base de sustentación dispuesta a compartir la acción de gobernar y que incluyen la posibilidad de coaliciones partidarias. Al respecto puede recordarse que, frente a una grave crisis en 1952 cuando gobernaba el presidente Juan Domingo Perón, su ministro de Economía instrumentó un plan económico ortodoxo para sortearla. En esas circunstancias, la necesidad se hizo virtud y Perón contó con el apoyo del Partido Justicialista y de organizaciones intermedias para superar las dificultades. Sería aconsejable que Kirchner no se obnubile y considere que el país ha de enfrentar dificultades y, por lo tanto, no cierre en su discurso las posibilidades de cambios, toda vez que el pragmatismo debe ser un valor entendido cuando se debe gobernar. Nuevas realidades imponen nuevas directrices y no deben desecharse, cualesquiera ellas sean en el terreno de la ideología, porque el valor supremo a tutelar siempre debe ser el interés de la Nación y no el de cualquiera de sus parcialidades. Frente a las mismas, no se las debe disimular o ignorar creando expectativas difícilmente cumplibles o incluso apelando a anuncios que no formen parte de un marco general. Se debe comprender que la difícil tarea a acometer, si las circunstancias lo exigen, debe comprender la reconstitución del entramado político que amplíe la base de sustentación del Gobierno, lo cual no es ninguna novedad, porque en la democracia representativa la economía no puede ser nunca sustituto eficiente de los partidos políticos. Esto habrá de verse con claridad si en las elecciones que anteceden a la del mes de octubre los resultados llegaren a ser adversos al presidente como podría acontecer en algunos distritos relevantes, tales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, entre los más importantes. La economía es una parte del todo, pero no es el todo y siempre está después de las definiciones y decisiones políticas. Se debe, por todo lo expresado, enfatizar que gobernar es anticiparse y el grado de eficiencia en la acción es lo que define al verdadero estadista en ejercicio del poder a partir del convencimiento de que su lealtad primaria es para todos los argentinos. ¿Y qué podría pasar si la economía empieza a andar mal y se insiste en que la equivocada es la realidad y se niegan las evidencias, como ocurrió con el caso del INDEC? Muy simple: volver al infierno siempre recordado por nuestro presidente no sería una mera hipótesis y, por tanto, no puede rechazarse como posibilidad a la luz de la triste experiencia histórica argentina. Sería, en todo caso, una evidencia más de que la Argentina no está condenada al éxito. ADENDUM: Algunos campos sobre los que no se pueden demorar decisiones - Redefinir la Ley de Coparticipación Federal, para que aquello de “la Nación adopta un gobierno representativo, republicano y federal” no continúe siendo una muestra de cinismo político propio del unitarismo fiscal del gobierno central desde siempre. Hay, al respecto, un atraso de 13 años. - Comenzar el estudio de la modificación de la estructura tributaria para dar cabida a la eliminación de los derechos a las exportaciones y los impuestos a las operaciones bancarias. - Racionalizar el gasto público para maximizar su eficiencia y asegurar que el superávit presupuestario sea asignado a la compra de divisas, con el objetivo de reemplazar la intervención del Banco Central en el mercado cambiario mediante la creación de deuda onerosa. - Terminar con la intervención directa en el sistema de precios y recomponer la estructura de los precios relativos. - Fortalecer el andamiaje institucional y comenzar a dar por concluido el escenario simbiótico entre el gobierno y el Estado. Este último debe ser utilizado por el primero para instrumentar las políticas que trace, pero no para perseguir sus fines políticos como ha sido desde hace, por lo menos, ochenta años.

 
Una semana llena de picante
Las declaraciones de Cristina Kirchner en su nueva visita a Nueva York, las elecciones en Francia, el reacomodamiento de actores en el gobierno chino y nuevos disturbios en Bolivia son algunos de los hechos internacionales de los últimos días.
La semana pasada ofreció demasiados acontecimientos en el frente externo, con impacto en el consumo interno, dignos de ser comentados. Quisiera dedicarles algunas reflexiones a todos ellos, a riesgo de ser algo disperso, seguramente. 1. Por siempre Cristina Primero quiero referirme –aunque sea muy brevemente– a las curiosas declaraciones que han sido atribuidas (no sin la habitual cuota de prolijamente orquestada confusión, de manera de que pueda haber siempre más de una interpretación posible) a nuestra, quizás, futura presidenta, la senadora Cristina Kirchner, durante su reciente viaje a Washington (parece que la senadora ya no piensa, como antes, que los yanquis deben irse a su casa, sino que se traslada –fastuosamente– a visitarlos, vestidita para impactar, a la manera de un nuevo “Ángel de Charlie”, lo que es bien diferente). Se trata de uno de esos viajes –realizado esta vez con su ladero y consejero exterior preferido, el cónsul Héctor Timerman– respecto de cuyos costos y detalles no se da cuenta alguna, en violación del decreto 1.172/2003 (de acceso a la información pública) que la democrática senadora ha preferido, hasta ahora, simplemente ignorar, pese a los reclamos reiterados de la Fundación Poder Ciudadano. La idea política es que no importa que los viajes de doña Cristina pasen absolutamente inadvertidos en cada lugar que ella visita (lo que no sólo es más seguro para evitarnos problemas inesperados, sino habitual cuando se combinan la falta de dimensión con la ausencia de contenidos), sino que los periodistas y las cámaras de televisión –que siempre forman parte esencial del séquito oficial– no dejen de batir el parche acerca de la excelencia de los resultados obtenidos en los que hasta ahora han sido, en rigor de verdad, una serie de realmente intrascendentes (y caros) periplos senatoriales. Refiriéndose a las, desde todo punto de vista, ofensivas e inaceptables declaraciones de Luis D’Elía, su actual aliado político y –hasta no hace mucho– miembro del gabinete de su marido (que lo invitó a pertenecer al mismo en función de su pasado “piquetero”, esto es de ese gran mérito), quien señaló –con presunto rigor– que en el atentado contra la AMIA de 1994 habría participado la derecha judía, la promocionada senadora puntualizó que esas afirmaciones eran un “disparate” y que “un país donde alguien puede decir lo que se le ocurra, o algún concepto disparatado, es un país en el que me interesa seguir viviendo”. Lo que es brutalmente contradictorio con lo que ella misma no podía ignorar de ninguna manera, esto es, la antidemocrática decisión del gobierno que encabeza su propio marido de cerrar –en su propia “casa” (o sea, en la ciudad de Río Gallegos)– la emisora FM News, una escuchada radio local propiedad de los periodistas Hugo Moyano y Rolando Vera, quienes –sobreponiéndose a las intimidaciones del tipo de las que obligaron a D’Elía a abandonar el poder, dejando allí a parientes y amigos–se habían animado a ser particularmente críticos del gobierno. Vaya extraordinaria duplicidad, la de los Kirchner. El doblez es la pauta central moral de conducta. Y a muchos no les parece demasiado mal, por lo que siempre doblan las apuestas e, increíblemente, ganan. Los disparates de FM News no se toleran; los del amigo y correligionario D’Elía, en cambio, sí. Más duplicidad, imposible. Una vez más, la terrible vigencia de esa conocida pauta moral peronista expresada en aquello inolvidable frase de “para los amigos todo y para los enemigos, ni justicia” aparece claramente. Libertad selectiva, entonces. ¿Será que el cada vez menos democrático matrimonio político ha decidido jugar al “bueno” y el “malo”, para tratar así de confundirnos, aún más? Quizás, pese a todo, con estos cuestionables viajes, la notoria senadora advierta cómo efectivamente es y opera el mundo. Y algo aprenda, como cualquiera. Esto es seguramente bueno, a pesar de que parta de la conocida catarata de preconceptos bolivarianos, que todos conocemos. El problema es que, como metodología para tratar de ilustrar al neófito, es muy cara. Hay otras, más eficientes, pero requieren esfuerzo y carecen de pompa. 2. Elecciones presidenciales en Francia Después de una dura campaña electoral, Nicolás Sarkozy, un hombre de centro, se consagró como presidente de Francia. Reemplazará al insípido, pero no siempre equivocado, Jacques Chirac, cuya larga y mayormente intrascendente presencia política en el país de los galos nos había llevado muy cerca del hartazgo. Derrotó a Ségolene Royal, que hizo no obstante una campaña formidable y recuperó para la izquierda el segundo lugar que había perdido en la elección presidencial anterior. Ségolene parece haber conmovido al socialismo francés del mismo modo en que Tony Blair lo hizo en su momento con el laborismo británico, confiriéndole una cuota de realismo que se había extraviado. Pero Francia tiene que reaccionar, como sociedad. Cualquiera sea su timonel. Hoy es un país complejo. Con 63 millones de habitantes, tiene 6 millones de inmigrantes de los cuales el 90% proviene de países islámicos del norte de África y han llegado en las últimas tres décadas. Ellos tienen una tasa de crecimiento vegetativo exponencial y pronto cambiarán el perfil de la sociedad. Desde la elección de 2002, no son una fuerza política despreciable. La familia francesa se ha desintegrado. La tasa de divorcios es del 40%. Además, las uniones extramatrimoniales son el 20% de las totales. El 40% de los niños y niñas nace de parejas que no se han casado. La juventud es violenta y las maestras enfrentan dificultades para dar clase generadas por una falta de respeto que crece entre los jóvenes. Sólo el 51% de los franceses son hoy católicos. En el país de Juana de Arco, apenas el 17% es católico practicante. El sector público no deja de crecer. Apenas un 3% de los franceses trabaja en la agricultura, pese a lo cual tienen la protección y los subsidios más grandes de Europa, superados solamente por los japoneses en el resto del mundo. La industria está decayendo y, en la actualidad, ocupa solamente al 20% de la mano de obra total. La meritocracia es cosa del pasado. La seguridad es un problema creciente y, no nos engañemos, el 60% de los crímenes tienen que ver con inmigrantes y el 90% de los cabecillas de bandas criminales que operan en Francia son o bien inmigrantes, o hijo de inmigrantes o extranjero. Todo un tema. Las empresas tienen una presión fiscal enorme, casi inaguantable. Tanto que la propia Renault trasladó su casa matriz a Holanda. El desempleo es del 9%. El doble del británico o del norteamericano. El Estado se lleva el 54% del PBI y los impuestos absorben el 44% de los ingresos fiscales. La asfixia es evidente. La burocracia pública sigue siendo inmensamente influyente. Los graduados de la Escuela Nacional de Administración (ENA), los llamados “enarcas”, ocupan todavía casi todos los puestos claves del sector público y la política. En el gabinete, un 90% de los miembros son “enarcas”. Ségolene Royal también es una de ellos. Pero ni Sarkozy, ni el sorprendente Bayrou, ni el decaído Le Pen, lo son. El cambio se preanuncia solo, queda visto. 3. Revolución (pacífica) en lo más alto del poder político chino La semana pasada, mi amigo y excelente canciller de China, Li Zahoxing, dejó su cargo a los 66 años (uno más de la edad habitual de retiro) y fue reemplazado por Yang Jiechi, que acababa de ser embajador de China en Washington y es egresado de la London School of Economics (curiosamente, como uno de nuestros más jóvenes y cuestionados senadores justicialistas, hoy políticamente desdibujado). Al nuevo canciller le espera una tarea compleja, que incluye las crecientes tensiones comerciales y cambiarias con los Estados Unidos, los Juegos Olímpicos y las elecciones de Taiwán, que ya se acercan. Y un país que crece vertiginosamente y que ya está entre los más poderosos del mundo. Además, se designó a Wan Gang como ministro de Ciencia y Tecnología. Lo notable es que Gang no pertenece al Partido Comunista y vivió y estudió en Alemania por espacio de 15 años. Es la primera vez que esto ocurre, desde 1950. Estas designaciones muestran el fortalecimiento del poder de Hu-Jintao, actual presidente de China y secretario general del poderoso Partido Comunista, luego de que se deshiciera de Chen Lyangyu, el líder comunista de Shangai al arrestarlo por corrupción. El acceso de Xu Shaosi a la cartera a cargo de los temas que tienen que ver con la tierra y los recursos naturales y el de Chen Lei a la que maneja las cuestiones relacionadas con el agua completan el importante reacomodamiento de actores que acaba de tener lugar en el país oriental. 4. El caos boliviano También desde Bolivia nos llegaron algunas noticias esta semana. La primera es la entrega del premio de la Asociación Nacional de Prensa que lleva el nombre de Libertad al cardenal de Santa Cruz, Julio Terrazas. Esta figura eclesiástica, de gran envergadura, realmente lo merece. No sólo por su inclaudicable postura en defensa de la libertad de prensa, sino por el coraje con que ha puesto freno a Evo Morales cuando éste, al comienzo de su gestión, intentó eliminar la enseñanza religiosa de los colegios bolivianos. El cardenal tuvo, además, un papel primordial en la defensa de la independencia de la justicia y de la institucionalidad cada vez que Morales y los suyos intentaron violarlos, lo que ha sucedido con reiteración, abierta y solapadamente. La segunda noticia no es tan buena y es típicamente boliviana. Prepárese, lector, para una manifestación de cuán ingobernable se ha vuelto el país andino. Primera escena: Una comisión de policías perteneciente a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, de La Paz, descubre en la localidad de Ivirgarzama, en plena zona cocalera de Cochabamba, una camioneta robada en 2004. Segunda escena: Cuando los efectivos tratan de decomisar el vehículo robado, los dirigentes locales, con disparos de fuego al aire, alertan a la población local, que ataca, desarma y despoja de sus pertenencias –incluyendo las botas, la ropa, las billeteras y los celulares– a los policías y los toma de rehenes. Seis de ellos no consiguen huir de la turba y son, además golpeados, con palos y piedras, por lo que deben ser trasladados al hospital local. Otros seis logran escapar. Tercera escena: Los dirigentes cocaleros, en representación de la población local, negocian la libertad de los uniformados, que son finalmente liberados, sin ninguna de sus pertenencias, incluyendo las armas que portaban, después de haber sido ultrajados de la manera antes descripta. Cuarta escena: La camioneta marca Calvina continúa siendo utilizada por su actual “dueño”, sin mayores problemas. La anterior descripción muestra cómo está el país de Evo Morales en lo que al respeto de la ley y el imperio del derecho tiene que ver. La situación es un verdadero desastre. Finalmente, aunque parezca insólito, Morales está descubriendo que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición. Seguramente nunca se imaginó que ante una huelga, de las miles que azotan al país, debería decirles a los trabajadores de la salud y de la educación que los días no trabajados no serán pagados. Todos, incluyendo él mismo, uno de los principales responsables de la implantación de la cultura de la prepotencia, saben perfectamente bien que, al final, como suele ocurrir, esos días serán pagados. El presidente boliviana sabe también que una de las primeras pérdidas que tienen muchos dirigentes políticos es la de la vergüenza.

 
¿Para cuándo la paz?
La tranquilidad que cualquier sociedad necesita para poder dedicar sus energías a trabajar y construir un futuro mejor no existe en la Argentina porque el gobierno desertó de sus tareas de protección y defensa.
La semana pasada, el ex cuadro guerrillero de los 70 devenido hoy procurador general de la Nación, Esteban Righi, emitió un dictamen de inconstitucionalidad de los indultos firmados por Carlos Menem durante los 90. Se considera que éste es el paso previo a que la Corte Suprema de Justicia les dé una muerte final. No se trata de una novedad porque, desde que el presidente Néstor Kirchner llegó al gobierno, quedó claro que ingresaríamos en una etapa en donde se revolvería una y otra vez el pasado. Sin embargo, pero asistir a una nueva confirmación permite el agregado de un nuevo comentario. La tremenda etapa vivida por el país en aquélla trágica década, que bañó –a fuerza de terrorismo privado y público– de sangre a todo el país, no ha cicatrizado aún. Las profundísimas heridas que aquella furia artificial causaron en el organismo nacional se mantienen abiertas adrede. El perdón no es funcional a los intereses del Gobierno. Su mayor conveniencia se encuentra en la división y en el mantenimiento del odio. El Estado ha sido creado como institución democrática para entregar a la sociedad protección y defensa, es decir, una base de tranquilidad pública que les permita a las personas dirigir sus energías a trabajar, a pensar un futuro mejor, a dar por descontado que uno llegará sano y salvo a su casa. La Argentina entró en un terreno en el que todo esto está en duda. El Gobierno abrazó la teoría de no encargarse de la seguridad pública. Por el lado de la guerra civil de los 70, la administración del presidente parece decidida a no cerrar las heridas, sino a mantenerlas permanentemente abiertas. Mientras siga este odio, este rencor, obviamente se seguirán restando energías para trabajar, para pensar un futuro mejor, para dedicar el tiempo a tareas útiles en lugar de refregar sangrientos resentimientos del pasado. Por otro lado, la incomprensible política de seguridad que se lleva adelante mantiene en vilo a la sociedad. Desasosegada como pocas veces antes, gasta una monumental cantidad de energía mental en desear que toda la familia esté de vuelta en casa al final del día, en lugar de dirigir esos esfuerzos a la creatividad del progreso y el crecimiento. La inventiva necesaria para eludir las trampas de la pobreza es invertida en idear caminos seguros, recorridos diferentes, elementos distractivos, dispositivos de aislamiento. Nunca antes el ataque de la delincuencia había sido tan constante y nunca antes un Gobierno se había puesto tan decididamente de su lado. La sociedad honrada que financia al Estado con sus impuestos ve como éste usa su dinero para soltar delincuentes que salen a la calle decididos a delinquir al cuadrado. Resulta francamente incomprensible que funcionarios que llegan a las poltronas del poder por la vía de reclamar el voto de la gente la sometan luego a condiciones tan extremas de intranquilidad pública. La doble pinza de la paz que, en la Argentina, consistiría, por un lado, en una enorme reconciliación nacional que haga realidad uno de los postulados del Preámbulo de 1853 –“asegurar la paz interior”– y, por otro, en el encierro seguro de una delincuencia que asola las calles de las ciudades del país, debería ser una de las prioridades fundamentales de éste o de cualquier gobierno. La ausencia de esa atmósfera de calma impide la dedicación de los esfuerzos nacionales al futuro y a la generación de riqueza. Nos han obligado a tener nuestra atención fija en el pasado y nuestra inventiva dedicada a evitar el delito. No es posible vivir así. Menos aún sentar las bases del progreso y del desarrollo. Tengo en claro que la paz no puede decretarse. Pero puede buscarse. El gobierno, éste o cualquiera, debería tener como motivo excluyente su persecución cuando no existe y su salvaguarda cuando ya está ganada. La toma de partido de cualquier gobierno por el incierto tuteo del desasosiego debería merecer la pena más amplia de la sociedad. Personas que le han pedido su voto a la gente honesta para valerse de él y llegar al control del poder, no deberían protagonizar semejante defraudación. La vuelta permanente atrás, en un presidente que llegó al gobierno bajo el concepto de no “volver al pasado”, nos atornilla a una pesadilla. Esta nueva decisión confirma la provocación del rencor, en lugar de la convocatoria a la unión. Ya nada podrá hacerse respecto de lo que sucedió hace más de treinta años. Respecto de ello sólo cabe llamar a la concordia o a la división. Kirchner decidió apostar por esta última. La paz sale lesionada igual que cuando los ciudadanos honrados se encierran para no ser lastimados, robados o violados en la vía pública. Sería muy saludable que la sociedad argentina le reclamara frontalmente al presidente que se ocupe de su primer deber: hacer que nuestra vida sea tranquila y esté abocada a trabajar para el beneficio de todos.

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