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Politíca y violencia
Por Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

A dos semanas de los hechos de San Vicente parece confirmarse que Kirchner prefiere entregar el control de la calle a grupos no estatales, antes que asumir el riesgo político de enfrentarlos con la fuerza pública. Que un muerto por la Policía puede precipitar una crisis política, como le sucedió a Duhalde en junio de 2002, ha sido una línea estratégica central durante los tres años y medio de gobierno transcurridos. Sean sindicalistas, piqueteros, estudiantes, vecinos o ambientalistas, se ha optado por no aplicar la Ley, temiendo que hacerlo pueda generar costos políticos. En este marco, lo que sucedió en San Vicente es una manifestación más de esta política. Pero ésta tiene costos institucionales, ya que implica no cumplir la ley y, más tarde o más temprano, los mismos se pagan. A ello se suma que dejar la calle en manos de grupos que protestan, parecería comenzar a tener costos políticos en el corto plazo, como lo muestran los episodios del Hospital Francés y San Vicente, donde aliados del oficialismo han sido protagonistas de hechos violentos. También la inacción frente a los cortes de los vecinos y ambientalistas de Entre Ríos, implica un costo en política internacional. Pese a ello, Kirchner no cambiará en materia de uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley en las calles y rutas.Pero Kirchner, siempre atento a los sondeos, tuvo un cambio en su actitud inicial. Frente a los hechos de San Vicente, que el martes 17 tuvieron horas de pantalla en televisión, al día siguiente prácticamente absolvió a los protagonistas, no mencionándolos y asignando la responsabilidad a una supuesta conspiración para perjudicarlo. Pero las encuestas mostraron que la opinión pública responsabiliza a los sindicatos aliados del gobierno y en particular al titular de la CGT (Hugo Moyano), cuyo hijo quedó políticamente implicado al proyectarse en la televisión cientos de veces la imagen de su chofer disparando con un arma de fuego. Por esta razón, al hablar el día viernes 20, el Presidente criticó directamente a los gremios, buscando neutralizar el costo político que comenzó a tener. Pero simultáneamente, el gobierno nacional ha decidido respaldar a Moyano como titular de la central obrera, neutralizando la ofensiva que desde el propio sindicalismo surgió para desplazarlo, aprovechando su vinculación con los incidentes.
La tesis de la conspiración no parece sustentable y la realidad es que los incidentes fueron precipitados por un conflicto intra-gremial y no por factores políticos o ideológicos. Las barras que se enfrentaron, pertenecen a gremios alineados con Kirchner (camioneros y construcción). Sin bien es cierto que dentro del segundo, la seccional La Plata que protagonizó los enfrentamientos responde relativamente a la conducción nacional del gremio a cargo de Gerardo Martínez, no puede hablarse de alineamientos políticos o ideológicos diferentes. En cambio, aparece en primer plano la mezcla entre barras bravas del fútbol, a su vez vinculadas al delito, con el sindicalismo y la política. Es que si bien la justicia y la policía no actúan para mantener el orden, estos grupos pasan a ser necesarios para la lucha política. En el corto plazo, la pregunta es si este episodio será "histórico", como sucedió en 1983 con la quema del cajón por parte de Herminio Iglesias en el acto final de la campaña presidencial que ganó Alfonsín, o si la dinámica política hará que pase rápidamente a un segundo plano, como sucedió con el llamado "caso López", cuya desaparición cumplió un mes al día siguiente de la violencia de San Vicente y pasó prácticamente desapercibido.