domingo, octubre 22, 2006

 
Exodo de magistrados
Una Justicia sin jueces

Dos de cada diez jueces ocupan un sillón que no les corresponde. Los denominados “jueces subrogantes” son el fruto de un mecanismo en el que no participan ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, en el que el propio Poder Judicial se autorreproduce y da a luz un juez provisorio que deviene en (casi) permanente.
Por jorge lanata
22.10.2006 01:46
Dos de cada diez jueces ocupan un sillón que no les corresponde. Los denominados “jueces subrogantes” son el fruto de un mecanismo en el que no participan ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, en el que el propio Poder Judicial se autorreproduce y da a luz un juez provisorio que deviene en (casi) permanente. Sujetos a una de las características esenciales del ser nacional (todo lo provisorio tiende a convertirse en permanente), los “jueces suplentes” son la expresión de una nueva enfermedad endémica que se suma a la falta de justicia: la falta de jueces. Sin contar los jueces de la Corte Suprema, hay en la Argentina 902 jueces titulares, y 193 jueces subrogantes en funciones, con lo que representan el 21% del total, según datos del Consejo de la Magistratura al 15 de septiembre pasado. Las 143 renuncias de jueces producidas en los últimos tres años baten el récord desde el retorno a la democracia, y su origen se reconoce en diversas causas: presiones del poder político sobre los magistrados, hartazgo, desprestigio social, falta de recursos, etcétera. Para el ministro del área, Alberto Iribarne, el éxodo masivo de los jueces obedece a una compulsión jubilatoria: “Noventa y nueve de los ciento cuarenta y tres que renunciaron dijeron que lo hacían para jubilarse”, le explicó a La Nación. —Pero en otros gobiernos también se jubilaban los jueces. ¿Qué explicación le encuentra al récord? —No la hay. De hecho, 2006 será el año de mayor dimisiones de jueces desde la vuelta a la democracia, superando a 1984, año en el que cuarenta y tres jueces de la dictadura decidieron pasar a cuarteles de invierno. Marcela Rodríguez, diputada del ARI y miembro del Consejo, ve el miedo al juicio político como principal motivador de la fuga judicial. “Hay jueces que tienen miedo de quedar bajo la órbita del oficialismo, que va a manejar tanto el Consejo como el Jurado de Enjuiciamiento”, sostuvo. Los pliegos para el nombramiento de jueces se acumulan en el escritorio presidencial: en este caso, el valor de la inacción es el mismo que el del aval, el Presidente especula con las dos vacantes vencidas que debe cubrir la Corte, y, también, con las 47 sillas vacías en los juzgados inferiores. El Consejo de la Magistratura ya le envió las ternas pero el Presidente se niega a jugar al ta te ti. K nombró desde su asunción a más de 130 magistrados,17 en lo que va del corriente año. Otras noventa y cinco vacantes están ahora en el área del Consejo, que estudia cuarenta concursos para cubrirlas. El caso del fuero en lo Penal Económico (bautizado “penal cómico” en el argot de los Tribunales, debido a la mínima cantidad de causas que llegan a una condena firme) de los ocho juzgados en vigencia, cinco están vacíos. La política tentó al primero en irse, Julio Cruciani, quien también se llevó su moñito. El escándalo por el contrabando de armas ayudó a la salida de Julio Speroni, Carlos Liporace y Bernado Vidal Durand se fueron con las narcovalijas y también Jorge Brugo dio los hurras después de juzgar a Domingo Cavallo y Héctor Ricardo García. Los tres sobrevivientes del fuero concilian el sueño con dificultad: el fiscal Rívolo acusó al juez Tiscornia de pedir una coima de cuatro millones de dólares a una empresa acusada por contrabando; Servini de Cubría investiga si el juez Aguinsky incurrió en prevaricato al declinar su competencia y enviar a la Corte el caso de la venta de armas a Croacia; y el juez Artabe fue denunciado por el interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por manejos dudosos en el aeropuerto de Ezeiza. Hay quienes sostienen que Artabe, Aguinsky y Tiscornia miran su equipaje con melancolía con lo que, de sumarse al éxodo, el fuero quedaría vacío. Un buen momento para instalar allí un Auto Mac, o rentarlo como salón de fiestas. SERAS LO QUE DEBAS SER (Y SI NO SERAS SUBROGANTE) El Príncipe de los Subrogantes, el leading case de los jueces suplentes, es, por aclamación, Octavio Aráoz de Lamadrid. Antes, prosecretario de la Cámara de Casación Penal, Aráoz de Lamadrid rindió el correspondiente examen para quedarse con la titularidad del juzgado federal de Juan José “Marlowe” Galeano, y fue aplazado con un uno. Su nota, sin embargo, no sirvió para disuadir a nadie de su destino judicial: actualmente, subroga no un solo juzgado sino dos, también el vacante de Jorge “Cravatte” Urso. Según evaluó la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, el pasado 9 de febrero en el marco del concurso 140, Aráoz de Lamadrid tuvo en su examen no sólo importantes errores de concepto al fallar en una causa teórica, sino también errores de ortografía que lo obligarían a recursar la escuela primaria en el turno noche: “Ha considerar”, por no distinguir “ha” del verbo “haber” de la preposición “a”; “tubiere” por “tuviere”; ”convina” por “combina”; “fasilmente” por “fácilmente”. “Los fundamentos están presentados en forma extremadamente desordenada, y algunos son directamente incorrectos”, dijo la Comisión. El muerto, de todos modos, podía reírse del degollado: de los 33 aspirantes, la mitad sacó menos de cuatro puntos y sólo dos obtuvieron más de siete. Aun así, ganó el que sacó uno. En su presentación a concurso para ser fiscal en Quilmes, no le fue mejor: salió noveno. La meteórica carrera judicial de Aráoz de Lamadrid tuvo su primer traspié en abril, cuando la Sala 1 de la Cámara Federal lo apartó de un caso de narcotráfico por haber perdido 160 kilos de cocaína durante una entrega vigilada. La droga en cuestión había salido de Perú en el marco de un operativo conjunto entre autoriodades judiciales peruanas y la DEA. El subrogante Aráoz autorizó, el 31 de enero, el ingreso de 160 kilos, aunque una constancia actuarial del mismo día, firmada por la doctora Riggi, da cuenta de que el peso total de la droga es de 184,507 gramos. Como todo el mundo sabe, la cocaína tiene un carácter voluble y problemas nutricionales: sube y baja de peso todo el tiempo. Según consta en el mismo expediente, el 2 de febrero el pesaje realizado por Gendarmería Nacional de Salta arroja otra cifra: 188,120 kilogramos, esto es cuatro kilos más que el anterior. La avioneta que trasladaba esta cantidad indeterminada de cocaína, por desperfectos técnicos, aterrizó en Salta. Aunque toda la operación era secreta, ya que se trataba de detener a quienes buscarían la droga en Buenos Aires, la noticia de la avioneta salió publicada al día siguiente, 3 de febrero, en el diario local El Tribuno, que también dio a conocer el destino final: “Agentes de la DEA llevan el cargamento hasta San Fernando”, anunció. Finalmente, la droga celosamente vigilada por Aráoz de Lamadrid llegó al aeropuerto de San Fernando y fue introducida en el baúl de un Mercedes conducido por un colombiano y un agente de Gendarmería, quienes dejaron el auto en un estacionamiento de Congreso, con un rastreador satelital que no funcionaba. La droga, obviamente, “se perdió”. La Sala 1 de la Cámara Federal –Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Horacio Vigliani– llamó la atención de Aráoz por la “falta de prolijidad” y lo apartó del expediente. El perspicaz Aráoz sigue subrogando los dos juzgados y, hace algunas semanas, agregó (sólo por unos días) un tercero: el de Sergio Torres; cobra el salario completo de un juez federal más el treinta por ciento del otro juez que también subroga. Aráoz de Lamadrid tiene otro tábano que le azuza la frente: el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. Ya forman parte de las leyendas de Comodoro Py los escritos de Garrido a Lamadrid, en los que no le reconoce su condición de juez de la Constitución. Garrido los dirige “Al Sr. Prosecretario de Cámara a cargo del Juzgado....”, y antes de solicitarle nada, le recuerda: “Que sin perjuicio de considerar inconstitucional vuestra designación por no ajustarse a las pautas establecidas en los artículos 99, inciso 4, y 114 de la Constitución Nacional vengo, no obstante, a dejar a salvo mi criterio, a presentar...”. Contra viento, marea y chicanas, Aráoz de Lamadrid sigue atornillado a su sillón: cuenta con el apoyo del camarista Martín Irurzun y del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Joaquín Da Rocha. En la base de la pirámide, el mismo Poder Judicial sigue aún sin resolver la situación de 1.198 meritorios que trabajan sin ninguna remuneración en el fuero federal: tienen la misma responsabilidad que cualquier empleado judicial, cumplen horario entre las 7.30 y 13.30 y no cobran un solo centavo. Fueron, en teoría, nombrados el pasado 6 de julio en paritarias entre el Consejo de la Magistratura y el Sindicato de Judiciales, pero el expediente deambula desde entonces por los pasillos del Gobierno, de Presidencia a Economía, de ahí a Presidencia, y así. No tienen obra social ni cobran viático alguno, y son mano de obra esclava de un poder que oscila entre el éxodo y las presiones del Ejecutivo.





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