elcambalacheweb

Sin inversiones no hay crecimiento
La ministra de Economía comenzó a abrir el paraguas ante una realidad que ya es hora de que el Gobierno reconozca: la Argentina no es hoy un país atractivo para los inversores, los capitales no están llegando y pronto acabaremos con el stock de capital acumulado.
Abriendo el paraguas antes de que se desencadene la tormenta, la siempre sonriente ministra Felisa Miceli acaba de hacer una seria advertencia al frente interno de su propio gobierno y, de paso, notificó a los involucrados en actividades económicas que puede ocurrir un fin de fiestas. Es decir, preparó las cosas para poder decir, en un futuro próximo y sin sonrojarse: “¡Señores, yo lo había anticipado, ahora no tengo la culpa de lo que está pasando!”. En un seminario organizado por la Fundación Crear, la ministra de economía manifestó textualmente que “es fundamental reavivar el proceso de inversiones y revisar los instrumentos de la economía para dar señales claras a la inversión, porque la Argentina necesita un shock de inversiones para el año que viene, que le permita descomprimir las tensiones de precios, genere empleos y mejore la situación social”. En un reconocimiento de la racionalidad económica, la ministra señaló en tono intimista que “hay que profundizar el debate para intercambiar ideas y construir las propuestas de inversión que hagan sustentable el crecimiento”. Luego, deslizó una sutil crítica ambivalente, que tanto podría aplicarse al discurso de la década menemista como al reiterado uso de estadísticas macroeconómicas por el presidente Néstor Kirchner en sus viajes al extranjero. Así, siguió diciendo que “hubo un tiempo en que creíamos que por tener un buen indicador de crecimiento (PBI) muchos creyeron que las cosas andaban bien, pero en paralelo, los argentinos encontraron una peor calidad de vida, con cierre sistemático de empresas. Para no repetir esas experiencias, hay que mirar otros resultados que tiendan a mejorar la calidad de vida, con inclusión social y reducción de los niveles de pobreza e indigencia”. Ratificando ese extraño sinceramiento, Felisa Miceli continuó alertando a las autoridades del Banco Central, que emiten diariamente dinero y se endeudan con Lebac y Nobac, diciéndoles que “el superávit fiscal evita financiamientos espurios, como la emisión monetaria y el endeudamiento externo. Una mayor inversión permitirá el acompañamiento de la oferta y la demanda y podrá superar las tensiones en los precios. Las inversiones deben tener tasas de rentabilidad razonables, financiamiento adecuado y contar con calidad de recursos humanos. La inversión genuina es lo único que genera empleo y mejora la situación social porque da pie a un círculo virtuoso, que permite mayores remuneraciones y mejor calidad de vida para la población”. Al mismo tiempo que se escuchaban estas palabras, la recientemente transversalizada funcionaria Beatriz Nofal –encargada del enésimo organismo que se ocupa de atraer capitales extranjeros– reconoció que “hasta el momento Argentina no ha recibido ningún volumen significativo de inversiones para instalar nuevas fábricas”. En otras palabras: estamos consumiendo las inversiones realizadas en la denostada década de los noventa y este proceso pronto se termina. Reclamos perentorios y propuestas eficaces No sabemos a ciencia cierta si la Miceli es o no sutil, pero ha utilizado magníficamente el difícil arte del lenguaje elíptico, por el cual deja sin mencionar expresamente algunas partes de su discurso narrativo para dar a entender algo que quiere decir, sin renunciar a afirmar exactamente lo contrario, por si algún poderoso destinatario pudiera sentirse ofendido. Pero, en el fondo, está haciendo un llamado casi dramático al formular varios reclamos perentorios: a) que es necesario desechar indicadores de crecimiento que no sirven para detectar la reducida capacidad adquisitiva de los salarios, b) que es urgente disolver las distorsiones de los precios relativos para que la inflación no invalide todo lo que se ha hecho hasta ahora, c) que es importante reconocer que la inversión genuina sólo puede obtenerse con ahorro y no con emisión de dinero ni con endeudamiento, d) que está ansiosa por recibir ideas y propuestas para que la inversión externa pueda ser atraída en nuestro país. Precisamente, estos mismos reclamos de la ministra Felisa Miceli constituyen la preocupación constante de quienes colaboramos en la redacción de esta revista virtual y sería muy fructífero para ella la lectura cuidadosa de todos los artículos. De todas maneras, asumiendo la tarea de brindar las ideas y propuestas reclamadas por la ministra, nos parece oportuno ayudarla recordándole diez condiciones básicas para que se produzca el shock de inversiones que ella espera y la inflación no termine derribando las bases de nuestra endeble recuperación.
1º. Estabilizar el valor de la moneda mediante la contención de la emisión por parte del Banco Central, respetando la valorización de las divisas por acción del mercado y permitiendo la libertad de cambios para adquirir, poseer y utilizar cualquier moneda en operaciones legítimas. 2º. Asegurar mercados abiertos, eliminando los sistemas de cupos o licencias para importar, las prohibiciones de exportación, los aranceles prohibitivos y cualquier medida monopólica en el comercio exterior con el fin de evitar el estancamiento de la oferta y la demanda en cualquier bien o servicio.
3º. Respetar la propiedad privada, asegurando la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y admitiendo que la libre competencia sin privilegios es la única hipoteca social que se justifica sobre la propiedad privada.
4º. Garantizar la libertad de contratación de bienes y servicios personales, incluyendo el contrato de trabajo con determinación de convenios colectivos por empresa y una legislación social que facilite la colaboración entre el capital y el trabajo en lugar del conflicto permanente o el juicio laboral extorsivo.
5º. Exigir clara y expresamente la responsabilidad personal para que quienes reciban beneficios también deban soportar las pérdidas y no terminen endosándolas a la comunidad por medio del Estado.
6º. Mantener una política económica favorable al mercado sin permitir acciones dominantes, garantizando la permanencia de reglas estables que sólo sean modificadas después de otorgar un período suficiente para que cualquiera pueda adaptarse al cambio.
7º. Reformar el sistema impositivo eliminando el artificio de la multiplicidad de tributos que actúan como miles de hilos que impiden y paralizan la acción benéfica de las inversiones productivas.
8º. Restablecer un sistema de precios libres con apertura del comercio exterior para impedir que la fortaleza de grupos monopólicos actúe en contra de los intereses del consumidor.
9º. Recuperar la coherencia entre los principios morales, jurídicos y económicos de toda medida legislativa que se adopte en el campo judicial, tributario, laboral y presupuestario fiscal.
10º. Adoptar como criterio básico de la economía los principios de “la competencia de eficiencias” que se asientan en el predominio de las reglas de mercado con responsabilidad social, es decir, sin permitir la constitución de grupos dominantes ya sea por parte de organismos públicos, grupos privados o sindicatos patoteros que impiden el ejercicio de los derechos y garantías individuales.
Estas propuestas constituyen el ideario expuesto el 14 de mayo de 1855 por Juan Bautista Alberdi, uno de los padres fundadores de nuestra patria, en el libro “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina”, que todavía permanece inaplicado. ©

Equidad
La sociedad argentina está cansada de que los políticos evadan su responsabilidad en materia de seguridad ciudadana cuando afirman que el problema de la delincuencia es resultado de las diferencias sociales y económicas.
Después de la infeliz liberación de la “Garza” Sosa, un asesino a sangre fría condenado a cadena perpetua y liberado porque su condena no estaba “firme”, el presidente Néstor Kirchner tomó las mejores ropas del hombre común, se las calzó de la mano de alguna oportuna encuesta que habrá llegado a sus manos y salió a pedir que los jueces “no liberen más delincuentes”. Sus palabras, como casi siempre sucede, provocaron un inmediato impacto. Felipe Solá, el gobernador de la provincia de Buenos Aires –el foco más endémico y brutal de la inseguridad en el país– propuso una “reforma judicial”, que nadie entiende muy bien qué significa. Sin embargo, los bolsones de respaldo descarado a la delincuencia no ceden fácilmente. En ese marco, el inefable dúo compuesto por León Arslanian, el ministro fabricante de malvivientes, y Mary Sánchez, la otrora mujer fuerte del gremio de los docentes, hicieron apariciones rutilantes con sendas declaraciones que, dado el momento que vive la Argentina, envuelta en una ola de inseguridad salvaje, bien podrían tomarse como una tomadura de pelo a toda la sociedad que paga los impuestos para que ellos vivan y tengan vía libre para proponer una orgía de disparates. Arslanian dijo que al delito había que tratarlo con “equidad”. ¿Perdón, con queeeeé? ¿Qué entenderá Arslanian con “equidad”? ¿Cuál es el marco de equidad, por ejemplo, que Arslanian propone aplicar a los secuestradores del joven Ianone? ¿O a la mismísima “Garza” Sosa? ¿Pretenderá alojarlos en un hotel cinco estrellas a cargo de la sociedad para que los pobres marginales disfruten, ellos también, de los placeres que Arslanian supondrá que se dan aquellos a los cuales los delincuentes atacan? ¿O tal vez crea que, para emparejar los tantos de la vida, contra cuya injusticia los delincuentes se rebelan, los malvivientes deban viajar por el mundo a cargo de la sociedad para que ellos accedan a ese rubro de placer que suelen disfrutar sus víctimas? O, a lo mejor, lo que tiene en mente es algo de menor cuantía. Por ejemplo, cederles a los delincuentes propiedades inmuebles a cargo de la sociedad para que también ellos sean propietarios, como sus víctimas. O quizás automóviles, o lugares de veraneo… ¿Qué clase broma es ésta? ¿De qué equidad habla el ministro que supuestamente debe velar por la vida tranquila de los honrados de su provincia? Arslanian debería saber que la única equidad para el que viola la ley penal es la cárcel. Entre otras cosas, porque la libertad es la diferencia que premia al que aspira a vivir de su trabajo y no del robo, de la estafa y del asesinato. Pero, con ser desopilante, la aparición de Arslanian, como decíamos, no fue la única en el irreverente firmamento de los funcionarios que defienden delincuentes. Mary Sánchez, de quien no puede creerse que alguna vez haya tenido a su cargo la formación de nuestros chicos (aunque con maestros así, uno entiende las razones del desbarranque argentino), sostuvo que “debíamos alejarnos de la ‘onda’ Blumberg de meter en la cárcel a los ‘pibes’ que cometen delitos”. ¿Y dónde los querés meter, Mary Sánchez? ¿Tal vez quieras llevártelos a vivir con vos? Quizás no sea una mala idea, considerando las circunstancias… ¿Qué entenderá Mary Sánchez por “pibes”? ¿Qué entrañable cariño siente por la gente que roba y asesina a sangre fría la funcionaria que debería representar al orden jurídico y que vive costa de los impuestos que paga la gente honrada? ¿Cuál es el tratamiento que, según Mary Sánchez, debería dársele los “pibes” que secuestraron a Ianone? ¿O a los que mataron a ese pobre muchacho en Lanús de dos tiros en el pecho cuando quiso evitar que secuestraran a su novia? ¡Y esos sí eran “pibes”! Tienen 14 y 16 años y ya estaban en la mira de la policía. ¿Qué diría Mary Sánchez si sus protegidos “pibes” le metieran dos balazos en el pecho a un hijo suyo? ¿Hasta cuándo van a pulular por los despachos públicos esta calaña de personas?, ¿Cuándo será el día en que un presidente o un gobernador sensato los eche a patadas a la calle? Ésa es la verdadera equidad que busca la gente honesta. Que de una buena vez por todas los cargos públicos estén ocupados por personas que representen a la parte sana de la sociedad y no a los enfermos que gastan su tiempo matando gente por la calle. Terminemos con el verso de la marginalidad provocada por las desigualdades económicas. El propio gobierno se llena la boca propagandeando el hecho de la caída de la pobreza, del desempleo y de la indigencia. Si la violencia fuera el producto de la falta de trabajo y de la miseria, los índices de seguridad ciudadana deberían haber mejorado pari pasu con los económicos. Y no ha sido así. Al contrario. Terminemos con este argumento clasista y antiguo de que los que matan lo hacen porque no tienen trabajo. Es una ofensa muy baja para los verdaderos pobres que siguen luchando por ganarse el pan honradamente. Esa gente también busca equidad. Para que su preferencia por la ley y por la honestidad no valga lo mismo que la de aquellos que manchan de sangre los días y las noches de los argentinos.

Sugerencia: un año sabático para Moreno
Si los funcionarios del gobierno entendieran que el precio de un bien no es un valor intrínseco al producto sino resultado de la utilidad y escasez de ese bien para determinada persona, descubrirían la improductividad del trabajo que realiza el secretario de Comercio Interior.
Antes de empezar a explicar la teoría de los precios, cualquier buen profesor de Economía tiene que comenzar enseñando las diferentes teorías del valor, porque es imposible entender cómo se forman los precios en el mercado si, previamente, no se comprende que el valor es algo subjetivo. Las cosas no valen por sí mismas, sino porque el hombre le otorga valor. Las teorías objetivas tratan de explicar el valor de las cosas por el trabajo incorporado o por la escasez. Pero cuando el plomero viene a mi casa y en 5 minutos resuelve el problema del agua, no me está cobrando por la cantidad de trabajo que le insumió arreglar el problema, sino por saber qué tuerca tenía que ajustar. En definitiva, las teorías objetivas no lograban solucionar el problema del valor. La solución al problema del valor la dieron dos economista austríacos (Böhm Bawerk y Menger), quienes explicaron que el valor de las cosas estaba determinado por su utilidad y escasez, aunque utilidad y escasez consideradas para determinada persona y en determinadas circunstancias. En otras palabras, el valor no es intrínseco a las cosas independientemente de las personas (los indios americanos no terminaban de entender por qué los conquistadores españoles le otorgaban tanto valor a ese metal amarillo que llamaban oro), sino que el valor se lo otorgan las personas a determinados bienes, según las circunstancias en que se encuentra y según la escasez de ese bien en ese momento. El ejemplo más conocido al respecto es el de un vaso de agua. ¿Qué valor tiene un vaso de agua para una persona que está en su casa con abundante agua corriente y qué valor tiene ese mismo vaso de agua para la misma persona en el medio del desierto? Además, cada persona va cambiando el valor que le otorga a las cosas. El primer vaso de agua tiene un valor determinado para una persona, el segundo vaso menos valor, el tercero menos y llega un punto en que la utilidad del último vaso de agua es igual a cero. Es lo que se conoce como utilidad marginal. De la teoría del valor se pasa a otro punto, que consiste en determinar cuándo una persona realiza un intercambio. ¿Cuando le otorga el mismo valor a lo que entrega que a lo que recibe o cuando le otorga más valor a lo que recibe que a lo que entrega? Obviamente, el intercambio se realiza cuando una persona le otorga más valor a lo que recibe que a lo que entrega. Si le otorgara el mismo valor a ambos bienes no realizaría el intercambio porque estaría en un punto de indiferencia. Insisto, el intercambio se lleva a cabo cuando le doy más valor a lo que recibo que a lo que entrego. Si los funcionarios del gobierno entendieran este principio básico de economía, descubrirían la improductividad del trabajo que realiza el señor Guillermo Moreno. El secretario de Comercio Interior se pone de mal humor cuando la gente compra la lechuga y la carne a un precio más alto que al que a él le parece correcto. Sin embargo, si la gente compra la carne es porque valora más el producto que recibe que los pesos que entrega. Por supuesto que si la gente pudiera comprar la carne más barata estaría feliz de la vida, pero eso no quita que, aun con precios más altos, ambas partes salgan beneficiadas. La improductividad de Moreno también tiene que ver con sus exigencias de pedir planillas de costos de producción. A la gente no le interesa cuáles son los costos de producción del carnicero, el verdulero o el productor lácteo. Sólo le interesa si lo que recibe vale más que lo que entrega. A la gente tampoco le interesa cuánto gana cada empresa. La utilidad de cada uno es un problema de las empresas. ¿Qué problema hay que una empresa tenga buenas ganancias si para mí lo que entrego vale menos que lo que recibo? Cuando el secretario Moreno se pone a fijar precios máximos, lo que pretende es sustituir la teoría del valor en base a la cual se forman los precios en el mercado, pretendiendo transformarse él en una especie de ser iluminado que puede definir qué valor tiene cada cosa para cada persona en cada momento. Ni la computadora más sofisticada del mundo podría resolver este problema que Moreno intenta solucionar mirando los costos de producción y las utilidades de las empresas. La primera conclusión a la que uno llega sobre el trabajo de Moreno es que para el conjunto de la sociedad sería más económico pagarle el sueldo al actual secretario de Comercio Interior para que se quede en su casa y no se meta con los precios ni con las utilidades. En otras palabras, es preferible seguir pagándole el sueldo a condición de que no haga nada, que pagarle el sueldo para que continúe interviniendo en el sistema de precios. Para la sociedad es más costosa la entorpecedora labor del secretario, que otorgarle una especie de año sabático con sueldo pago. En todo caso, si Moreno quiere hacer algo productivo, lo mejor sería que recuerde el concepto de utilidad marginal y que esa utilidad decrece a medida que la gente va consumiendo una unidad adicional de un bien. ¿Cómo podría aplicar productivamente ese conocimiento? Recordando que la moneda es una mercadería más y que cuando la producción de esa mercadería llamada moneda aumenta, como viene aumentando en la Argentina, la utilidad marginal de la misma disminuye. Lo que está ocurriendo con el sistema de precios argentinos es que la utilidad marginal de los pesos está disminuyendo porque el Banco Central está inundando el mercado con esos billetes que produce, por lo tanto, los pesos tienen cada vez menos utilidad marginal para la gente, eso que los economistas denominamos demanda de saldos monetarios. Lo único que ha logrado Moreno con su improductivo trabajo es aumentar los costos de producción de las empresas, que tienen que destinar recursos a llenar absurdas planillas de costos que no sirven para nada. Además, dilapida los recursos de los contribuyentes pagándole sueldos a legiones de inspectores y funcionarios para que verifiquen a qué precios intercambia bienes libremente la gente y estudien si las empresas gastaron “mucho” en tinta para las impresoras, publicidad o energía. Datos que al consumidor no le interesan porque lo que le importa es si la relación calidad y precio del producto tiene más valor que el dinero que está entregando. En síntesis, con su trabajo Moreno está dilapidando los recursos que con tanto esfuerzo aportan los contribuyentes al fisco. Sugiero que el Gobierno minimice esa dilapidación otorgándole unas largas vacaciones pagas.

El País de la No-Justicia

La escena se reitera en forma alarmante, puebladas donde multitudes enfurecidas pretenden hacer justicia por mano propia, intentando linchar a presuntos delincuentes, destruyendo sus viviendas y hasta incendiando juzgados, todas ellas son originadas por el tremendo descrédito en que ha caído la Justicia y la falta de confianza por parte de la ciudadanía en quienes deberían administrarla.Fallos indignante en que las sentencias no contemplan un mínimo principio indemnizatorio hacia las víctimas, prodigalidad en conceder excarcelaciones y reducción anticipada de penas a peligrosos personajes, que una vez en libertad vuelven a cometer crímenes aberrantes, delitos de acción pública que solo merecen la indiferencia por parte de los fiscales, jueces cuya vida privada no se compadece con la honorabilidad que requiere su cargo, sin que tribunales superiores o el Consejo de la Magistratura actúen en consecuencia, han producido la degradación del Poder Judicial.

La Inseguridad es estacional

En una nueva y disparatada explicación a la ola de delitos que asola la Provincia de Buenos Aires, el Señor Arslanián ha señalado que su incremento es solo estacional y debido a que en esta época del año la población cuenta con más recursos económicos, los que destina a la adquisición de electrodomésticos y otros objetos de valor.
Su jefe, el Gobernador Solá, no podía quedarse atrás en esta carrera de definiciones surrealistas de la inseguridad, señalando en uno de sus discursos que él le decía a su policía, “la bonaerense”, que cuando debieran enfrentarse a un delincuente, pensaran que este tenía “una problemática social”Habría que preguntarle al Señor Solá si no constituye una “problemática social” para miles de bonaerenses, ser víctimas de la delincuencia
Por último, no se puede dejar de mencionar las palabras del Presidente en una de sus clases magistrales desde el atril - “Nunca voy a ordenar reprimir a un argentino”En un primer análisis del discurso del Primer Magistrado, se inferiría que solo los extranjeros deberían cuidarse de producir actos impropios por los que podrían ser reprimidos, en una segunda interpretación del mensaje, estaríamos ante una falta de conocimientos por parte del Señor Kirchner del texto constitucional, el que muy claramente establece que se reserva para el Estado el “monopolio de la fuerza”, el que tiene el derecho y la oblación de ejercer, reprimiendo a todos aquellos que comprometan el bien común.
Pero en fin, el Señor Arslanián puede tener razón y la inseguridad sea estacional y esta desaparezca después de octubre del 2007

Injusticia por mano propia
La inacción del Estado frente al delito resulta un acicate para que los ciudadanos se arroguen potestades que son responsabilidad de la policía y los jueces.
Si bien hace bastante tiempo que el tema de la inseguridad nos sacude –ignoro si el número de delitos ha aumentado o decrecido– en estas últimas semanas han saltado a los medios de comunicación algunos episodios que nos hacen plantearnos, no tanto el tema de la inseguridad, como el de la función del Estado en este aspecto. El joven que falleció al intentar evitar que secuestraran a su novia, o el ciudadano que fue condenado por homicidio por haber ultimado a quienes lo habían asaltado un poco antes son dos de los ejemplos que nos permiten rotar el eje de análisis. Está claro que, teniendo hoy la Argentina el superávit fiscal que tiene, difícilmente podamos decir que no hay presupuesto para mejora la seguridad: no parece que la inseguridad que se vive sea por razones económicas. Si la justicia funcionara medianamente bien, es decir, si la mayoría de los delitos se resolvieran, las causas se tramitaran con la agilidad pertinente y los condenados se mantuvieran recluidos el tiempo que la ley establece, no parecería necesario que la gente intentara “hacer justicia por mano propia”. Sólo para poner un ejemplo: la ley del “2 x 1” se sancionó por la lentitud de la justicia, pero no beneficia a la sociedad –que es el último fin de la justicia– sino a los delincuentes. Si los jueces se retrasan en sus decisiones deberían ser sancionados ellos, no la sociedad. No creo que la sociedad considere “justa” a la ley del “2 X 1”, menos en un país donde las procesos se extienden enormemente. Asimismo, creo que si el que mató a los delincuentes que lo asaltaron hubiera sido juzgado por un jurado de ciudadanos (juicio por jurados), o bien hubiera sido absuelto o hubiera recibido una condena menor que la que recibió. Nuevamente, no creo que la sociedad considere “justa” la condena que recibió. También creo que, si el muerto hubiera sido él, el delincuente habría recibido una condena menor. ¿Cuál fue el error de este ciudadano? Hizo “injusticia” por propia mano. Pero esto se produce porque el primero que hace “injusticia” es el Estado. Pretender que el delito no exista es utópico, pero que el delito se resuelva y se castigue es lo menos que se le puede pedir a los distintos poderes para que a la gente no se le pase por la cabeza hacerlo supletoriamente. Si se vive en un “estado de injusticia”, la gente colaborará con esa injusticia asumiendo los roles que indelegablemente le competen al Estado: hará de policía, de juez y de verdugo. Es difícil, por no decir imposible, pedirle a la gente que ante una agresión no actúe en defensa de sus bienes o su vida si sabe que nadie más hará nada. Nadie puede, ni debe, hacer justicia por propia mano. Pero si el Estado continúa haciendo “injusticia”, la sociedad actuará de la misma manera, “haciendo injusticia por mano propia”.

Kirchner reinstala a Cristina y explica que Scioli es contra Macri o Blumberg, pero la transversalidad lo rechaza
Horacio Verbitsky se convirtió en el vocero del malestar del 'progresismo' aliado a Néstor Kirchner con la precandidatura de Daniel Scioli a gobernador bonaerense. En tanto, la mayoría de los otros columnistas dominicales reprodujo la versión de Alberto Fernández que Cristina será la candidata presidencial -Cristina y Scioli son hipótesis basadas en un estudio de CEOP/Grupo Clarín que ya reprodujo Urgente24- y que iniciará una gira en USA como si eso sumara algo a su figura altanera e insípida. Especulan con Graciela Ocaña candidata a vicegobernadora para 'emparejar' la fórmula.

Increíble
En un asalto feroz, anteayer, dos delincuentes asesinaron a mansalva a un joven que no consintió que secuestraran a su novia. Un día antes, en un hecho parecido, otros delincuentes habían ultimado a un ingeniero que intentó huir cuando quisieron robarle el auto. Hace unos diez días, un tribunal dejó en libertad a "La Garza" Sosa, algo así como el lugarteniente del "Gordo" Valor, acusado, al menos, de tres robos seguidos de asesinatos. Pero lo más increíble, en esta Argentina que nos toca vivir, ha sido la condena a diez años de prisión a un empresario que, en defensa propia, mató en febrero de 2002 a dos ladrones que le habían robado un reloj a punta de cuchillo. En una palabra, el mundo al revés: los criminales salen en libertad, mientras los justos van a la cárcel.

¿Paralelismo o casualidad?
Una vez más, las clases terminan y las escuelas se llenan de estudiantes que concurren a rendir una gran cantidad de materias que no han aprobado durante el año escolar.
Llega el final del año académico y, con él, vuelve a repetirse (o profundizarse) la problemática de la enorme cantidad de alumnos que se “llevan a examen” un respetable número de materias (me refiero a más de cinco asignaturas). Lo primero que hay que analizar es si este sistema de promoción de curso que se pensó cuando la inmensa mayoría de los alumnos aprobaban sus materias durante el ciclo escolar debe seguir vigente si los guarismos se han invertido, es decir, si vale la pena continuar con el mismo sistema de promoción cuando la excepción se ha convertido en norma, o ha llegado el momento de buscar otro más adecuado a la realidad. Otra cosa que hay que tener presente es que en los niveles primario y secundario no es el objetivo único que los alumnos adquieran unos contenidos académicos, sino que también ejerciten una serie de habilidades intelectuales y volitivas. Así, por ejemplo, durante el año escolar muchos profesores piden que los alumnos realicen tarea escolar en sus hogares, con ánimo de fomentar la autonomía para el estudio y la voluntad de ponerse delante de un libro sin nadie que controle en ese momento. Esto no puede evaluarse en un examen. Siguiendo con el ejemplo, una persona con gran habilidad para el dibujo que no haya presentado ningún trabajo durante todo el año probablemente apruebe el examen de Plástica con buena nota, pero sin cumplir con otros objetivos tan importantes como dibujar bien: respetar consignas, esforzarse por cumplir la tarea o practicar con frecuencia. Es muy común ver en aquellas escuelas de un solo turno donde la materia Educación Física se dicta en contraturno a muchos alumnos “rindiendo examen” de la mencionada asignatura, realizando actividad física por un poco más de una hora ya que se quedaron “libres” por inasistencias a esa materia. No parece ser el único objetivo buscado que un alumno sea capaz de realizar 20 abdominales, o que conozca de memoria el reglamento de fútbol, sino que haga actividad física durante todo el año, que obviamente no ha hecho aunque saque 10 por tener excelentes cualidades naturales. Resumiendo, aun aquellos alumnos que aprueben sus exámenes en diciembre con buenas notas estarán en inferioridad de condiciones, tanto intelectuales como volitivas, con respecto a aquellos que han aprobado promocionando la materia. El único beneficio que brinda rendir exámenes finales de alguna materia es enfrentar una situación estresante y, por tanto, aprender a manejarla, pero esto podría realizarse también para aquellos alumnos que promocionan todas las materias, y de hecho algunas escuelas lo hacen en los años superiores para que los chicos se vayan entrenando con vistas a la universidad. También hay que tener en cuanta que un alumno que se lleva muchas materias y las aprueba estudiando sólo dos semanas es un pésimo ejemplo para los que habitualmente cumplen con su trabajo. Hay un viejo adagio educativo que he citado en varias oportunidades y versa de la siguiente forma: “Explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que somos”. Y me preguntaba... esta nueva cultura de dejar para la última instancia la aprobación de un curso escolar, ¿no tendrá nada que ver con lo que sucede, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, donde en esta época, a punto de terminar el período de sesiones, se aprueban más leyes en una sesión que las que se aprobaron en todo el “año legislativo”? ¿Tampoco tendrá nada que ver con la cantidad de moratorias que el Estado (nacional, provincial o municipal) propone habitualmente para pagar impuestos, tasas o aportes adeudados y en las cuales, como siempre sucede, el que pagó en fecha sale perdiendo y “es más vivo” el que no pagó? ¿Será esto pura casualidad o habrá un paralelismo entre lo que hace la sociedad joven y la sociedad adulta? ¿Estarán nuestros jóvenes copiándonos o será que cuando crecemos seguimos utilizando los mismos parámetros de la adolescencia? La verdad es que ignoro la respuesta. El sistema de promoción que hoy está en vigencia parece no servir a los objetivos de la educación. Tenemos que cambiarlo para mejorar la calidad educativa, no importa cuál sea la “ley marco” que gobierne el sistema educativo formal.

¿Hasta dónde?
La falta de tacto y la irresponsabilidad con las que el gobierno de Néstor Kirchner abordó y continúa manejando el conflicto con Uruguay a raíz de la instalación de la planta papelera frente a Gualeguaychú pueden llegar a derivar en un resultado impensado.
Los acontecimientos que rodean el conflicto con Uruguay por la instalación de la planta de Botnia en Fray Bentos han tomado un rumbo que nadie podía prever hace un año. La actitud de los llamados “asambleístas de Gualeguaychú” ha tensado tanto la cuerda que la situación puede derivar en resultados impensados para dos países con las características históricas de la Argentina y el Uruguay. Sólo un capricho histórico típicamente latinoamericano hizo posible que hoy los dos países formen entidades nacionales diferentes. De no haber sido por esa propensión cultural de nuestros pueblos a la desunión, claramente, la Argentina y Uruguay serían hoy un solo país. No hay nación en el mundo más argentina que Uruguay y viceversa. Partir del supuesto de que una relación de esta naturaleza puede deteriorarse al grado de imaginar un conflicto mayor o, siquiera, una ruptura de relaciones, es pensar en dislates. La instalación de Botnia sobre la margen oriental del río Uruguay a la altura de Gualeguaychú, en Entre Ríos, una provincia aliada a José Gervasio de Artigas en los tiempos de las luchas por la formación nacional, se conoce desde hace mucho tiempo. Su edificio y sus chimeneas, cuya fealdad tanto preocupan a los vecinos, no aparecieron de la noche a la mañana. Pero la Argentina actúa como si un abrupto y repentino suceso la hubiera sorprendido en su buena fe. El país argumenta que Uruguay incumplió con el tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, y cuyas disposiciones obligan a informar mutuamente cualquier hecho que pueda poner en peligro la salubridad de las aguas. Demos esto por cierto. ¿Qué hizo la Cancillería desde ese momento hasta que la instalación era técnicamente detenible? Respuesta: nada. Más allá de los rumores nunca comprobados de sobornos pedidos y no cumplidos del lado argentino para que la operación se decidiera en nuestra costa y no en la uruguaya, lo cierto es que la inacción y la irresponsabilidad de una burocracia inútil de naturaleza política que puebla –y pobló– la Cancillería nacional abandonó el caso en una muestra supina de irresponsabilidad. La misma irresponsabilidad que hoy mantiene sin intervenir en el caso a una elite técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores que podría acercar luz a este fárrago de disparates. Frente a esta indolencia, los vecinos recurrieron a la vía preferida por los argentinos contemporáneos: la acción directa. Como una muestra más de que el país está gobernado hoy por vías de hecho y no por el imperio de la ley, los autotitulados “ambientalistas” decidieron ocupar las rutas de conexión con el Uruguay para provocar un daño al ingreso de divisas de la Banda Oriental e interrumpir la provisión de insumos internacionales a la propia planta. La acción vecinal se cargó de una intransigencia cuyo ritmo ascendente fue casi igual al que se vio crecer la obra civil de Botnia. Asustado por la gente, el gobierno decidió la desesperada medida de acudir a La Haya. El resultado fue desastrosamente pésimo para el país. Se propuso un intento en los tribunales del MERCOSUR. El papelón fue igual o peor. Como última instancia, se buscó cortar la financiación del proyecto en la sede del Banco Mundial. La respuesta fue un cachetazo violento, protagonizado incluso por aliados fortísimos de la Argentina, como Brasil. La pregunta es: ¿hasta dónde piensan llegar? ¿Realmente creen los vecinos de Gualeguaychú que Botnia puede desmantelarse? Pararse en un lugar sin válvula de escape a posiciones de máxima, ¿a dónde nos puede llevar? Si los vecinos no aceptan otra solución que no sea el desarmar la construcción de Fray Bentos (cosa que no va a ocurrir), ¿qué puede esperarse de nuestra relación con Uruguay? Un vecino fundador de la “asamblea” y protagonista activo de la lucha contra la planta en los primeros tramos del conflicto, fue invitado a Finlandia donde funciona una operación melliza a la que producirá pasta de celulosa en la costa del Río Uruguay. Regresó convencido de que la tecnología aplicada por la compañía no contamina las aguas. Intentó explicarlo a sus antiguas amigos. Hoy en día esta pensado en mudarse de Gualeguaychú. Sus ex compañeros de ruta (en todo el sentido de la expresión) no le dirigen la palabra y lo acusan de haber aceptado coimas. Aparentemente no hay ningún racionalismo que pueda desviar a los vecinos de su incumplible objetivo. ¿Qué solución puede entreverse para un conflicto creado por la irresponsabilidad política y jurídica de la Argentina con un país con el que no es lógicamente pensable tener un problema y frente a vecinos que no aceptan otra solución que no sea aquella que todos saben no podrá obtenerse? Mientras tanto, el gobierno sigue incumpliendo con el deber más importante que tiene y que lo justifica como entidad existente frente a la sociedad la aplicación de la ley y la defensa del orden público. Pide a los “asambleístas” que despejen la ruta como el padre despreocupado que les pide a sus hijos traviesos que no molesten a sus vecinos de sombrilla mientras él sigue tomando sol en la playa. El presidente Kirchner, que dice a todo el que lo quiera oír que no es hora de la política sino de la gestión, teme que la rebelión lo señale como el enemigo si decidiera liberar la circulación por los puentes internacionales. Lo que no advierte es que la fuerza de un conflicto mucho mayor no sólo va a terminar con él y con su pretendidamente exitosa administración, sino también con el ya bajísimo prestigio internacional de la Argentina. Y las consecuencias de ese hecho serán mucho más crueles que un amanecer afeado por las chimeneas humeantes de Botnia.

La economía empieza a crujir
Las dificultades para mantener controlada la inflación y la cada vez más cercana emergencia energética empiezan a hacer más evidentes las inconsistencias de una política económica que se basa en el impuesto inflacionario y carece de visión de largo plazo.
A pesar de los esfuerzos que viene haciendo el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para evitar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleje la realidad inflacionaria, los precios siguen subiendo o, para ser más preciso, la moneda continúa devaluándose. Metido en un gran lío de precios, mientras consigue regular el precio de los tomates, por otro lado se le escapa el precio de las gaseosas y, cuando logra “controlar” el precio de las naranjas, los lácteos se le disparan y los productores agropecuarios hacen un paro. Y en el medio de este fenomenal lío de precios relativos, controles, subsidios, inflación reprimida y media ciudad de Rosario sin luz, la ministra Felisa Miceli afirma que en 2007 tiene que haber “un shock de inversiones”. Realmente fellinesco. Como respuesta a la reacción del campo, José Alperovich, gobernador de Tucumán y aliado político de Kirchner, afirmó que: “Ahora, cuando la renta agraria supera los niveles históricos, porque el Gobierno se esfuerza por mantener un dólar alto y un gasoil barato, no hacen más que poner palos en la rueda". Interesante afirmación la del gobernador tucumano, porque claramente está reconociendo la distorsión de precios relativos que lleva adelante el Gobierno. No sólo distorsiona el precio del dólar sino también el del gasoil. Lo que no dijo Alperovich es que para mantener el dólar alto el Gobierno le está cobrando el impuesto inflacionario a la población y para que ese impuesto inflacionario no lo desgaste políticamente se intenta disimular la situación con el improductivo trabajo del secretario Moreno. Por supuesto que también Alperovich se mandó un rosario de las típicas consignas populistas como: "La realidad es que la mayoría de los productores está ganando mucha plata, pero parece que no les alcanza. La quieren toda, aún a costa del resto de la sociedad, del precio de la carne o el pan que consumen todos los argentinos, sobre todo los que menos tienen. Es una vergüenza". No faltaron otras definiciones: “Estos dirigentes agropecuarios siguen sosteniendo una visión del país en función exclusiva de sus intereses y no les importa el resto la sociedad”. No menos huecas fueron las afirmaciones de otro gobernador, en este caso el de Chubut, Mario Das Neves, quien sostuvo que: “Este sector, el mismo que sueña con un país exportador como el que les dio Martínez de Hoz y continuó Cavallo, no tiene responsabilidad social ni es fiel al resto de la sociedad”. Todas estas frases son típicas de un populismo exacerbado que reacciona enfrentando a los diferentes sectores de la sociedad cuando la inconsistencia de la política económica empieza a hacer crujir la economía. La idea es tratar de quitarse de encima la responsabilidad que le cabe al Gobierno por el desborde de precios que impulsó con su política económica e intentar transferirle el costo de los desaguisados a otros sectores, en este caso, a los productores agropecuarios. Pero una de las expresiones de Alperovich merece un comentario en particular. Cuando el tucumano sostiene que el Gobierno se esfuerza por mantener alto el dólar, presenta el tema como un beneficio para el campo. En rigor, el gobierno sostiene alto el tipo de cambio porque de esa manera puede cobrar los derechos de exportación que le aportan el 10% del total de la recaudación. Puesto en otros términos: si el tipo de cambio bajara, resultaría imposible mantener el impuesto a las exportaciones, y si no existiera el impuesto a las exportaciones el superávit fiscal se evaporaría. Y sin ese superávit fiscal, desaparecería la caja que tan arbitrariamente maneja el Gobierno. En definitiva, lo que nunca va a reconocer el Gobierno es que hace a su propio interés político sostener alto el tipo de cambio porque es la forma de tener caja. En la década del 90, hubo una inconsistencia básica en el diseño de la política económica que consistía en tener convertibilidad con déficit fiscal. El incremento del gasto público generaba aumento del déficit. El déficit llevaba a más endeudamiento y, a mayor endeudamiento, más gasto público por acumulación de intereses a pagar. El interrogante de aquellos años se limitaba a saber hasta cuándo el mercado estaría dispuesto a seguir financiando el incremento del déficit fiscal. Hoy, la inconsistencia también tiene que ver con el tema fiscal, aunque mucho se hable del superávit, porque la recaudación depende de la aplicación de una tasa creciente de impuesto inflacionario para poder cobrar el impuesto a las exportaciones. Ahora los interrogantes son qué tasa de inflación está dispuesta a tolerar la sociedad antes de empezar a huir de la moneda y cuánto tiempo más resistirá esta avalancha de parches que se le están poniendo a la economía para tapar los agujeros que uno atrás de otro se van produciendo en el sistema económico. La economía está crujiendo por la fenomenal distorsión de precios relativos. Si a esto se le suma la ausencia de políticas públicas de largo plazo y un clima adverso a la inversión, es bastante obvio el final de esta película que ya hemos visto infinidad de veces y conocemos de memoria cómo termina.