miércoles, febrero 13, 2008

 
Una resolución del Gobierno debilita el poder de los investigadores
La Oficina Anticorrupción es mía, mía, mía
Aníbal Fernández anuló los concursos ganados por los cinco principales pesquisas del organismo que debe velar por la transparencia del Poder Ejecutivo. Sin estabilidad ni autonomía, su permanencia depende ahora del humor del ministro.

Por Luciana Geuna
12.02.2008
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anuló cargos obtenidos por concurso para investigar la corrupción estatal. Lo anunció en vísperas de Navidad.
El Gobierno Nacional anuló los concursos ganados por los cinco principales investigadores de la Oficina Anticorrupción. Estos funcionarios pierden así la garantía de estabilidad y dependen de la voluntad del Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que con su sola firma y sin pago de indemnización puede dejarlos cesantes.
La embestida oficial contra un organismo de control fue publicada en el Boletín Oficial. Pero nadie lo advirtió. Quizá por la fecha elegida por el ministro Fernández para divulgar su primera decisión como flamante titular del área de Justicia: 24 de diciembre, víspera del feriado de Navidad. Quizá también por la apariencia técnica e inofensiva de la resolución 12/2007 que ordena: "Déjense sin efectos los procesos de selección para la cobertura de diversos cargos con funciones ejecutivas de este Ministerio".
El corralito político a los miembros de la Dirección de Investigaciones de la OA que comanda Martín Montero terminó de cerrarse con otra disposición del ministro Fernández, la que lleva el numero 67/2008: todo pedido de informes a cualquier dependencia del Poder Ejecutivo tiene que llevar la firma del titular de la OA, Abel Fleitas de Rozas, un leal al jefe de Gabinete Alberto Fernández.
Hasta esa resolución, los investigadores disponían de autonomía para avanzar sobre indicios de corrupción en el Poder Ejecutivo. Podían requerir precisiones, documentos y hasta expedientes, sin pasar por el "filtro" del jefe de la Oficina.
No es el primer conflicto que enfrenta a Fernández y Montero. En 2005, Montero requirió informes al entonces ministro del Interior por una licitación sospechada. "Por qué no se dedican a investigar cosas importantes", desafió por escrito Fernández, sin aportar la información solicitada.
Las designaciones por concurso en la Oficina Anticorrupción comenzaron a implementarse en 2003 durante la gestión de Gustavo Beliz en el Ministerio de Justicia y Néstor Kirchner en la Presidencia. El concurso implica una estabilidad ajena a los vientos políticos. Y la estabilidad posibilita la independencia del investigador.
El proceso incluyó el cotejo de antecedentes, pruebas escritas, análisis externo de especialistas, evaluación del Gobierno y de representantes sindicales. En noviembre pasado, el todavía ministro de Justicia Alberto Iribarne firmó las designaciones y las elevó para que sean avaladas por la Secretaria Legal y Técnica de la Nación y publicadas en el Boletín Oficial. Pero en diciembre, Iribarne fue propuesto como embajador ante el Vaticano (que lo rechaza por su condición de divorciado) y asumió Fernández. Y fue el principio del fin de los concursos.





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