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Editorial I

La delegación eterna de facultades extraordinarias al jefe de Gabinete por el Congreso dominado por el oficialismo, al igual que la reglamentación aprobada para los decretos de necesidad y urgencia y la reforma del Consejo de la Magistratura, conforma un capítulo más del constante avasallamiento de nuestros principios republicanos, en virtud de la progresiva licuación de los poderes Legislativo y Judicial a manos de su par, el Ejecutivo. Al margen de las críticas desde la alicaída oposición y desde algunos sectores de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, aquellas cuestiones no parecen haber generado gran inquietud en la población, quizá más preocupada por privilegiar la existencia de liderazgos fuertes antes que de instituciones sólidas. Acostumbrados como estamos a analizar los asuntos de carácter público con un criterio de inmediatez, muchas veces perdemos de vista hasta dónde el proceso de degradación institucional que nos aqueja reconoce antecedentes más antiguos de los comúnmente pensados. Si hay un factor fundamental que ha estado presente tanto en las administraciones democráticas como de facto, así como también en las peronistas y radicales, ése ha sido el poder decisivo del príncipe de turno. Uno de los males argentinos, que ya lleva largos sesenta años, es el fenómeno por el cual quienes administran el patrimonio de todos en ocasiones disponen de él como si se tratase de recursos propios. Este proceso de transformación del patrimonio público en privado se conoce con la denominación de patrimonialismo. Ya el sociólogo alemán Max Weber hablaba hacia fines del siglo XIX de este fenómeno, que identificaba con la existencia de un soberano de quien dependía la cosa pública, sin una organización institucional capaz de acreditar un sistema definido de normas cuya aplicación judicial y administrativa estuviese garantizada. El patrimonialismo va a menudo asociado con las prácticas clientelistas, por las cuales algunos ciudadanos -normalmente provenientes de los estratos sociales más bajos, aunque no con exclusividad- se ven forzados a resignar sus derechos políticos para transformarse en una suerte de clientes cautivos de quienes ejercen el poder y gozan de un amplio margen de discrecionalidad para administrar los recursos públicos. Otras características de este tipo de regímenes son la "cooptación" de dirigentes provenientes de diferentes sectores sociales y económicos, tanto como de la oposición; la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, a través de la coexistencia de partidas fijas para gastos corrientes con fondos especiales en manos del Poder Ejecutivo, y la utilización de los subsidios como una herramienta que tiende a beneficiar a los sectores aliados del sector gobernante antes que a una redistribución de la riqueza. Néstor Kirchner, con un desenfado que no se veía desde hace mucho tiempo, le ha dado una vuelta de tuerca más al dominio que tradicionalmente ha ejercido el Presidente en la Argentina. El carácter invasivo del líder se ha visto facilitado por dos características típicas de nuestro país. Por un lado, el peso del Tesoro nacional, que ha puesto en manos del príncipe el arma política más poderosa de estos tiempos: el unitarismo fiscal, esto es, el manejo de la caja fiscal sin coparticipar a provincias y municipios impuestos que les corresponden. Por el otro, la indiferencia de la gran mayoría de la gente. El peligro que encierra esta tendencia es bastante más complejo y serio que el imperio que tiene un partido hegemónico sobre la vida de una nación. El riesgo es que el Poder Ejecutivo, avalado como está por su manejo de las cámaras legislativas, y por la facultad de nombrar y remover jueces y ministros de la Corte casi a voluntad, pase a tener un manejo irrestricto de la vida pública, escudándose en sus títulos democráticos. Una vez que echa raíces, el patrimonialismo democrático es difícil de extirpar en atención a que, cuando se adueña de lo público como si fuese lo propio, lo hace con el concurso de los sufragios recibidos y el desinterés de las mayorías por la suerte del Estado de Derecho. Seamos honestos en reconocer que la reacción ciudadana, categórica y espontánea a la vez, a la hora de ventilar frente a las autoridades la incapacidad oficial para ponerle coto a la ola de inseguridad reinante o de reclamar por los ahorros confiscados, brilla por su ausencia cuando se trata de defender las instituciones de la República. Es cierto que la vida vale más que la división de poderes, pero hay razones para preocuparse cuando se comprueba cómo los sucesivos gobiernos secuestran más y más competencias que corresponden al Congreso y a la Justicia, sin que haya una respuesta directa de la ciudadanía. La manía de manipular al Congreso, como si fuese un derecho adquirido, y la desfachatez de poner y sacar jueces como si fuesen soldaditos de colección, forman parte del patrimonialismo que ya tanto ha degradado institucionalmente a nuestra república. Sólo la voluntad esclarecida de todos puede cambiar las cosas. Claro que para eso debemos tener presente que si somos ciudadanos construiremos una República en serio; si, en cambio, somos simples espectadores no iremos más allá de esta pobre democracia electoral.