domingo, octubre 29, 2006
No hacer olas hasta las elecciones
Ahora que falta exactamente un año para las elecciones presidenciales de 2007, el escenario económico ideal para el gobierno de Néstor Kirchner sería que todo siguiera como está. La consigna oficial es mantener el consumo interno y la recaudación impositiva batiendo récords; la actividad a pleno; el desempleo en descenso y los salarios en blanco en ascenso, en buena medida con tarifas congeladas y precios contenidos en los rubros más sensibles al índice de inflación minorista. El cuadro se completa con un aumento del gasto público discrecional, que permite transformarlo en un sistema político de premios y castigos sin afectar significativamente el superávit fiscal y con un tipo de cambio real alto, que asegura un superávit comercial aún elevado. La necesidad de no hacer olas con la economía hasta fin de 2007 tiene también un correlato político más cercano. En la medida en que el consumo siga impulsando el fuerte crecimiento del PBI -hasta los economistas más críticos prevén un alza superior al 8% para este año, con un arrastre estadístico de casi 4 puntos para el próximo- hay más margen para que pasen a un segundo plano episodios escandalosos como la batalla peronista de San Vicente. O las inocultables irregularidades previas a la elección de constituyentes en Misiones. Cuando Kirchner convoca a empresas líderes a extender los acuerdos de limitación de precios y ofrece la Casa Rosada como escenario, nadie hace hincapié públicamente en estos impresentables costos políticos o institucionales, por más que en privado no oculten su preocupación. Acuerdos sui géneris Aunque estaba descontada, la prórroga de los acuerdos "voluntarios" también forma parte de una estrategia de marketing político, en la cual el envase cuenta más que el contenido. A diferencia de lo que ocurrió a comienzos de este año, no hubo esta vez difusión de listas y se habló de márgenes en vez de precios. En otras palabras, eso significa que el Gobierno está dispuesto a reconocer algunos deslizamientos de costos para no afectar la rentabilidad empresaria, a condición de que luego los precios permanezcan congelados hasta fin del año próximo. Cuándo y cuánto es una incógnita a despejar en los próximos meses. Por más que discrepen en privado con esta filosofía intervencionista, para la mayoría de las empresas formadoras de precios constituye el mal menor, frente a la temible hipótesis de entrar en conflicto con el Gobierno. En definitiva, el compromiso abarca sólo un conjunto de productos -unos 340 en total-, incluidos en la canasta que sirve de base a la determinación del índice de precios al consumidor y deja relativamente al margen de la rígida vigilancia oficial a otros que no tienen tanta incidencia en la evolución del IPC, lo cual permite compensaciones de precios o de cantidades. A cambio, se aseguran mantener una buena relación con el Gobierno y también un escenario previsible de contención de expectativas, en el cual el aumento de las ventas contrarresta algunos sacrificios de rentabilidad unitaria. El problema, en todo caso, recae sobre aquellas compañías donde el grueso de sus productos se encuentra dentro de la canasta oficial. Si aquí no hay flexibilización, la variable de ajuste pasa a ser la inversión. Algo similar ocurre con muchas de las empresas de servicios públicos privatizados. No está escrito, pero este esquema se completa con una pauta centralizada de aumentos salariales para 2007 como la que el Gobierno negoció con la CGT para este año; pero en niveles más bajos, que las empresas ubican por encima del 10% y por debajo del 15%. Con superávit fiscal, la inflación medida por el IPC no está para subir, pero tampoco para bajar demasiado. Por eso el Gobierno se conforma, para este año y el próximo, con una tasa de un dígito alto (9%), pero un dígito al fin. El problema es que este escenario agudiza las distorsiones de precios relativos. La sensación, especialmente para los sectores de clase media, de que la inflación de bolsillo es muy superior a la "inflación estadística" se ve corroborada por los números. En los primeros nueve meses de este año, mientras el IPC creció 7,1%, los precios regulados (tarifas y combustibles) lo hicieron sólo 2,3% y los acordados, 3,8%, en tanto que los precios libres subieron 10,6%. En otras palabras, mientras el IPC crece a razón de 0,7% mensual promedio, los precios libres lo hacen a más del 1% (14% anualizado). Como suele ocurrir con los controles, es más fácil entrar que salir de ellos. Pero para el Gobierno, esto no figura en la agenda de 2007. Ello, a menos que existan sectores no regulados que busquen tomar la iniciativa para recuperar terreno, como ocurrió con las empresas de medicina prepaga. Un informe elaborado por una de las asociaciones que las agrupan (Ademp) revela que desde fin de 2001, mientras el IPC acumuló 84%, las tarifas del sector se ajustaron 70% y el costo de los insumos, 117%. Es difícil saber si la fuerte reacción oficial obedece a la incidencia del rubro en el poder adquisitivo o al hecho de que el anuncio de ajustes de 18 a 23% para el año próximo (incluyendo algún componente preventivo) ganara la tapa de los diarios sin el visto bueno oficial. Aquí también se produce otra situación curiosa: cada vez que se avecinan aumentos, surgen iniciativas para dictar una ley que regule la actividad, que finalmente nunca se concretan. También es llamativo que el Gobierno dejara trascender la posibilidad de una denuncia judicial por una supuesta cartelización, cuando las propias empresas aducen que es el Gobierno el que las obliga a que cualquier ajuste se aplique sólo una vez al año -previa notificación con 60 días de anticipación a sus afiliados-, que siempre se concentra en enero. Aun así, es más probable que en este sector se termine por negociar antes que por confrontar. En última instancia, los clientes de este sistema privado no disponen de una alternativa equivalente de calidad similar y menor costo. Con políticas que estimulan permanentemente la demanda, a través de precios regulados, congelados o subsidiados, no es fácil evitar que salgan a la superficie otros problemas de oferta. Ya ocurrió con el gasoil, donde no se termina de normalizar el abastecimiento (especialmente para los expendedores sin marca). Y siempre está latente la perspectiva de dificultades en el suministro de energía eléctrica. A pesar de que el sistema superó airosamente la prueba de tres días de intenso calor operando al límite -en parte con importaciones desde Brasil- hubo algunos cortes en algunas zonas, tan poco difundidos como que Cammesa (la operadora mayorista) habría bajado la tensión del suministro para evitar mayores trastornos. También el Gobierno prevé coordinar las paradas de mantenimiento de algunas usinas eléctricas para que no haya sobresaltos en el verano. Llegar hasta las elecciones sin hacer olas con los precios y tarifas es posible, pero no tan sencillo como desentenderse de los problemas que va posponiendo a riesgo de recibirlos, amplificados, en el futuro.
Por Néstor O. Scibona
Ahora que falta exactamente un año para las elecciones presidenciales de 2007, el escenario económico ideal para el gobierno de Néstor Kirchner sería que todo siguiera como está. La consigna oficial es mantener el consumo interno y la recaudación impositiva batiendo récords; la actividad a pleno; el desempleo en descenso y los salarios en blanco en ascenso, en buena medida con tarifas congeladas y precios contenidos en los rubros más sensibles al índice de inflación minorista. El cuadro se completa con un aumento del gasto público discrecional, que permite transformarlo en un sistema político de premios y castigos sin afectar significativamente el superávit fiscal y con un tipo de cambio real alto, que asegura un superávit comercial aún elevado. La necesidad de no hacer olas con la economía hasta fin de 2007 tiene también un correlato político más cercano. En la medida en que el consumo siga impulsando el fuerte crecimiento del PBI -hasta los economistas más críticos prevén un alza superior al 8% para este año, con un arrastre estadístico de casi 4 puntos para el próximo- hay más margen para que pasen a un segundo plano episodios escandalosos como la batalla peronista de San Vicente. O las inocultables irregularidades previas a la elección de constituyentes en Misiones. Cuando Kirchner convoca a empresas líderes a extender los acuerdos de limitación de precios y ofrece la Casa Rosada como escenario, nadie hace hincapié públicamente en estos impresentables costos políticos o institucionales, por más que en privado no oculten su preocupación. Acuerdos sui géneris Aunque estaba descontada, la prórroga de los acuerdos "voluntarios" también forma parte de una estrategia de marketing político, en la cual el envase cuenta más que el contenido. A diferencia de lo que ocurrió a comienzos de este año, no hubo esta vez difusión de listas y se habló de márgenes en vez de precios. En otras palabras, eso significa que el Gobierno está dispuesto a reconocer algunos deslizamientos de costos para no afectar la rentabilidad empresaria, a condición de que luego los precios permanezcan congelados hasta fin del año próximo. Cuándo y cuánto es una incógnita a despejar en los próximos meses. Por más que discrepen en privado con esta filosofía intervencionista, para la mayoría de las empresas formadoras de precios constituye el mal menor, frente a la temible hipótesis de entrar en conflicto con el Gobierno. En definitiva, el compromiso abarca sólo un conjunto de productos -unos 340 en total-, incluidos en la canasta que sirve de base a la determinación del índice de precios al consumidor y deja relativamente al margen de la rígida vigilancia oficial a otros que no tienen tanta incidencia en la evolución del IPC, lo cual permite compensaciones de precios o de cantidades. A cambio, se aseguran mantener una buena relación con el Gobierno y también un escenario previsible de contención de expectativas, en el cual el aumento de las ventas contrarresta algunos sacrificios de rentabilidad unitaria. El problema, en todo caso, recae sobre aquellas compañías donde el grueso de sus productos se encuentra dentro de la canasta oficial. Si aquí no hay flexibilización, la variable de ajuste pasa a ser la inversión. Algo similar ocurre con muchas de las empresas de servicios públicos privatizados. No está escrito, pero este esquema se completa con una pauta centralizada de aumentos salariales para 2007 como la que el Gobierno negoció con la CGT para este año; pero en niveles más bajos, que las empresas ubican por encima del 10% y por debajo del 15%. Con superávit fiscal, la inflación medida por el IPC no está para subir, pero tampoco para bajar demasiado. Por eso el Gobierno se conforma, para este año y el próximo, con una tasa de un dígito alto (9%), pero un dígito al fin. El problema es que este escenario agudiza las distorsiones de precios relativos. La sensación, especialmente para los sectores de clase media, de que la inflación de bolsillo es muy superior a la "inflación estadística" se ve corroborada por los números. En los primeros nueve meses de este año, mientras el IPC creció 7,1%, los precios regulados (tarifas y combustibles) lo hicieron sólo 2,3% y los acordados, 3,8%, en tanto que los precios libres subieron 10,6%. En otras palabras, mientras el IPC crece a razón de 0,7% mensual promedio, los precios libres lo hacen a más del 1% (14% anualizado). Como suele ocurrir con los controles, es más fácil entrar que salir de ellos. Pero para el Gobierno, esto no figura en la agenda de 2007. Ello, a menos que existan sectores no regulados que busquen tomar la iniciativa para recuperar terreno, como ocurrió con las empresas de medicina prepaga. Un informe elaborado por una de las asociaciones que las agrupan (Ademp) revela que desde fin de 2001, mientras el IPC acumuló 84%, las tarifas del sector se ajustaron 70% y el costo de los insumos, 117%. Es difícil saber si la fuerte reacción oficial obedece a la incidencia del rubro en el poder adquisitivo o al hecho de que el anuncio de ajustes de 18 a 23% para el año próximo (incluyendo algún componente preventivo) ganara la tapa de los diarios sin el visto bueno oficial. Aquí también se produce otra situación curiosa: cada vez que se avecinan aumentos, surgen iniciativas para dictar una ley que regule la actividad, que finalmente nunca se concretan. También es llamativo que el Gobierno dejara trascender la posibilidad de una denuncia judicial por una supuesta cartelización, cuando las propias empresas aducen que es el Gobierno el que las obliga a que cualquier ajuste se aplique sólo una vez al año -previa notificación con 60 días de anticipación a sus afiliados-, que siempre se concentra en enero. Aun así, es más probable que en este sector se termine por negociar antes que por confrontar. En última instancia, los clientes de este sistema privado no disponen de una alternativa equivalente de calidad similar y menor costo. Con políticas que estimulan permanentemente la demanda, a través de precios regulados, congelados o subsidiados, no es fácil evitar que salgan a la superficie otros problemas de oferta. Ya ocurrió con el gasoil, donde no se termina de normalizar el abastecimiento (especialmente para los expendedores sin marca). Y siempre está latente la perspectiva de dificultades en el suministro de energía eléctrica. A pesar de que el sistema superó airosamente la prueba de tres días de intenso calor operando al límite -en parte con importaciones desde Brasil- hubo algunos cortes en algunas zonas, tan poco difundidos como que Cammesa (la operadora mayorista) habría bajado la tensión del suministro para evitar mayores trastornos. También el Gobierno prevé coordinar las paradas de mantenimiento de algunas usinas eléctricas para que no haya sobresaltos en el verano. Llegar hasta las elecciones sin hacer olas con los precios y tarifas es posible, pero no tan sencillo como desentenderse de los problemas que va posponiendo a riesgo de recibirlos, amplificados, en el futuro.
Por Néstor O. Scibona
# posted by bocha55 @ 7:24 p.m. 
