lunes, diciembre 03, 2007
El índice de Cristina
El Indec copiaría la forma de medir la inflación en EE.UU.. Pero el índice a copiar es uno vinculado al poder de compra de los asalariados. Hay otro índice general, parecido al que se dejará de medir en el país.
El Gobierno argentino está tratando de salir del bochorno de haber mentido durante un año el nivel de inflación con una media verdad. La idea es sencilla: taparles la boca a todos los críticos poniendo en marcha una nueva metodología de medición de los precios “igual a la que se usa en Estados Unidos”. De esta manera, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejará de construir mes a mes el índice de precios al consumidor (IPC) y pasará a publicar otro indicador, que intentará reflejar la evolución del costo de vida de las clases medias y medio-bajas urbanas. Así se medirá una menor cantidad de ítems y se excluirán bienes considerados suntuarios, según trascendidos sobre los que oficialmente no se ha dicho nada. No se contemplarían las tarifas “reales” de servicios como la energía o el agua. Es probable que en algunos casos sólo se considere el costo de la tarifa social de esos servicios, que rige para muy pocos (por caso, en Epec, los consumidores residenciales con tarifa social no llegan a 10 por ciento). Otros rubros, si se incluyen, tendrán una menor ponderación. Eso podría suceder, por ejemplo, con la educación privada. En Estados Unidos es así, pero allí hay en proporción mucha menos gente que en Argentina que mande sus hijos a escuelas privadas. Un índice para asalariados.En Estados Unidos se mide, entre muchos otros, un índice de precios de características parecidas al que ahora programa el Gobierno, que se llama Índice de Precios al Consumidor Asalariado Urbano (CPI-W son sus siglas en inglés). La encargada de calcularlo es la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente de lo que en Argentina sería el Ministerio de Trabajo. El índice, según esta oficina, refleja la evolución del costo de vida de apenas 32 por ciento de la población de Estados Unidos. Los hogares para los que esta medición es relevante deben cumplir dos condiciones: más de la mitad del ingreso del hogar debe provenir del salario (no de otros ingresos) y al menos uno de los miembros del hogar debe haber estado empleado por al menos 37 semanas en los 12 meses previos al relevamiento. Otra medición, por ejemplo, es específica para desempleados. Otro para la política económica. Pero es mentira que el CPI-W sea el índice utilizado en Estados Unidos para evaluar la evolución general de los precios. En realidad, el indicador utilizado es uno más general, que se llama Índice de Precios para todos los Consumidores Urbanos (sus siglas en inglés son CPI-U). Esta medición representa, de modo tal vez menos preciso pero mucho más amplio, la evolución de los precios para el bolsillo de 87 por ciento de la población estadounidense ( www.bls.gov/cpi/cpifaq.htm ). Su parecido con el índice medido hasta hoy en Argentina y que está a punto de ser mochado es sorprendente. Como el viejo y querido IPC del Indec, releva los precios de unos 200 artículos, tanto bienes como servicios. Como el IPC local, incluye alimentos y bebidas, gastos del hogar, indumentaria, gastos de transporte, de salud, entretenimiento, educación, comunicación y otros. En esos grandes rubros se incluyen ítems que la nueva metodología local probablemente dejará de lado, como joyas, boletos aéreos, cuotas de clubes deportivos, software, cortes de pelo y hasta servicios funerarios. No sólo es éste, el CPI-U, el índice “oficial” de Estados Unidos, del que más se habla en los medios de comunicación y el que figura en los reportes comparativos entre países de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Más importante aún: es la base sobre la cual el Congreso de Estados Unidos fija la meta de inflación que debe cumplir la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de ese país. Esa meta surge de una combinación entre este índice y una derivación técnica del mismo, que da como resultado la inflación subyacente. No es para tanto, pero... ¿Es un cambio dramático el que plantea el Gobierno? No. Pero hay varios puntos a considerar. Primero. La ventaja para el Gobierno en el corto plazo es política. Como la nueva medición no se va a empalmar con la anterior, habrá un “blanqueo” de los precios dibujados a lo largo de este año sin que los Kirchner tengan que pagar costo alguno. En la primera medición de la nueva serie, podrá admitirse que la leche o el pollo cuestan lo que cuestan porque no se compararán con nada anterior. Es como el evasor que, al vender una propiedad, sincera el precio subvaluado que había “dibujado” en la escritura al comprarla para evadir impuestos. Borrón y cuenta nueva. No nos vamos a rasgar las vestiduras. Pero esas cosas no se hacen en una república platónica. Es competencia desleal en la disputa política, porque se falsean los datos necesarios para evaluar la gestión de gobierno, con beneficio para el que está en el poder. Segundo. Otra posible ventaja en el mediano plazo para el gobierno de turno es que, al reducirse la cantidad de ítems a medir, la posibilidad de seguir aplicando el “método Guillermo Moreno” de control de precios se acentúa. Se reduce el grupo de empresas a “apretar” y/o la cantidad de bienes a subsidiar. Con menos mentira y menos plata –menos escándalo, en definitiva– se puede obtener un índice igualmente manipulado. Tercero. Un riesgo es qué puede pasar con la política monetaria del Banco Central si a Martín Redrado se le pide que cumpla metas de inflación que se correspondan con una medición subestimada de la inflación. Redrado podría imprimir una cantidad de dinero que no desentone con el numerito del Indec, pero que se dé de patadas con la cantidad de dinero que aguante el mercado. Será todo un debate considerar en relación a qué se le fijará una meta de inflación al Central. Cuarto. En un trabajo presentado en octubre de 2006 por Dean Baker, codirector del Centro de Investigaciones de Economía y Políticas Públicas de Washington, se sostiene que, año a año, el CPI-W y el CPI-U muestran una brecha típica anual, por la que la inflación medida para el hogar de un trabajador es 0,1 por ciento inferior que la general. En Estados Unidos, la “inflación de los trabajadores” es la que se usa para ajustar salarios y pensiones jubilatorias. Es decir que, por una cuestión estrictamente técnica, estos ingresos se ajustan más lentamente que lo que evolucionan los precios generales. Si en Argentina persiste la manipulación de los precios del nuevo índice, no sólo habrá una distorsión técnica sino también política, con lo cual la brecha entre el poder de compra de asalariados y jubilados calculada según el Indec y el poder de compra real seguirá siendo desconcertante para los que van al supermercado todos los días. Las metodologías del Indec no tienen por qué ser eternas y de hecho cambian de vez en cuando. Pero eso se debería hacer con el consenso de los especialistas y no como un hecho consumado que ayuda al poder de turno a pasar un mal trago.
El Indec copiaría la forma de medir la inflación en EE.UU.. Pero el índice a copiar es uno vinculado al poder de compra de los asalariados. Hay otro índice general, parecido al que se dejará de medir en el país.
El Gobierno argentino está tratando de salir del bochorno de haber mentido durante un año el nivel de inflación con una media verdad. La idea es sencilla: taparles la boca a todos los críticos poniendo en marcha una nueva metodología de medición de los precios “igual a la que se usa en Estados Unidos”. De esta manera, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejará de construir mes a mes el índice de precios al consumidor (IPC) y pasará a publicar otro indicador, que intentará reflejar la evolución del costo de vida de las clases medias y medio-bajas urbanas. Así se medirá una menor cantidad de ítems y se excluirán bienes considerados suntuarios, según trascendidos sobre los que oficialmente no se ha dicho nada. No se contemplarían las tarifas “reales” de servicios como la energía o el agua. Es probable que en algunos casos sólo se considere el costo de la tarifa social de esos servicios, que rige para muy pocos (por caso, en Epec, los consumidores residenciales con tarifa social no llegan a 10 por ciento). Otros rubros, si se incluyen, tendrán una menor ponderación. Eso podría suceder, por ejemplo, con la educación privada. En Estados Unidos es así, pero allí hay en proporción mucha menos gente que en Argentina que mande sus hijos a escuelas privadas. Un índice para asalariados.En Estados Unidos se mide, entre muchos otros, un índice de precios de características parecidas al que ahora programa el Gobierno, que se llama Índice de Precios al Consumidor Asalariado Urbano (CPI-W son sus siglas en inglés). La encargada de calcularlo es la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente de lo que en Argentina sería el Ministerio de Trabajo. El índice, según esta oficina, refleja la evolución del costo de vida de apenas 32 por ciento de la población de Estados Unidos. Los hogares para los que esta medición es relevante deben cumplir dos condiciones: más de la mitad del ingreso del hogar debe provenir del salario (no de otros ingresos) y al menos uno de los miembros del hogar debe haber estado empleado por al menos 37 semanas en los 12 meses previos al relevamiento. Otra medición, por ejemplo, es específica para desempleados. Otro para la política económica. Pero es mentira que el CPI-W sea el índice utilizado en Estados Unidos para evaluar la evolución general de los precios. En realidad, el indicador utilizado es uno más general, que se llama Índice de Precios para todos los Consumidores Urbanos (sus siglas en inglés son CPI-U). Esta medición representa, de modo tal vez menos preciso pero mucho más amplio, la evolución de los precios para el bolsillo de 87 por ciento de la población estadounidense ( www.bls.gov/cpi/cpifaq.htm ). Su parecido con el índice medido hasta hoy en Argentina y que está a punto de ser mochado es sorprendente. Como el viejo y querido IPC del Indec, releva los precios de unos 200 artículos, tanto bienes como servicios. Como el IPC local, incluye alimentos y bebidas, gastos del hogar, indumentaria, gastos de transporte, de salud, entretenimiento, educación, comunicación y otros. En esos grandes rubros se incluyen ítems que la nueva metodología local probablemente dejará de lado, como joyas, boletos aéreos, cuotas de clubes deportivos, software, cortes de pelo y hasta servicios funerarios. No sólo es éste, el CPI-U, el índice “oficial” de Estados Unidos, del que más se habla en los medios de comunicación y el que figura en los reportes comparativos entre países de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Más importante aún: es la base sobre la cual el Congreso de Estados Unidos fija la meta de inflación que debe cumplir la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de ese país. Esa meta surge de una combinación entre este índice y una derivación técnica del mismo, que da como resultado la inflación subyacente. No es para tanto, pero... ¿Es un cambio dramático el que plantea el Gobierno? No. Pero hay varios puntos a considerar. Primero. La ventaja para el Gobierno en el corto plazo es política. Como la nueva medición no se va a empalmar con la anterior, habrá un “blanqueo” de los precios dibujados a lo largo de este año sin que los Kirchner tengan que pagar costo alguno. En la primera medición de la nueva serie, podrá admitirse que la leche o el pollo cuestan lo que cuestan porque no se compararán con nada anterior. Es como el evasor que, al vender una propiedad, sincera el precio subvaluado que había “dibujado” en la escritura al comprarla para evadir impuestos. Borrón y cuenta nueva. No nos vamos a rasgar las vestiduras. Pero esas cosas no se hacen en una república platónica. Es competencia desleal en la disputa política, porque se falsean los datos necesarios para evaluar la gestión de gobierno, con beneficio para el que está en el poder. Segundo. Otra posible ventaja en el mediano plazo para el gobierno de turno es que, al reducirse la cantidad de ítems a medir, la posibilidad de seguir aplicando el “método Guillermo Moreno” de control de precios se acentúa. Se reduce el grupo de empresas a “apretar” y/o la cantidad de bienes a subsidiar. Con menos mentira y menos plata –menos escándalo, en definitiva– se puede obtener un índice igualmente manipulado. Tercero. Un riesgo es qué puede pasar con la política monetaria del Banco Central si a Martín Redrado se le pide que cumpla metas de inflación que se correspondan con una medición subestimada de la inflación. Redrado podría imprimir una cantidad de dinero que no desentone con el numerito del Indec, pero que se dé de patadas con la cantidad de dinero que aguante el mercado. Será todo un debate considerar en relación a qué se le fijará una meta de inflación al Central. Cuarto. En un trabajo presentado en octubre de 2006 por Dean Baker, codirector del Centro de Investigaciones de Economía y Políticas Públicas de Washington, se sostiene que, año a año, el CPI-W y el CPI-U muestran una brecha típica anual, por la que la inflación medida para el hogar de un trabajador es 0,1 por ciento inferior que la general. En Estados Unidos, la “inflación de los trabajadores” es la que se usa para ajustar salarios y pensiones jubilatorias. Es decir que, por una cuestión estrictamente técnica, estos ingresos se ajustan más lentamente que lo que evolucionan los precios generales. Si en Argentina persiste la manipulación de los precios del nuevo índice, no sólo habrá una distorsión técnica sino también política, con lo cual la brecha entre el poder de compra de asalariados y jubilados calculada según el Indec y el poder de compra real seguirá siendo desconcertante para los que van al supermercado todos los días. Las metodologías del Indec no tienen por qué ser eternas y de hecho cambian de vez en cuando. Pero eso se debería hacer con el consenso de los especialistas y no como un hecho consumado que ayuda al poder de turno a pasar un mal trago.
# posted by bocha55 @ 4:11 p.m. 
