sábado, abril 28, 2007

 
La inconsistencia del cortoplacismo
La política del cortoplacismo socava la gestión pública porque las decisiones discrecionales del día a día van a la zaga de los acontecimientos y, como resultado, no hay metas, ni objetivos, ni finalidades y todo se convierte en improvisación, azar e incertidumbre.
Cuando un individuo carece del sentido de su propia vida, adopta el más necio de los criterios para actuar y se preocupa sólo de lo que va a ocurrirle en los próximos minutos. Este criterio hedonista, de actuar a medida que las cosas surgen sin asumir una conducta ética, parece pragmático y astuto, pero resulta demoledor y caótico porque dicho individuo no sabe adónde va, ni tampoco lo que pretende hacer de su vida. Se convierte en marioneta de los acontecimientos en lugar de construirse un entorno más armonioso para vivir mejor. Exactamente de la misma manera se comporta el Gobierno cuando toma decisiones políticas sólo en función de “aquello que pueda salir mañana en la tapa de los diarios”. Esta extraña forma de gobernar deja la impresión de una enorme torpeza, como si se actuara a tontas y a locas, sin discernimiento ni reflexión, aderezado todo ello con el desprecio por las reglas de la cortesía y la puntualidad. Medidas incoherentes En casi todos los campos de la acción del Gobierno puede apreciarse hoy un cortoplacismo sin horizontes. Nadie sabe adónde vamos y sólo predomina la obsesión de hacer lo imposible para ganar las próximas elecciones de octubre. Por eso actúan de la manera en que lo hacen, torpemente y sin discernimiento ni reflexión. Muchas y variadas son las percepciones de esta incoherencia cortoplacista que anida en las acciones del Gobierno: • Para dominar a los jueces, se desarmó el Consejo de la Magistratura y se lo reemplazó por una mayoría gubernamental que permite nombrar jueces adictos y despedir a los no sumisos. • Para manipular la moneda, preparan un proyecto que elimina la autonomía del Banco Central, que no sólo convertirá a esa institución en un chinchorro del Poder Ejecutivo para sus políticas distributistas, sino que le permitirá echar mano a las reservas tal como se hizo en Santa Cruz. • Para contener la demanda de aumentos salariales, planteada por trabajadores que ven disminuida su capacidad de compra, utiliza a dos o tres sindicalistas venales y anuncia topes de aumentos uniformes para todos, sin tener en cuenta la rentabilidad de cada empresa, ni su productividad y tampoco la particular situación de cada localidad. • Para frenar las protestas por aumentos generalizados de precios, no encontró mejor receta que manipular los índices a su antojo y destruir así la delicada trama del INDEC, lo que ultraja a su personal y altera irracionalmente la metodología de cálculo. • Para seguir apoderándose de la tajada de dinero que brindan las retenciones a las exportaciones, sobrevalúa el dólar comprando divisas con emisión monetaria que luego debe absorber mediante un endeudamiento a tasas disparatadas. • Para reducir la ola de inseguridad, se esfuerza por definirla como una mera sensación alentada por los medios de comunicación y procede a dibujar estadísticas que muestran la baja de los delitos más denigrantes. • Para parar los justos reclamos de justicia y seguridad, descalifican a quienes reclaman mayor protección policial acusándolos de ser represores encubiertos, mientras que el propio presidente se jacta de ser el paladín de la tolerancia. • Para eludir las leyes laborales que imponen cargas excesivas, adulteran los conceptos salariales en el sector público de médicos y docentes, creando absurdas calificaciones: aumentos no remunerativos, adicional por título, antigüedad ocupacional, compensación por zona desfavorable, suma fija no bonificable, bonificación por presentismo, incremento no bonificable, recupero salarial y desarraigo. En el fondo, esta clase de medidas de la “nueva política” señalan una real enajenación de sus autores, quienes, por otra parte, no demuestran tener criterios normales porque odian todo lo que huela a principios morales, aborrecen a quienes mantienen firmes convicciones, sienten desprecio por la policía y aversión por las Fuerzas Armadas, se enfurecen con las exigencias de la disciplina, muestran su fobia al sentido del deber y se encolerizan cuando alguien habla de obediencia o de respeto a los mayores. En sus corazones parece reinar el desamor y en sus conciencias dominar el resentimiento. Causas de la inconsistencia Cuando se adopta la política del cortoplacismo, automáticamente se crea una inconsistencia que socava la propia gestión pública, porque las decisiones discrecionales del día a día van a la zaga de los acontecimientos. El resultado es la pérdida total del rumbo y entonces van a la deriva. En el cortoplacismo no hay idea alguna sobre el futuro y no hay manera de saber cuál es la estrategia adoptada porque no hay metas, ni objetivos, ni finalidades y todo se convierte en improvisación, azar e incertidumbre. Dos son las causas profundas de esta inconsistencia. La primera es la repudiable regla de la reelección, que despierta en el gobernante una ilimitada codicia y condiciona todos sus actos, sus gestos y decisiones en aras de la ambición de ser reelegido para permanecer en el cargo. Desde que apareció este espurio principio constitucional, por confabulación de Carlos Menem y Raúl Alfonsín, nuestros gobernantes dejaron de pensar y actuar en función del largo plazo. Se involucraron en una campaña electoral permanente, autoconvenciéndose de que, si no lo hacen, comenzarían a perder poder desde el primer día de su mandato. Por eso, en la Argentina el poder dejó de ser servicio para transformarse en egoísmo autista, donde el gobernante se encierra en sí mismo, pierde contacto con la realidad y deja de comunicarse con la gente. La segunda causa es la ignorancia supina que caracteriza a nuestros gobernantes. No tienen conocimiento de que las medidas económicas que ellos adoptan producen dos clases de efectos: los efectos primarios o impactos y los efectos secundarios o inducidos. Los efectos primarios generan consecuencias inmediatas, son exitistas y aptos para la propaganda oficial. Los efectos secundarios, en cambio, provocan resultados inducidos después de un tiempo y no resultan ser tan favorables. Todo el mundo puede contemplar los efectos primarios, porque sus frutos se ven pronto e ingenuamente son atribuidos a la bondad de quienes gobiernan. Pero los efectos secundarios, por el contrario, no se pueden apreciar con inmediatez, se producen después de un lapso desvinculado de las circunstancias que promovieron la medida y tienen una prolongada duración. Cuando se actúa con criterios del cortoplacismo, los efectos secundarios casi siempre neutralizan el efecto de las medidas-impacto y, en muchos casos, esas consecuencias derivadas provocan resultados contrarios al impulso inicial, que lo desbaratan por completo. Sin embargo, como transcurren después de un tiempo y muy pocos tienen la suficiente inteligencia para relacionarlos, casi siempre terminan atribuyéndose a secretas conspiraciones de individuos con intenciones perversas. Recomendaciones del pasado Las cosas se están complicando demasiado para el gobierno. El propio presidente hace ya bastante tiempo que no puede entrar en su casa de Río Gallegos y pasa largos fines de semana en El Calafate. Este sosiego patagónico debiera aprovecharlo reflexionando sobre su propia vida. Para encontrar algún sentido a su papel de primer magistrado de la Nación, quizás debiera leer un pequeño librito que escribió uno de los grandes sabios que en el mundo han sido. Se trata de Lucio Anneo Séneca (2 AC - 65 DC), gran filósofo latino, hijo del anterior senador durante el reinado de Calígula, uno de los más preclaros maestros estoicos y preceptor de emperadores romanos. En sus obras “Sobre la brevedad de la vida” y “De la tranquilidad del alma”, se dirigía a sus excelsos alumnos enseñándoles a tener fortaleza de ánimo y austeridad de vida con estas emocionantes palabras: “Adopta tus decisiones como si fueras a vivir para siempre y no trates de actuar como si la vida fuera breve, porque perderás el tiempo ocupándote de cosas fútiles que te distraerán.El ansia de proveerte de fama y dinero te disipará, impidiéndote descubrir la ley moral que habita en tu interior.Si no tienes el indispensable recogimiento, perderás el sentido de tu existencia con una vida descontrolada. Para encontrar ese sentido te será necesario cultivar la paciencia y la templanza.La vida adquiere sentido cuando las preocupaciones más importantes no son las de tus intereses particulares sino: la práctica de las virtudes, el afecto a los demás, el olvido de los odios y resentimientos, la práctica del arte de vivir y también… la del saber morir, pero ante todo, el logro de una profunda paz interior en tu alma.”

 
Organización institucional y comportamiento empresarial
Los empresarios analizan la variable institucional como un dato más del mercado y exigen una rentabilidad que esté en línea con la inversión que realizan y los riesgos que corren al hacerla. Por eso, incluso los países con políticas públicas irracionales captan inversiones, aunque en menor cantidad y de menor calidad que las que atraen los países respetuosos de las reglas de juego.
Hace algunas semanas, intenté mostrar por qué la gente tiene que preocuparse por el tema institucional y cómo la ausencia de instituciones puede afectar la vida diaria. En esa oportunidad señalé que, si bien el tema institucional estaba tomando cada vez más difusión, la gente todavía no terminaba de relacionar tan estrechamente esa cuestión con sus derechos. En esta nota quiero detenerme, particularmente, en el comportamiento empresarial respecto al problema institucional. ¿En qué medida le interesan al empresariado las instituciones? ¿Es tan diferente el interés del capital por este tema que la preocupación al respecto de los no empresarios o, para economizar palabras, de la gente común (es decir, del pequeño comerciante, del profesional o del empleado)? En líneas generales, los empresarios de todo el mundo buscan maximizar sus utilidades. Ésa es la función empresarial. El debate sobre lo que hoy se conoce como la responsabilidad social corporativa o empresarial queda para otro momento dado que sobre este punto hay mucha tela para cortar. Ahora bien, ¿define la calidad institucional de un país la tasa de inversión? Si por calidad institucional entendemos estabilidad y bondad en las reglas de juego que impera en una economía, la respuesta es sí. Dicho en otras palabras, al margen de si un país tiene una democracia ilimitada, es decir una democracia en la cual se vota pero los elegidos para la función pública hacen un uso indebido del monopolio de la fuerza que se les delegó, los empresario ven si las reglas de juego le convienen a su negocio y cuán estables pueden ser. Aun con reglas de juego inestables, siempre se produce algún tipo de inversión porque en los países sin gobiernos subordinados a la ley se producen alianzas entre algunos sectores empresariales y el poder político a los efectos de obtener rentas fuera de las reglas de la competencia. Subsidios, proteccionismo y demás mecanismos son utilizados en una especie de orgía de corrupción y, luego, son mostrados como logros de la confianza que supuestamente consigue el gobierno de turno para captar inversiones. El punto a considerar es que esas inversiones requieren de una alta tasa de rentabilidad. En primer lugar, porque las utilidades son muy inestables debido a que dependen del humor del funcionario de turno. Un simple decreto o resolución puede anular el negocio. En ese caso, el gobernante tiene agarrado por el cuello al inversor y éste lo sabe antes de entrar en el negocio, por lo tanto actúa en consecuencia. En segundo lugar, porque el esquema de corrupción que produce este tipo de inversiones eleva los costos de producción. Las coimas que hay que pagar para obtener la firma del funcionario de turno y conseguir el privilegio correspondiente son un costo de producción más en este tipo de organización institucional, costo que puede encararse porque el mercado está cerrado a la competencia sin alternativas para el consumidor o bien porque el costo de entrada es muy bajo ya que algún empresario decidió salirse del negocio. Como el valor de los activos tiende a cero en la medida que el Estado actúa en forma arbitraria, muchas veces un empresario puede estar dispuesto a regalar su empresa con tal de no seguir asumiendo pérdidas o de ser humillado por el autócrata de turno. Es como si un pequeño comerciante tuviera que pagarle a la mafia un canon de protección. Ese pequeño comerciante inevitablemente tendrá más costos de producción. Por lo tanto, podemos afirmar que las organizaciones institucionales en las cuales los gobiernos no se subordinan a la ley son organizaciones similares a las de un sistema mafioso. En un sistema mafioso, el “capo mafia” puede incrementarle en cualquier momento al comerciante el costo de “protegerlo”. ¿Qué hace el comerciante en ese caso? Como está desarmado frente a la fuerza bruta de la mafia, paga el mayor costo, pero su inversión va a ser reducida. La habilidad del mafioso consistirá en cobrar el mayor precio por protección, sin que llegue a un nivel que haga que el comerciante se mude de barrio. Sin embargo, el comerciante no hará inversiones mientras el mafioso siga imponiéndose en esa zona. Un mafioso ineficiente no tendrá en consideración la tasa de rentabilidad del comerciante y lo exprimirá hasta que su negocio quiebre. En ese caso, el mafioso ineficiente perderá su negocio o tendrá que buscarse otro barrio para “ganarse la vida”. ¿Qué lugar elegirá el comerciante si decide mudarse? Un barrio en el cual no haya organizaciones mafiosas. Con los países ocurre lo mismo que con las organizaciones de tipo mafioso. En los países en los cuales las reglas de juego dependen del capricho de un autócrata (poco importa si el autócrata llegó al poder por los votos o por la fuerza), la tasa de inversión es menor a la de los países en que existen gobiernos con un alto grado de subordinación a la ley. Dentro de estos dos tipos de organización institucional (del tipo mafioso y no mafioso), habrá empresarios dispuestos a asumir sólo alguno de los dos riesgos (el institucional y el del mercado) y otros que se arriesgan a ambos. Sin embargo, incluso aquellos que se atreven a invertir bajo una organización mafiosa consideran siempre el riesgo de perder su capital por actos del autócrata y, en consecuencia, exigen una alta tasa de rentabilidad por asumir el riesgo mafioso.Al inversor poco puede interesarle qué tipo de organización impera en un país siempre y cuando la rentabilidad esperada esté en línea con la inversión que realiza. O, si se prefiere, analiza la variable institucional como un dato más del mercado. Por eso Rusia y China hoy reciben inversiones o se compran bonos de países con políticas públicas irracionales. Los países sin tradición democrática y republicana también pueden tener inversiones. Porque a la hora de hacer las cuentas poco interesa si existen libertades civiles y políticas. Pero dónde sí hay una gran diferencia es en la cantidad y la calidad de las inversiones que reciben países con gobiernos sujetos a la ley y países con gobiernos autocráticos (elegidos o por la fuerza). Esto explica la razón por la cual los gobiernos autocráticos populistas siempre terminan muy mal: no logran generar la suficiente cantidad de inversiones como para crear la riqueza necesaria para mantener a las masas en calma. Los costos de producción en un sistema mafioso o populista son más altos, sobre todo por la corrupción que impera. Podríamos decir, entonces, que las autocracias populistas son iguales al comportamiento del mafioso ineficiente, porque no hay nada más cobarde que los capitales, que terminan mudándose de barrio saturados de tanta explotación y arbitrariedad. Sólo unos pocos cortesanos del autócrata permanecerán hasta el final o le darán la espalda ni bien perciban que el autócrata empieza a perder poder. El problema es que el autócrata cree que tendrá el poder para siempre y difícilmente cambie de comportamiento. Cree que siendo más cruel y arbitrario logrará controlar el descontento popular sin darse cuenta que ese camino lo lleva a ser cada vez más rechazado por la gente y que los capitales saldrán espantados buscando otros barrios más seguros. Es decir, donde no haya un “capo mafia”.

 

Inflación, inversiones y reservas: Redrado vive días de incertidumbre
Quienes participaron del encuentro del World Economic Forum en Santiago de Chile escucharon a Martín Redrado, presidente del Banco Central, disertar en un escenario donde fue casi absoluto la condena a las políticas económicas que se aplican en países como la Argentina. La presentación de Redrado ocurrió en días cuando crece el debate en el gobierno de Néstor Kirchner acerca del destino de las reservas del BCRA:
28/04/2007 09:38

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Hernán Martín Pérez Redrado.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La reunión del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) sobre América Latina concluyó en Santiago de Chile con un llamado de Michelle Bachelet a profundizar confianzas de los inversionistas, única forma de superar cuanto antes la exclusión social en estos países.
En el foro, que calificó muy mal a la Argentina como receptor de inversiones internacionales para aumentar su infraestructura, estuvo Martín Redrado, quien no pudo impedir muchas especulaciones entre empresarios con negocios en el país acerca del destino que Néstor Kirchner le dará a las reservas excedentarias del Banco Central de la República Argentina.
La cancelación de la deuda argentina con el FMI por US$ 9.530 millones fue posible debido a un nuevo encuadramiento legal que aprobó el Congreso. Luego de las modificaciones introducidas, el Central sólo tiene obligación de mantener un nivel de reservas tal que permita cubrir la totalidad de la base monetaria.
Al resto se la considera de 'libre disponibilidad'. El monto que queda bajo esta figura asciende a US$ 11.000 millones.
La legislación establece que sólo se pueden utilizar para cumplir con pagos a organismos multilaterales de crédito. Cualquier cambio debe ser aprobado por el Congreso, y precisamente hay un debate político creciente en el oficialismo al respecto.
El Banco Central preferiría reprogramar o cancelar el pasivo con el Club de París. Pero el Ministerio de Economía afirma que precisa de financiamiento para la creación del Banco del Sur. El Ministerio de Planificación e Infraestructura apoya esta posición porque, precisamente, no hay capitales extranjeros interesados en invertir en infraestructura en la Argentina. Pero también hay un sector del 'kirchnerismo transversal' que habla de la deuda social y de la necesidad de priorizar ese compromiso a la hora de gastar las reservas.
Las reservas ya llegan a US$ 38.000 millones y llegarán a los US$ 40.000 millones en junio. La expectativa es que a a fin de año supere los US$ 46.000 millones. En tanto, el stock de la deuda emitida por el Central asciende ya a casi US$ 17.000 millones, con un costo que se estima de 7% anual en pesos.
Precisamente cómo pagar la deuda social y provocar el 'derrame' distributivo (todos coinciden en que esta ausencia provocó el deterioro del apoyo popular al Consenso de Washington y los años '90), fue el eje del encuentro que se mudó de Davos, Suiza, a Santiago de Chile (alguna vez se hizo en la Ciudad de Buenos Aires durante los años de Carlos Menem, imposible hoy día).
Para relacionarse con los inversionistas en forma positiva, Michelle Bachelet planteó, en su discurso en el salón principal del complejo CasaPiedra, que un elemento clave a profundizar en Chile y la región, es "generar confianza, y esto significa dar señales claras a los inversionistas (...) y asegurar marcos regulatorios comprensibles y objetivos. Lograr mayor estabilidad en el flujo de inversiones, de manera de evitar las consecuencias de la volatilidad".
Ella afirmó que es "clave" para cada nación latinoamericana que, junto con fomentar el crecimiento económico, deben generar las condiciones para avanzar hacia sistemas más amplios de protección social.
Luego: "No me cansaré de repetirlo. El tema de la exclusión social es algo que debemos abordar con la mayor de las energías ahora, ya".
"La verdad, creo más en valores qué en recetas y soy pragmática en el sentido de saber leer la realidad y escoger la mejor manera de llevar adelante mis ideales, y en ese sentido, yo creo en los modelos que funcionan, que son capaces de garantizar una economía pujante y dinámica, que lleve de la mano más justicia social", dijo Bachelet.
Según ella, pese al buen momento económico que pasa Latinoamérica, con buenos precios de las materias primas y, en general, escenarios fiscales estables en los distintos países, el problema de la distribución del ingreso debe ser prioridad central en las políticas económicas.
Bachelet planteó la "gigantesca necesidad de fortalecer las instituciones multilaterales".
Así como a fines de los '80 se acuñó el término Consenso de Washington para alinear la visión neoliberal de entidades basadas en esa ciudad, como el FMI y el Banco Mundial, el World Economic Forum postuló el Consenso de Santiago para hablar de reformas de nueva generación.
El Consenso de Washington se identificó con la necesidad de un crecimiento ordenado, cuentas fiscales sanas, inflación controlada y espacios para el libre comercio, pero el WEF propuso que el nuevo paradigma apunte a metas sociales y de innovación tecnológica.
La reciente renuncia del superintendente de Valores y Seguros, Alberto Etchegaray, abrió en Chile un nuevo flanco de incertidumbre que se suma a la efervescencia popular que vive el país luego de los desacuerdos políticos para sacar adelante el proyecto de depreciación acelerada -iniciativa de Hacienda para apuntalar la inversión-, los problemas del plan de transporte público, las revueltas estudiantiles y las críticas al nuevo proyecto de Educación gubernamental.
Enb el ámbito de la economía y los negocios, las opiniones van por el lado que hay un "blindaje" producto del pasado buen manejo fiscal y monetario del país, que permite que las repercusiones de lo que ellos llaman "efervescencia social" no pase a mayores.
"La impresión que hay es que la presidenta Michelle Bachelet avivó mucho las expectativas de lo que sería su gobierno y cumplir esas múltiples expectativas le ha resultado muy difícil", señaló el economista de American University y ex analista de ABN Amro, Arturo Porzecanski.
Él agregó que Chile sufre una brecha entre las altas expectativas generadas y la realidad. "El precio del cobre puede subir, pero mejorar la educación, la salud pública, la dependencia (respecto de) la Argentina son proyectos de largo plazo y de más años que de un solo período presidencial". Sin embargo, para World Economic Forum, en su ´Índice General de Atracción de Inversiones Privadas en Infraestructura', Chile sigue siendo el mejor de la región. País y Puntaje: 1. Chile 5.6 2. Brasil 4.4 3. Colombia 4.3 4. Perú 4.2 5. México 4.0 6. Uruguay 4.0 7. El Salvador 4.0 8. Guatemala 3.6 9. Argentina 3.4 10. Venezuela 3.4
Los 8 pilares que utiliza el estudio para evaluar el atractivo de los países son: a)Ambiente macroeconómico, b) Regulaciones, estatutos legales, normas para la resolución de controversias, c) Riesgo político, d) Acceso a la información, e) Sofisticación y desarrollo de mercados financieros, f) La historia del país en inversión privada en infraestructura durante los últimos 15 años, g) Las relaciones entre el gobierno y la sociedad tomando en cuenta la voluntad de pago de servicios de infraestructura, h) Preparación del gobierno para manejar y facilitar estas inversiones.
Según el estudio, las condiciones generales de inversión en la Argentina, Bolivia y Venezuela son pobres.
"El desafío para estos países es adoptar una agenda de reformas que apunten a la mejora del clima de inversión en general”.
En ese marco se presentó en el evento Martín Redrado, presidente del Banco Central.
El debate, que contó también con la presencia del canciller brasileño, Celso Amorim; y el director gerente del FMI, John Lipsky; concluyó con que los principales lineamientos de las políticas latinoamericanas deben enfocarse en aumentar la inversión en innovación y en infraestructura.
Tambien profundizar los mercados de capitales y mejorar la coordinación público-privada.
Redrado enumeró las condiciones fiscales, monetarias y financieras para una mayor competitividad, y pidió una participación más activa de los organismos multilaterales para cumplir con esos objetivos.
Es interesante que Redrado formule llamados a la mejora de la competitividad en los foros internacionales, cuando no es un tema de interés en lo doméstico para el gobierno de Néstor Kirchner.

 
Qué pasó entre Paolo Rocca y el gobierno de Kirchner? (Las pymes afuera del 'modelo')

Desde que EDICIÓN i publicó la siguiente nota (Nº151) ocurrieron 2 acontecimientos: Techint mermó cualquier inversión en Roberto Lavagna y Paolo Rocca intentó el diálogo directo con Cristina de Kirchner en México. El diálogo parece recuperado, sin embargo, el fondo de la cuestión se encuentra sin cambios y será parte del agitado debate que llega sobre la política económica que viene.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (EDICIÓN i). En menos de dos semanas, la situación de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) provocó dos enfrentamientos. Por un lado, la no muy representativa CAME calificó a los bancos de “usureros”, lo que generó la respuesta de las entidades extranjeras. Por el otro, la ministra de Economía, Felisa Miceli, salió al cruce del presidente de Techint, Paolo Rocca, quien reclamó mayor financiamiento para el sector. En el medio, hay sospechas de algunos economistas que las ventajas competitivas que permitieron la apertura de casi 300.000 pymes entre 2002 y 2004 se estén agotando. La falta de respuestas gubernamentales, en un año electoral, podría ser más grave que la merma de las ganancias y la falta de financiamiento para estas pequeñas compañías.

PAOLO ROCCA

Fue la pelea menos esperada. Paolo Rocca, presidente de Techint, el holding industrial más grande de la Argentina, sostuvo que “las pymes necesitan rentabilidad para crear capital. Para capitalizarse necesitan reinvertir utilidades y crear capacidad productiva” y agregó que “la falta de inversión” en las industrias es la que provoca la mayor importación, por deficiencia para atender la demanda creciente en el mercado interno.

No eran expresiones nuevas en boca de Rocca ya que el Grupo Techint y uno de sus principales ‘think tank’ locales, Fundación Observatorio Pyme, viene advirtiendo de los mismos problemas desde hace casi un año (tal como lo reseñó EDICIÓN i Nº 125 el 26 de septiembre de 2006).

Sin embargo, esta vez hubo un cambio: la ministra de Economía, Felisa Miceli, por orden de la Casa Rosada, salió a responderle al influyente industrial y sostuvo que “durante el año pasado, el crédito bancario destinado a las pymes creció un 30%, alcanzando las financiaciones bancarias a las Pymes un stock de más de $25.000 millones a diciembre de 2006. Esto ha sido muy beneficioso para fortalecer el tejido productivo que no se reduce, como tampoco la inversión, al crecimiento de un sector en particular sino que abarca a todos.”

Ella agregó: “Entre algunas de las medidas que tomamos para fortalecer el crecimiento lanzamos un sistema de bonificación de tasas a créditos que permitió a más de 15.000 pymes acceder a financiamiento por más de $ 1.500 millones. También se implementó el Programa Global de Crédito, el cual ofrece crédito a las Pymes por un monto total de $ 1.000 millones, a tasas fijas en pesos al 8,9% anual”.

Y remató: “Además, se puso en marcha la Ley de Promoción de la Industria del Software, donde se inscribieron alrededor de 90 empresas de las cuales cerca de 50 exportan un promedio del 34% del total facturado y 65 invierten en investigación y desarrollo”.

El presidente de Techint (una empresa fundada en la Argentina con capitales italianos y que hoy es una multinacional con sede en paraísos fiscales europeos y su familia controlante en Italia) había sostenido que medidas que estimulen la reinversión de utilidades, como el proyecto de Ley que exime del Impuesto a las Ganancias que está frenado en el Congreso, “son fundamentales para acompañar el crecimiento”.

Incluso, fue más duro con el gobierno cuando sostuvo que “si al final de un ciclo largo nos vamos a encontrar sin haber contribuido con inversiones, creo que vamos a pensar que habremos perdido una gran oportunidad”. Esto lo dijo en el panel de apertura de la 4ta. Conferencia Anual de la Fundación Observatorio Pyme, que se llevó a cabo en el porteño hotel Sheraton Libertador.

Al día siguiente, Miceli salió a defender la política oficial en materia de promoción de inversiones, recordando algunos de los programas implementados por el Gobierno y a las estadísticas que dan cuenta del incremento de los desembolsos de las empresas, aunque tergiversando algunos números.

La ministra sostuvo que “la tasa de inversión de la economía argentina es hoy la más alta de los últimos 20 años. En este sentido, es necesario considerar que nuestro gobierno ha hecho, hace y hará un gran esfuerzo para incentivar la inversión así hemos logrado que en términos del producto bruto pase del 16,8% a fines de 2003, a más del 23% sobre el final del 2006”.

Sin embargo, Miceli nada dijo del proyecto de Ley mencionado por Rocca, dado que la Casa Rosada, si tuviera interés, en un año electoral, habría forzado a diputados y senadores a aprobar el tema, como ya hizo con otras decenas de proyectos, o hubiese realizado otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

No fue una casualidad la crítica de Rocca. Ocurrió horas más tarde que el Ministerio de Economía, a través de una de las gacetillas de prensa que rutinariamente difunde los domingos para que aparezca en los diarios económicos del lunes, defendió la política de financiamiento a las pymes que existe hoy en el mercado.

Según el comunicado oficial, el financiamiento bancario a las pymes creció un 29,3% durante el año pasado, acumulando un stock de $ 25.119 millones y destacó que “el incremento de la cartera pyme fue superior en casi 10 puntos porcentuales respecto del total de créditos otorgados. Su participación pasó de 18,3% a 19,8%”.

El trabajo destaca que “si bien todos los bancos aumentaron, se destacaron las entidades cooperativas (62,5%), seguidas por los bancos privados nacionales (34,2%), los privados extranjeros (27,6%) y los públicos (18,7%)”.

Además, Economía sostuvo que “los bancos que prestan más a las pymes como proporción de la cartera total son los cooperativos (48,6%), luego los privados nacionales (23,5%), los públicos (17,4%) y los privados extranjeros (16,3%)”

Desde el ministerio, aprovecharon para resaltar el apoyo que otorga el Estado a través del Programa de Bonificación de tasas de interés a través del cual se otorgó un subsidio de $ 1.282 millones y recordaron que el financiamiento obtenido por las pymes a través del mercado de capitales creció 85,1% el año pasado, llegando a $ 774,8 millones.

“Para alcanzar ese monto, las empresas descontaron cerca de 19.000 cheques de pago diferido por un total de $ 436 millones, emitieron 9 obligaciones negociables pymes por un total de $ 13,2 millones y 26 fideicomisos financieros por $ 319 millones. Por su parte, dos pymes abrieron su capital obteniendo financiamiento por un total de $ 6,6 millones”, recordó Economía.

Para este año, sostuvo el Palacio de Hacienda “las proyecciones son mejores aún, pues según datos de la Comisión de Valores durante el primer trimestre la financiación a las pymes a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires alcanzó la cifra record de $ 263 millones. El sector negoció unos $ 153 millones en cheques de pago diferido, $ 108 millones en fideicomisos financieros y $ 1,75 millón en obligaciones negociables. Tomando como testigo el 1er. trimestre, que se sabe que es el peor del año, y multiplicándolo por cuatro, 2007 contaría con un piso de $ 1.000 millones”, detalló.

ACLARACIONES

Como ocurre últimamente con los comunicados oficiales, siempre hay que hacer aclaraciones:

> El stock de créditos para las Pymes puede ser hoy mayor que durante la convertibilidad, medido en pesos ($ 25.119 millones a diciembre de 2006 contra $ 15.600 millones en 2000), pero hay que recordar que para 1998 las empresas industriales habían obtenido financiamiento bancarios por $/US$ 23.880 millones, además de $/US$ 2.000 millones en ofertas públicas de acciones y cerca de US$ 35.000 millones de deuda en bonos.

> Cuando se habla en el comunicado oficial de “bancos cooperativos” se trata sólo del Credicoop, con lo cual, muestra un comportamiento muy por encima del resto del mercado.

> Es interesante que los bancos privados (ya sea nacionales o extranjeros) hayan aumentado más su financiamiento a las Pymes que las instituciones oficiales .

¿Será porque las pequeñas y medianas empresas no le interesan al gobierno?

> Cuando se habla de préstamos sobre cartera, los bancos públicos cuentan con gran cantidad de operaciones fruto de la refinanciación de viejos pasivos casi incobrables, mientras que los bancos privados se refieren, casi en sus totalidad, a financiaciones nuevas.

CAME vs. ABA

Cuando Economía destacaba el financiamiento a las pymes, Paolo Rocca reclamaba incentivo a las capitalizaciones y el Palacio de Hacienda respondía los pedidos del empresario, la poco representativa Confederación Argentina de la Mediana Empresa (llamada antes Cámara de Actividades Mercantiles) que conduce eternamente el ex ‘menemista’ Osvaldo Cornide, lanzó una campaña contra las entidades financieras que tanto alababa Economía.

A través de una primera solicitada en los medios y carteles en la vía pública, CAME sostuvo que “la especulación financiera en la Argentina resta crédito a las Pymes y absorbe miles de millones de pesos del mercado de consumo” y destacó que “la especulación financiera deja sin crédito a las pymes”.

Luego de afirmar que “la situación es preocupante”, CAME sostuvo que muchas pymes, ante la imposibilidad de obtener créditos directos del sistema financiero, terminan por recurrir a las líneas de financiamiento personal que tiene los mayores costos del sistema.

La entidad sostuvo que por un crédito personal los bancos cobran hasta 69,86% anual, que el stock otorgado del segmento llega a $ 14.000 millones, con un costo financiero promedio de 42,5% anual.

Por su parte, “en instituciones no bancarias la tasa para un préstamo personal llega a 98% anual”, sostuvo la entidad.

Según explicó, quien solicita un préstamo a un plazo de dos años por $ 5.000 con un costo financiero de 70% anual, al final del periodo le estará devolviendo al banco $ 9.405, 88% más del monto solicitado.

Y por un préstamo de $ 7.000 en las mismas condiciones pero a 30 meses, al final del plazo se estarían devolviendo $ 13.998, es decir, se pagaría el doble de lo que se solicitó.

En un intento por forzar al gobierno a regular la tasa de interés, CAME concluye su primera solicitada sosteniendo que “si los Bancos cobran tasas abrumantes por créditos personales, ¿qué incentivos tienen para asignar préstamos a las Pymes?”, cuestionó la entidad.

De inmediato, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) que reúne a las instituciones crediticias extranjeras emitió un comunicado de prensa donde aseguró que el informe de CAME contenía “informaciones erróneas” y destacaron que “el ejemplo utilizado por CAME se refiere a un caso específico y de ningún modo representa la situación actual”.

ABA agregó: “El promedio ponderado del Costo Financiero Total de los préstamos personales que surge de la información que publica el Banco Central para el conjunto del sistema bancario alcanzó en febrero último 26,2% anual, muy inferior al costo de 42,5% anual que CAME utiliza para sacar las conclusiones que ha difundido en la víspera”..

Además, los bancos señalaron que “la diferencia entre el Costo Financiero Total y la tasa de interés de los préstamos tiene otros componentes, entre los que se destaca la presión impositiva”. Así, sostuvo que si se quitara sólo el Impuesto al Valor Agregado, el Costo Financiero Total caería de 26,2% a 21,5% anual.

ABA señaló “no hay duda de que el consumo ha tenido un rol protagónico en la recuperación de las pymes en el país” pero señaló que “el crédito bancario, a su vez, ha sido el principal impulsor del consumo, ya que sólo durante 2006 los préstamos personales bancarios crecieron casi $ 5.700 millones, un 77,1%, gran parte de los cuales se destinaron a consumo”.

Más adelante explicó: “Sorprende que se afirme que no hay crédito para la producción y el consumo cuando los préstamos bancarios para financiar la producción y el consumo están creciendo a un ritmo que oscila entre 30 y 70%, según sea la línea”.

Y ABA remató: “Los créditos nuevos a empresas de menos de $ 1 millón crecieron el año pasado 62% respecto del año 2005, lo que claramente contradice la afirmación de que las pymes en la Argentina no tienen crédito”.

La respuesta de CAME no se hizo esperar. La entidad sostuvo que ABA “señala que el costo financiero total promedio de un crédito personal es de 26,2%. Eso es imposible: el único banco que cobra un costo tan bajo es el Banco Ciudad (25% a tasa fija y 26,47% a tasa variable)”.

“Sólo si el Ciudad concentrara el 100% de los créditos personales (lo cual sabemos que no es correcto), el costo financiero total promedio del mercado daría el 26,2% que menciona ABA”, explicó CAME.

Aunque la cámara empresarial reconoció que hay oferta de crédito para pymes en el mercado, advirtió que “son de difícil acceso y muchísimas empresas que van a pedir estos créditos productivos terminan llevándose un crédito personal de alto costo”.

“En lugar de replicar a CAME, quizás ABA debería tomar nuestras preocupaciones para ofrecer soluciones a las Pymes comerciales e industriales que son la fuente de creación de empleo y riqueza en la Argentina”, se quejó la entidad.

Luego, ante el choque de Paolo Rocca con Felisa Miceli, las entidades financieras que forma parte de ABA resolvieron no seguir con la disputa, aunque CAME publicó una solicitada y carteles contra la opinión de la entidad bajo el título “¿Esto no es usura” y dejando abierta la posibilidad de un nuevo round contra las entidades financieras.

La curiosidad de la disputa entre CAME y ABA es que los bancos nacionales privados o los oficiales no hayan salido a defender la posición del sistema financiero. En su movida, aunque dejaron solos a los bancos extranjeros, terminaron por darle la razón a una entidad que no tiene representatividad real.

MODELO TECHINT

Más allá del enfrentamiento entre CAME y ABA, que parece un encuentro menor ante la diferencia que tuvieron Rocca y Miceli, ¿qué está pasando con las pymes y el mercado financiero?
Además ¿cuáles son los temores del presidente de Techint para lanzar la virtual advertencia y pedido al gobierno del aliado Néstor Kirchner?

El impacto de las pymes es clave en el Modelo Techint-UIA-K. Los datos son contundentes:

> El 99% de los establecimientos comerciales e industriales son pymes.

> Generan 70% de empleo.

>> Producen el 53% de valor agregado de la economía.

> Son responsables de casi 11% de las exportaciones (unas 14.000 pymes).

> El crecimiento del sector en los últimos cinco años fue explosivo, estimado entre un 50% y 60% anual.

> En la Argentina se crean cada año 55.000 nuevas pymes. Esto representa una tasa de natalidad exuberante del 12%. Cierran cada año 45.000 pymes.

> El resultado neto entre formación y desaparición de Pymes implica 10.000 nuevas firmas que generan 59.000 puestos de trabajo.

> En el 3er. trimestre de 2006, el total de pymes que existe en la Argentina llegaron al 412.000 firmas y superó el valor histórico que se había registrado en igual trimestre de 1998 (383.000).

> El tamaño medio de las pymes se incrementó: pasó de 9 ocupados por empresa en 1998 a 10,5 en 2006.

Pero no todas son buenas noticias, los datos que preocupan al Grupo Techint son:

> Como indican los cuadros que acompañan esta nota –que fueron elaborados por la Fundación Observatorio Pyme, que funciona dentro de la Unión Industrial Argentina y es financiado por el Grupo Techint-, durante 2006 las pymes han registrado menor cantidad de empleados, menor facturación y menor cantidad de ventas, por primera vez desde la salida de la convertibilidad.

> Se agotó prácticamente la utilización de la capacidad instalada ya promedia un 77%, el máximo técnico posible.

> El 59% de las pymes industriales cuenta con maquinaria moderna o de punta (un avance de 3% con respecto a 2005), pero que continúa siendo considerablemente menor al de las grandes empresas (92%).

> Sólo un 40% de las pymes invierte todo el tiempo. Otro 30%, erráticamente y el restante tercio no invierte.

> Sólo el 19% de las pymes se financia a través del sistema financiero, el resto recurre a proveedores o fondos propios.

> Desde la salida de la Convertibilidad, 5.500 pymes comenzaron a exportar, pero en 2006, primera vez desde la devaluación la cifra cayó.

Todos estos datos son preocupantes dado que:

> El peso de las pymes en las exportaciones se redujo de casi 12% en 2005 a menos de 11% actual.

> Si las pymes no invierten se frena el crecimiento del PBI.

> Si las pymes dejan de crear empleos, se estancarían las cifras del mercado laboral.

B> Si las pymes dejan de vender al exterior, podrían crecer las importaciones.

> Si las pymes dejan de pagar impuestos, las cifras de la AFIP caerían en forma violenta.

> Dado que 1 de cada 5 pymes sobrevive a sus primeros 5 años de vida, la vida útil de muchas de ellas podría estar en el límite si no tienen nuevas alternativas de financiación, nuevos mercados para vender sus productos y nuevos incentivos competitivo como devaluación o desgravaciones impositivas.

> Como casi 70% del PBI crece por impacto del consumo interno, un freno en el sector pymes causaría la caída de otras pymes y un freno al crecimiento del PBI.

Por eso, el reclamo de Rocca no debe ser leído como la presión de un empresario contra un gobierno para obtener una ventaja para su sector.

En verdad Techint es el motor y el ideólogo del plan económico que llevó a la devaluación y la actual política económica. Y son ellos quienes afirman que se necesitan nuevos incentivos para no ir hacia una recesión.

Hay un sector de los economistas, industriales, empresarios y políticos que consideran que la política del Banco Central de sostener el dólar ‘fijo’ entre $ 3,05 y $ 3,10 por casi 18 meses, como parte de un proceso de freno de la inflación, ha tenido como impacto indirecto la desaparición de la competitividad.

Si a eso le sumamos la merma en la rentabilidad, el aumento de los costos por presión salarial y el creciente peso de las importaciones en ciertos, sectores, es de esperar que las quejas por falta de apoyo a las pymes crezca.

Sin embargo, no hay que olvidar que detrás del ‘problema pyme’ se encuentra la suerte y verdad del programa económico que Techint y la UIA le ‘vendieron’ a los políticos y que llevaron a una devaluación que puso a 60% de la población por debajo de la pobreza e indigencia. Si fracasó el plan industrialista de Techint-UIA, habrá sido otro esfuerzo en vano, con un elevado costo social.

 
Bisordi se defendió y replicó al kirchnerismo


El titular de la Cámara de Casación Penal, muy criticado por el gobierno, dijo que el presidente es su enemigo número uno.




El juez Alfredo Bisordi presentó ayer la recusación de todos los miembros del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y denunció que el gobierno quiere "sacar a los jueces que no le son afines ni le ofrecen garantías".
Incluso, el titular de la Cámara de Casación Penal aseguró que no le tiene miedo al presidente Néstor Kirchner y cargó sus tintas contra el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, al asegurar que fue él quien lo mandó a "apretar" para que renunciara.
"El presidente es el enemigo número uno mío", declaró Bisordi al presentar su descargo ante el Consejo, que lo acusa por su supuesta intencionalidad en la demora en causas vinculadas con los derechos humanos.


Revés para la Rosada
Antes del descargo de Bisordi, el Consejo de la Magistratura desestimó por "improcedente" una denuncia del ministro del Interior, Aníbal Fernández, contra el juez Javier López Biscayart, quien investiga el presunto pago de coimas realizado por la constructora Skanska.

 
Sueños
El triunfo de Nina Peloso bailando en la televisión, de indudable valor para la candidatura de su marido, el piquetero Raúl Castells, que quiere incursionar en la política, hace recordar el famoso lema: "Lo que no pasa por la televisión, no pasa". Nadie existe si no "está en la tele", y, sin embargo, recuerda también a la Roma de la decadencia, cuando nada pasaba si no se comentaba acerca de ello en el circo. Las prostitutas Mesalina, Actea, Popea, los libertos Tigelino, Seyano, los genuflexos como Burro o Séneca o la envenenadora Locusta ocupaban el centro de la escena, fingiendo apreciar los destemplados acordes que Nerón le arrancaba a la lira. Al mismo tiempo --ahora sabemos--, una pequeña secta judía, que no figuraba en los comentarios generales, estaba trasformando al mundo. Tampoco ahora lo que pasará en el porvenir va a pasar por el circo, va a pasar por la tele... Vale la pena dejar de bailar por un sueño para escrutar el signo de los tiempos, y vivir la realidad.

 
Moreno estaría en la mira de Kirchner
El polémico secretario de Comercio Interior, encargado entre otras cosas de los controles de precios, habría perdido el favor del presidente.
Hasta hace unas semanas, parecía un supuesto imposible de considerar. Pero, en los últimos días, y en las horas recientes, el dato ha crecido en los pasillos del poder hasta convertir aquella suposición casi trasnochada en un paso para nada descabellado: Guillermo Moreno, el otrora temido "malevo" de la secretaría de Comercio Interior, habría quedado en la mira del presidente Néstor Kirchner. Los rumores que esta semana inundaron las redacciones y los mentideros de la política aseguran que Kirchner está un tanto cansado de las actitudes y de algunos notorios fracasos, como el control de precios, del ex intocable funcionario. Y que si se viese necesitado de pegar un golpe de timón más que nada destinado a la tribuna, o calmar a las fieras de adentro y de afuera que le reclaman la cabeza de "Morenito", como lo llama en privado, no le temblará la mano. Si la política se nutre de gestos, aquí van al menos cuatro de los últimos días que dieron aire a las versiones sobre un presunto y para nada lejano desplazamiento del secretario de Comercio. El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, un aliado crítico de la Casa Rosada, le recomendó lisa y llanamente a Moreno que renuncie al cargo. Trascartón, el ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, Raúl Rivara, desgranó por las suyas expresiones críticas hacia el polémico funcionario. Por si fuera poco, Felipe Solá salió el lunes con los tapones de punta y lo tildó de autoritario por los desmanejos que ha hecho en el Mercado Central y los aprietes con ribetes mafiosos que rodearon el desplazamiento del representante de la Provincia en ese organismo. Primera conclusión que abonaban en la noche del martes hombres del entorno político del presidente: nadie sale a pegarle a un cuadro de Kirchner de semejante manera, y mucho menos Solá, aliado a ultranza del santacruceño, sin algún guiño "desde más arriba", eufemismo que se utiliza para señalar el principal despacho de la Casa Rosada. Hay quienes aseguran, no obstante, que el gobernador recibió el martes un llamado de Alberto Fernández para que deje de atacar en público al secretario. El otro dato que abona las presunciones sobre que la estrella del poderoso Moreno podría haber comenzado a apagarse es la forma triunfalista en que Felisa Miceli --en todo caso, sus voceros-- presentó los últimos cambios en el Indec, un organismo vapuleado groseramente por Moreno para moldearlo a su antojo y --hay que decirlo-- del presidente. La ministra de Economía, que tiene una larga lista de facturas para pasarle al cobro al secretario de Comercio Interior, pudo presentar esa victoria ante el silencio --¿cómplice?-- de Balcarce 50 y de sus principales voceros, como los dos Fernández. No es sólo la larga ristra de inequidades y yerros cometidos por Moreno lo que habría terminado por ponerlo impensadamente en la picota. Ni tampoco la presunta necesidad política de Kirchner de verse necesitado a hacer "fulbito" para la tribuna en momentos en que, desde los alrededores de Cristina Fernández, se insiste en la necesidad de dar "un salto de calidad institucional" en la manera de gobernar, pensando en octubre. Kirchner consideraría que el ciclo de Moreno estaría llegando a su fin y que, en su derrotero plagado de palabrotas y amenazas veladas o directas a empleados y empresarios, cosechó algunos aciertos y bastantes errores, como el del Indec, sin duda el más sonado y el que peores favores le hizo a la seguridad jurídica, a la credibilidad ciudadana y a la confianza de los inversores externos. Para más, el presidente --de quien Moreno seguramente debe sentirse su alumno predilecto-- cree ahora que las cosas han llegado demasiado lejos, según se lo reprocharía Cristina cada vez que se encuentran. Dio por cierto un informe que le acercaron donde consta que un funcionario fue amenazado por el secretario y que, en su denuncia judicial, testificó que tras una fuerte discusión, al despedirse, Moreno lo palmeó en el hombro y le soltó: "Cuidá que no le pase nada malo a tu familia". Se dice que, efectivamente, el hombre de revólver a la cintura ha quedado en la mira de su jefe.

 
Tortuosas
De un plumazo y sin debatir uno u otro, el Congreso aprobó 42 decretos de necesidad y urgencia firmados por Néstor Kirchner, muchos de los cuales no tenían ninguna urgencia y algunos tampoco verdadera necesidad. Pero forman parte del juego presupuestario tramposo que inventó Roberto Lavagna, y sigue aplicando el actual presidente. Consiste en subvaluar los ingresos futuros, y cuando se registra mayor recaudación, distribuir el excedente entre provincias y reparticiones, directamente, por las facultades que el mismo "congreso-escribanía" le otorgó al Jefe del Gabinete; o atribuyéndolo directamente, por decretos de necesidad y urgencia, en lo que Alfonso de Prat Gay caracterizara tan bien como: "la relación tortuosa entre la Nación y la economía de las provincias". Y cuando el Estado deje de tener la plata ¿qué va a pasar? Porque la recaudación crece al 25% anual, pero el gasto público lo hace al 40%.

 
Bioetanol
La pulseada entre los dos ausentes --Fidel Castro por la mano de Hugo Chávez y George W. Bush por la de Lula da Silva-- sobre petróleo crudo o bioetanol terminó empatada en la última cumbre sudamericana de la isla Margarita. Inauguraron escuelas, comieron mucho asado argentino, pero al final terminaron creando una comisión que se expedirá a divinis. De todos modos, Néstor Kirchner pudo hacer un par de puntos que ahora le permitirán "cantar la falta". Fidel le hizo decir a Chávez --Venezuela es el sexto país productor de petróleo en el mundo-- que fabricar nafta con cereales en un mundo donde dos tercios se mueren de hambre era un crimen de lesa humanidad y que los precios se irían rápidamente a las nubes. Bush, por el asesor de Lula, Marco Aurelio García, le hizo replicar que nadie se muere de hambre en el mundo por falta de alimentos, sino por falta de trabajo para comprarlos, y que el plan yanqui-brasileño multiplicará la demanda de mano de obra agrícola en los países marginales. Pero la puntada la dio el magnate argentino de la soja, Gustavo Grobocopatel, asignado por Kirchner como asesor de Chávez, quien le explicó al venezolano que del grano de soja apenas el 20% es aceite que puede transformarse en etanol, mientras que el restante 80% es pura proteína vegetal, de modo que un aumento mundial de la producción de soja contribuirá a abaratar los alimentos y no a encarecerlos.

domingo, abril 22, 2007

 
Vino viejo
Luego de las casi cómicas vacilaciones del INDEC al momento de difundir, hace una semana, sus guarismos sobre precios minoristas y nivel de inflación, es poco probable que alguien lamente en serio el relevamiento de funcionarios vinculados con aquella triste comedia (y hoy víctimas de ella). Pero suponer que el mismo gobierno que la concibió primero y la defendió después con parsimonioso descaro se apreste ahora, sin más ni más, a reparar su propio ridículo y a enmendar su inclinación al embuste designando a personas independientes en cargos importantes, sería incurrir en un grado de credulidad inconcebible. Más bien parecería que lo que se ha buscado y encontrado son caras nuevas para servir el mismo menú, de igual modo que limpiamos la vajilla para poder ensuciarla con decoro al día siguiente.

 
Moyano le dobló la mano a Kirchner pero Tomada se hace el distraido
Hugo Moyano logró lo que pretendía y Néstor Kirchner volvió a demostrar miedo en la negociación con el sindicalista. Pero esto no ha terminado, mal que le pese a Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Importante: confrontar el periodismo dominical:
22/04/2007 11:40

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Marcelo Cantón en el diario Clarín:
"(...) Según Tomada, en 2007 la masa salarial total de las empresas de transporte ni siquiera subiría un 16,5%. "Es que el primer aumento es ahora y el otro en julio, así que la masa salarial del año se les incrementa en un 14,5%". Puesto en otra perspectiva, añade, "para que un trabajador reciba efectivamente este año un 16,5% de aumento tiene que tener 8 años de antigüedad. Y, además, ese adicional se aplicará recién a partir de octubre".
Empresarios del señalaron que el ajuste va del 20 al 25% si se incluyen los adicionales. Algunos fueron más allá. "En mi caso —dijo el titular de un correo privado—, el alza representa un 27%". "A cada empresa el ajuste le impacta de una manera diferente —reconoció Tomada—. Pero no hay que generalizar".
— ¿Cuál es el aumento total, incluyendo los adicionales, en promedio, para todo el gremio?, le preguntó Clarín.
— No lo se, pero la antigüedad promedio, insisto, es 7 años.
— El Acta salarial incluye otros puntos, como subir de 1,5 a 2 % del salario un aporte para el "Fomento de actividades sociales, recreativas y culturales" del gremio. ¿Por qué?
— En los acuerdos salariales muchas veces hay esas mejoras.
— Según los empresarios, hay otras cláusulas que ni siquiera están en el Acta. Como el pago de tres cuotas de $ 40, en los primeros meses de 2008...
— No tiene nada que ver con el aumento salarial, es un adicional que se estaba pagando como no remunerativo.
— ¿Hay otras cláusulas como esta, que no estén escritas?
— No. Eso fue una cosa conversada por el gremio y los empresarios. No hay cosas ocultas.
— ¿No es curioso que seis gremios y seis patronales lleguen el mismo día a un acuerdo por el mismo aumento?
— Los convenios anunciados son diferentes, con implementaciones diferentes; algunos con sumas fijas, otros con cuotas. Lo que se quiso hacer el viernes fue un hecho que represente que hay un millón de trabajadores que ya acordaron nuevos salarios. Antes habían cerrado plásticos y bancarios. La semana próxima, serán otros tres. Pero si no se aclara que en este caso el ajuste fue del 16,5 y no 25%, habrá impacto en las conversaciones en danza (...)
Eugenio Paillet en La Nueva Provincia:
"(...) la Casa Rosada celebró como un triunfo resonante --y hasta montó un escenario en la Plaza de Mayo para que el presidente recibiera el abrazo de los camioneros de Moyano-- el acuerdo salarial de los seis gremios. No es menor esa celebración: casi todos los convenios que se discutían en el ministerio de Trabajo tenían como telón de fondo la amenaza de un paro.
De hecho, la poderosa Unión Obrera Metalúrgica, que todavía no arregló, pide un aumento superior al 20% y blande como una espada la posibilidad de ir a la huelga. Kirchner casi les rogó, en su discurso del viernes, que firmen ahora mismo y según la pauta acatada por el resto.
El gobierno oculta, detrás de esta actitud triunfalista, que en verdad los sindicatos le torcieron el brazo. En primer lugar, porque debió ceder en los papeles un punto y medio más de aquel 15% con el que dicen se había comprometido Moyano. Pero si se suman las cláusulas que en la letra chica de las paritarias no se ven, dato que corroboran no pocos caciques sindicales, los aumentos salariales a otorgar a partir de este mes rondarán el 20% ó 21%.
(...) Un párrafo más para la cuestión: el gobierno haría mal en cantar victoria antes de tiempo. Queda por delante la discusión salarial de gremios importantes como metalúrgicos, gastronómicos y algunos de los que se encuadran en el sector de los llamados "gordos sindicales", como Luz y Fuerza y el combativo gremio estatal de ATE, que acusa a Kirchner por el drama docente y hasta por la militarización con gendarmes de Santa Cruz.
Ninguno de ellos se baja del caballo por menos del 20%, aunque la negociación sigue abierta y Moyano le ha jurado al presidente, casi en un gesto de osadía, que en poco tiempo más le servirá en bandeja, como un nuevo tributo de su alineamiento, a los gremios díscolos. (...)"

 
Con un gran costo político, Kirchner saldrá del caso de corrupción Skanska
El denominado 'caso Skanska' de coimas pagadas a funcionarios por la empresa sueca, no solamente representa el más importante caso de corrupción que involucra al gobierno de Néstor Kirchner sino cualquiera sea su curso próximo impondrá un elevado costo político al Ejecutivo Nacional:
22/04/2007 11:52

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Julio De Vido.


Jorge Urien Berri en La Nación:
"El mérito fue del ministro del Interior, Aníbal Fernández. Porque si bien la semana pasada no ocurrió nada importante en ninguna de las dos causas que investigan los $ 13,4 millones en coimas que la constructora sueca Skanska habría pagado para ampliar los gasoductos Norte y Sur, fue la primera semana que al caso le prestaron atención desde las agencias de noticias hasta diarios del interior y la cadena CNN en Español.
Fernández se enfrentó con uno de los dos jueces, Javier López Biscayart, del fuero penal tributario, por el alojamiento del preso que habló del pago de coimas, y despertó el interés. Luego, el juez lo reavivó al denunciar ante los medios que era víctima de tareas de inteligencia.
En cambio, no ocurrió lo que se esperaba en los tribunales. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico no resolvió el problema de competencia entre López Biscayart y el juez federal Guillermo Montenegro. Los camaristas se expedirían esta semana.
Su resolución será decisiva. En el juzgado de Montenegro la aguardan porque sólo adoptarán medidas si la Cámara determina que López Biscayart debe quedarse con la investigación de evasión impositiva y desprenderse de las presuntas coimas que encontró al avanzar en el tema de la evasión. En la fiscalía federal de Carlos Stornelli, el ánimo de investigar se topó a veces con el "téngase presente" del juez.
(...) Si las presuntas coimas quedan en el fuero federal, donde la causa tiene dos meses de vida, la lectura del enorme volumen de documentación incorporada en las últimas semanas demandará tiempo. Allí se investigarían las "comisiones indebidas" y los sobreprecios de Skanska para construir la planta compresora de Deán Funes. Se ignora si hubo sobreprecios de Skanska en el Gasoducto Sur.
Montenegro y Stornelli también deberán analizar el argumento que el Gobierno presentó en un escrito del Ministerio de Planificación, de Julio Vido: las obras fueron privadas y que se financiaron con fondos privados de fideicomisos. Otra línea de investigación que está en marcha en la fiscalía de Stornelli es la de las obras públicas financiadas con fideicomisos. Se trata de una investigación complementaria de la de las coimas".
Diego Schurman en Página/12:
"(...) Hay quienes creen que un eventual desplazamiento de De Vido del centro de escena sería fruto de las avanzadas judiciales.
–Ese es un tema de privados –repite Kirchner en defensa del ministro cuando alguien alude al caso Skanska.
La empresa sueca confesó que de sus oficinas se compraron facturas por 17 millones de pesos a 23 sociedades, algunas fantasma y otras que nunca prestaron ningún servicio. Esas facturas se usaron en la ampliación del gasoducto del sur y del norte. Amén de la consideración del Presidente, la Justicia también investiga el papel de funcionarios del Enargas y del Ministerio de Planificación Federal.
El controvertido tema suele sumir a los funcionarios kirchneristas en un transe hipnótico: definitivamente prefieren hablar de los escenarios electorales. Por eso, cuando la luz macilenta del avión reemplazó al impetuoso sol venezolano, uno de los que se arremolinó alrededor del asiento del Presidente soltó como hipótesis la posibilidad de un abroquelamiento de todo el arco antikirchnerista.
Laura Capriata en La Nación:
"(...) -¿Cuál va a ser la postura de la UCR en el caso Skanska y la acusación del Gobierno contra el juez López Biscayart?
-Les pedimos a nuestros dos miembros en el Consejo de la Magistratura que rechacen la presión de Aníbal Fernández contra el juez, y en el Congreso solicitamos la creación de una comisión investigadora del caso.
-¿La investigación judicial podría complicar al Gobierno?
-Está claro que hay funcionarios involucrados. Lo que el Presidente tendría que hacer es no hacerse el distraído con el tema, o por lo menos echar a Fernández.
-Después de una seguidilla de denuncias opositoras, el Presidente dijo que si supiera que alguien de su entorno es corrupto lo echaría inmediatamente.
-Creo que está sabiendo que algunos de sus funcionarios son corruptos y se está haciendo el distraído. Por lo menos con el secretario de Transporte Ricardo Jaime, que tiene 12 denuncias penales; con Julio De Vido [ministro de Planificación Federal]; con la responsabilidad de Felisa Miceli [ministra de Economía] en el caso Greco. Si es tan celoso de la transparencia la tendría que haber echado. Y que lo controle un poquito al secretario de Medios, Enrique Albistur, en todos los negocios que está haciendo. (..)"
Eduardo van der Kooy en Clarín:
"(...) En otros terrenos la tarea resulta más sencilla porque las decisiones del Gobierno y ciertos gestos políticos del Presidente provocan reacciones y colaboran a engordar aquel acopie. Kirchner tiene derecho a pretender celeridad de la Justicia, pero debería para conseguirlo privilegiar a las instituciones (el Consejo de la Magistratura) antes que a su palabra habitualmente encendida. Los jueces tampoco tendrían que involucrarse en la riña política: lo hizo el titular de la Casación, Alfredo Bisordi, cuando aludió a supuestas afinidades ideológicas del Gobierno con la década del 70.
El problema es mucho más complejo y el Gobierno está demostrando una sensibilidad anestesiada para manejarlo. Aquellos jueces de la Casación deberán intervenir en el expediente por el caso de un pago de coimas de la empresa Skanska. Más todavía: el poder está cercando con una denuncia de origen discutible al primer juez de la investigación, Javier López Biscayart. Esa denuncia no coló en la Magistratura. Los funcionarios cercanos a Kirchner admiten la existencia de las coimas, pero la ligan a un problema entre empresas y descartan cualquier responsabilidad de hombres del Gobierno. Si así fuera, sin vueltas, resultaría aún más inexplicable la inquietud oficial por ese tema.
El Presidente ensaya su defensa: "Hay dos detenidos en la causa. Uno denunció que lo amenazaron de muerte. Es el mismo que sugirió que las coimas podrían haber llegado al Gobierno. ¿Cómo íbamos a permitir que el juez lo trasladara a la celda de una comisaria? ¿Y si lo mataban, quién iba a pagar el pato? Noso tros. Podría ser el final. Por eso Aníbal Fernández hizo lo que debía. Evitar que lo saquen de la prisión donde está", justifica. (...)"

 
Por 2do. día consecutivo hay 'cacerolazos' espontáneos en Santa Cruz y trastabilla el ex FpV (futuro FpD)
El otrora Frente para la Victoria (FpV) no podría ganar hoy una elección en Santa Cruz, salvo un fraude (que no sería el 1ro.). En la movilización en Río Gallegos ya se habla del FpD (Frente para la Derrota) santacruceña. Aquí las novedades. Esta semana no habrá clases en la provincia del Presidente.
22/04/2007 19:40


RÍO GALLEGOS (Especial para Urgente24). Una nueva convocatoria de docentes y padres comenzó a las 19:00 en esta capital santacruceña.
El lugar de la concentración es la 'carpa blanca' levantada frente a la Casa de Gobierno provincial.
En tanto, crece en la provincia de Néstor Kirchner la protesta contra el gobernador Carlos Sancho y la fuerza política en el poder.
Para que los lectores de Urgente24 comprendan de qué se trata, basta un ejemplo: el sábado por la noche, en el centro de esta localidad, el ministro de Economía, Juan Bontempo, fue invitado a retirarse del lugar por el propietario de uno de los mejores restaurantes, cuando era evidente que los manifestantes podían ingresar a la casa de comidas. Esto nunca antes había ocurrido en Santa Cruz.
Luego de conocerse las amenazas del presidente Néstor Kirchner (en la columna de Eduardo van der Kooy en el diario 'Clarín' y las declaraciones radiales de Alberto Fernández sobre politización de la protesta), la gente se cansó y decidió manifestar su descontento.
"Que imponga la Emergencia Educativa y vamos a ver qué pasa", advirtió un trabajador del hospital regional.
"Nos importa tres carajos lo que diga 'el Lupo' porque él sólo piensa en enriquecer a Lázaro Báez y sus otros cajeros", gritó otro.
'El Lupo' es el apodo que recibe Néstor Kirchner en Santa Cruz.
La protesta amenaza con generalizarse en Santa Cruz. Ya hay demostraciones de descontento en Río Turbio, Puerto Deseado, Pico Truncado y otras localidades del interior provincial.
Ya es irrelevante si son 4.000 manifestantes (tal como informó la corresponsal del diario 'La Nación', para quien los docentes de Adosac pidieron el envío de gafas desde la Redacción porteña) u 8.000 personas; la situación es -tal como no se cansa de repetir Rubén Lasagno, el director de la agencia OPI Santa Cruz, "inédita, histórica, una bisagra".
Desde algunos sectores vinculados al gobernador Carlos Sancho, no temían la presencia de los docentes en la calle, pese al descontento de la gente de distintas clases sociales, familias con niños que llevaban ollas, latas y redoblantes, y desafían el temprano frío que hay en Río Gallegos.
Hubo 'escrache' a la residencia del vicegobernador Carlos Sancho, a quien le pidieron que se vaya; en la casa contigua funciona Negocios Inmobiliarios, una empresa de la cual es socio con Néstor Kirchner y su hijo Máximo, lo que provocó gritos contra Kirchner.
Debe destacarse que hubo gente en la calle hasta las 5:20, y el 'bocinazo' de la 1:00 fue ensordecedor, comunitario, generalizado.
Y hoy otra vez la gente a la calle: ¿Cuánto tiempo más puede soportar esta situación que no ocurre hoy en ninguna otra provincia argentina?
En horas más comienzan los 5 días de paro docente que marcarán a esta semana. Los docentes vienen de 4 días de paro la semana pasada.

 
política
La Argentina paralela

Por Jorge Lanata
22.04.2007 02:52
El peor enemigo de Kirchner es el tiempo. Es el correr del tiempo lo que devela el doble discurso, las contradicciones y la inexistencia de la Argentina oficial. Cuando las palabras dejan de reflejar lo que sucede, los hechos siguen sucediendo igual, sólo que más silenciosos. Y, por paradoja, no hay nada peor que las palabras ocultas, las que no se dicen por temor, las que quedan debajo de la hojarasca del discurso: cuando éstas se liberan y al final se nombran, soplan con un viento arrasador. Pasó en el ’83, cuando la sangre salió debajo de la alfombra, y con ella las palabras “represión”, “desa- parecido”, “tortura”, “campos clandestinos”, que desataron el Show de los NN primero y los juicios después. Pasó a mediados de los noventa, cuando la palabra “corrupción” posó su vuelo de pájaro negro y nunca más se fue. La palabra que hoy no se dice es “inflación”. Apenas se la murmura en las empresas, se la vive como un destino fatal en el público y se la silencia bajo el cargo de traición a la Patria en el Gobierno. Pero ninguno de estos conjuros funciona: silenciosa, la inflación está. Mientras atraviesa a regañadientes las paritarias en un año electoral, el Gobierno ha construido un eufemismo: “la tensión del crecimiento”, con el que intenta, sin éxito, enmascarar las contradicciones. La primera reacción frente a la fiebre fue cambiar el termómetro por uno con menor cantidad de mercurio: la llegada de Beatriz Paglieri al INDEC en enero de 2007, quien se presentó ante los trabajadores como una delegada personal de la ministra Felisa Miceli y del secretario Guillermo “Poronga” Moreno. Paglieri trajo su custodia personal (armada y sin identificación) y comenzó su batalla para doblegar a la Estadística. Paglieri barrió con lo más evidente: la directora de los Índices de Precios de Consumo (IPC) y la titular de la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida. El director del Instituto fue víctima del mismo fuego: renunció en marzo. Mientras Paglieri peleaba con los índices, “Poronga” Moreno se propuso combatir en el fuego cuerpo a cuerpo: violando el secreto estadístico, consiguió la lista de comercios con la que el INDEC mide la evolución de precios, y lanzó un ataque terrorista con las inspecciones de AFIP o Senasa. Después se encargaron de manipular la información tomando tres comandos especiales para manejar el “data entry” (Ulises Valentín, quien era hasta ese momento chofer y custodia de Paglieri, Celeste Cámpora y Marcela Fila). La consigna era clara: los datos que no cierran con la hipótesis oficial no ingresan. El Grupo Comando de Pelea contra la Matemática nunca tuvo en cuenta la historia argentina: en mayo de 1973, adoptado el congelamiento de precios, el IPC era del 8%. Un año después, el índice trepó al 80%, y al siguiente tuvo lugar el Rodrigazo, y la inflación llegó al 351%. En 1985, al inicio del Plan Austral (un plan con congelamiento de salarios y precios) la inflación saltó del 2% mensual al 385%. El congelamiento de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios en el Plan Primavera de 1988 terminó con una inflación del 388%, posterior disparada del dólar e ingreso a la hiperinflación del 5.000%.
¿QUE MERCADO, NEGRO? —No nos importa el negro, nos importa el número que nos da a nosotros –respondieron a los ganaderos los funcionarios de Economía cuando se les planteó que el control de precios iba a generar un mercado paralelo. El mercado de Hacienda de Liniers ya es un sitio virtual: antes de la aparición en escena del Poronga, manejaba el 17% de la carne del país, y ahora apenas araña el 9%. Ese pequeño porcentaje es el que el INDEC toma en cuenta a la hora de elaborar los índices Moreno (ver en estas mismas páginas los cuadros de Adecua sobre aumento de la carne en la vida real). En su composición tema “La vaca”, el secretario de Precios estableció, en abril de 2006, que el productor debe vender el asado a $ 2,50, el frigorífico a $ 4,40 y el carnicero a $ 6,50. Es más fácil encontrar a un maestro conforme con su salario que un asado a ese precio; en el hipotético caso de que pueda descubrirse carne en un supermercado, ese corte será una tira grasosa. Pero a pocos centímetros, una bolsa identificada como “asado especial” tentará al consumidor a un mínimo de $ 8,50. El negocio ganadero, es obvio, está íntimamente ligado a los ciclos biológicos: cuando una vaca pasa los 400 kilos, no se anota en Cuestión de Peso sino que comienza a sumar grasa en lugar de carne, lo que obliga al productor –una vez que llegó al peso ideal (la vaca, no el productor)– a venderla cuanto antes. Por eso, por ahora el desabastecimiento es un problema leve. El problema, como siempre, es el mediano plazo: entre 2002 y 2005, el sector aumentó su producción en un 28%, pero en los años DP (Después del Poronga) la inversión cayó un 30% sin contar los primeros meses de 2007, sobre los que no hay aún cálculos confiables. La venta de semillas para pasturas puede acercarnos a calcular el descenso: cayó este año un 40%. La soja se ha vuelto un negocio mucho más atractivo y esto corta la cadena biológica de producción de carne. Los que se quedan eligen el desvío: “El mercado negro existe –afirmaban desde el sector frigorífico a Clarín en noviembre del año pasado–. Hay consignatarios que están cobrando 6% de comisión al comprador, cosa que nunca ocurrió, y esto actúa como sobreprecio”. Ya en ese entonces se hablaba de precios entre un 11% y un 15% superiores a los de la lista ideal. Hoy (ver cuadros) son aún más altos, aunque el silencio es el mismo. EL LADO DE LOS TOMATES Como buen poronga, el secretario debe detestar las “ensaladitas”. De hecho, algunas frutas y verduras han jugado un claro papel desestabilizador de su gestión: cuando había logrado dibujar el índice en un tranquilizador 8,07% en sus primeros doce meses de gestión, la zanahoria subió el 50,46%, el limón 49,64% y la lechuga 39,48%. Tal vez por eso el sillón del Estado en el Mercado Central sea uno de los puestos más temidos. En el Mercado hay tres directores: uno de la Ciudad, otro de la Provincia y un tercero de la Nación, que depende del Poronga y se llama Fabián Dragone. Dragone debió dejar su puesto el 1º de abril, momento en el que le correspondía ocuparlo el representante de la Ciudad, pero aún se mantiene ahí, ya que su reemplazo prefirió llevar una vida tranquila y pidió licencia por seis meses. Entusiasmado con su mercadito virtual, el Gobierno publica solicitadas en los diarios con largas listas de productos que pueden conseguirse a precios bajísimos. Pero por favor, si no quiere desilusionarse, no lea la letra chica: allí se aclara que la “oferta” es por cinco mil bultos por semana. En ese mismo período se venden en el Mercado Central (real) un millón y medio de bultos. Comprar un “tomate Moreno” es como tropezarse con un trébol de cuatro hojas. En el Mercado (real) conviven tres índices de precios: el del INDEC, el de Moreno y el del propio Mercado, que por Ley 19.227 (de creación de la entidad) debe ser difundido, y está censurado por la Secretaría de Precios. El índice del mercado, difundido por unas quinientas radios en todo el país, era de gran utilidad para que los productores que envían mercadería en consignación pudieran tener precios de referencia. Ya no los tiene. La mordaza, de todos modos, resulta insuficiente: el Mercado Central maneja el 25% de la oferta frutihortícola y es el único que el INDEC toma en cuenta. El otro 75% se maneja desde cuarenta mercados de todo el país.

LA ARGENTINA VIRTUAL

La creación de la Argentina Virtual tiene sus ventajas: cerca de la mitad de la deuda pública se ajusta por el CER, y cada punto de inflación incrementa esta deuda en unos 1.700 millones de pesos, una cifra similar al monto del superávit fiscal mensual. Como contrapartida, las cifras de inversión extranjera caen en picada: entre 1996 y 2001, Argentina recibía (ver cuadro adjunto) el 16,4% de las inversiones en América latina, y Chile la mitad. Entre 2001 y 2005, Argentina bajó al 5,1% y Chile subió al 8,7%. Durante 2005 Argentina trepó al 6,9% y Chile al 10,6%. Pero el año pasado sucedió algo que todos califican como irracional en un país con cuatro años de crecimiento y dólar alto. Argentina tuvo sólo el 5% de la inversión y Chile el 16,5%. ¿Cuál Argentina? La que sigue sucediendo, mientras casi todos se callan la boca.

 
Patentes de corso
La creación de fideicomisos constituidos con fondos públicos se ha convertido en la estrategia preferida por los políticos para escamotear todo control y evitar cualquier castigo frente a posibles actos de corrupción.
Todo acontecimiento humano tiene una historia, grande o pequeña. Algunas son de gran nobleza, pero otras son miserables raterías. Hoy, tenemos una de esas historias que comienza en 1571, después de la batalla naval de Lepanto, el gran combate entre la cruz y la medialuna donde Miguel de Cervantes Saavedra –el “manco de Lepanto”– se cubrió de gloria con la victoria de la flota cristiana. A partir de entonces, nació la hegemonía española con España convertida en el primer imperio global de la historia. Sin embargo, la Inglaterra cismática de sir William Cecil no podía tolerar ese inmenso poderío y durante el reinado isabelino convirtió al pirata Francis Drake en héroe nacional porque encabezaba la lucha contra España. Así, unió curiosamente el patriotismo con la práctica de la piratería. Por ese inestimable apoyo, los reyes comenzaron a dar patentes de corso a otros piratas como Henry Morgan, Edward Teach (Barbanegra) y Bartholomew Roberts, a quien debemos la célebre frase de que “en un trabajo honrado lo corriente es trabajar mucho y ganar poco; en cambio, la vida del pirata es plenitud y saciedad, placer y fortuna y, además… poder”. Desde entonces, la patente de corso fue una carta en blanco firmada por el rey donde se otorgaba inmunidad legal al pirata o bucanero para realizar robos y saqueos de barcos enemigos, lo cual constituía un delito para la gente común. Esta pequeña historia parece revivir en nuestros días. No sólo se trata del escabroso caso Skanska (ver artículo “La corrupción se hereda”) sino de un proyecto de ley denominado Régimen de la Industria Naval, presentado por un legislador oficialista (expediente 6348-D-2006, trámite parlamentario 160). Modus operandi No sabemos a ciencia cierta si el parlamentario autor de la iniciativa ha sido consciente de los alcances de su propio proyecto, pero descubrimos que éste ejemplifica el modus operandi de la corrupción institucionalizada en grado de tentativa. A medida que algunos valientes jueces se animan a descorrer el sutil velo que la cubren, van surgiendo las líneas fundamentales del modo de actuar de la corrupción en esta etapa de la “nueva política”. Ella gira reiteradamente alrededor de un mismo pivote: los fideicomisos constituidos con fondos públicos para escamotear todo control y evitar cualquier castigo. La Comisión de Usuarios del Transporte (CUT), entidad vinculada con la Cámara de Exportadores de la República Argentina, acaba de emitir un notable documento dirigido al presidente de la comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Daniel Snopek, en el que cuestiona la consistencia formal de este proyecto, aunque sin avanzar en sus posibilidades fraudulentas. De a poco, todos vamos sabiendo que los fideicomisos donde interviene el Estado sirven para encubrir proyectos con sobreprecios, obras que no se terminan, trabajos que ni siquiera se empiezan y planes de promoción de ciertos funcionarios privilegiados. Tales fideicomisos hicieron su aparición pública en el año 2002 como una simple planilla anexa al presupuesto, que no se contabiliza ni se consolida con el resto de las cuentas públicas, y son recursos administrados sin supervisión ni control. Inicialmente, alcanzaron la suma de $ 4.900 millones anuales. Un conocido tributarista, ex director general de la DGI, confesó en una entrevista periodística (diario La Nación, 29-04-2003) que “los fideicomisos son un desorden brutal, conocer los fondos que dan vuelta por el Estado es una misión imposible y eso facilita su total descontrol. Algunos figuran en el presupuesto, otros están ocultos y otros no pueden descubrirse. Hay de todo: existen fondos fiduciarios y fondos con asignaciones específicas”. Uno de los escasos relevamientos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el Ministerio de Economía descubrió, en 2003, la existencia de un presupuesto paralelo: 16 pseudoorganismos, financiados con fondos fiduciarios, que contaban con el doble de ingresos que la propia cartera ministerial. Un fondo fiduciario para la industria naval El Régimen de la Industria Naval es un proyecto de ley para fomentar el transporte por agua y la reconstrucción de la marina mercante argentina, que comienza con una sustancial incongruencia. Con el objeto de promover el desarrollo naval (artículo 1) impone a todos los fletes marítimos de importación un impuesto del 12% y del 5% a los fletes de exportación (artículo 6). Así, ignora que los países que tienen un gran tonelaje de buques de bandera nacional otorgan exención completa de impuestos al tráfico realizado por vía fluvial, lacustre o marítima porque la única forma en que se puede beneficiar a alguien consiste en no sacarle sus recursos con impuestos. Luego, dispone otorgar créditos y subsidios a armadores, astilleros y talleres navales (artículo 2) mediante un Fondo Fiduciario para la Industria Naval (FOFINA) que es el pivote sobre el cual girarán las apetencias de los funcionarios con ínfulas de poder: administrar a discreción el dinero de terceros para beneficiar políticamente a quien ellos quieran. Para que no queden dudas de que ese fondo fiduciario no estará sujeto a control alguno, se dispone textualmente que en ningún caso estará alcanzado por las normas y regulaciones del Banco Central (artículo 3), de manera que en ese fondo podrían colarse operaciones de lavado de dinero y hasta maniobras cambiarias que estarían exentas de todo control y de la autoridad de los magistrados. El fondo fiduciario que se piensa constituir para promover la marina mercante nacional pretende establecer un extravagante impuesto al propio Estado, al disponer que se constituya con una carga anual del 0,5% del total de los recursos corrientes de la administración nacional, ya sean generales o específicos (artículo 5). Esta inocente disposición implica la transferencia de $ 650 millones desde un área de trabajo bajo control contable a otra área exenta de todo control. Para constituir esa “cajita feliz” no sólo se establece este mecanismo, sino también el traspaso de las partidas previstas en el presupuesto, aportes especiales del Tesoro Nacional, los impuestos a los fletes mencionados y el importe resultante de un confuso programa de diferimiento impositivo (artículo 6). Bien forrado con tales ingresos, el proyecto presenta un matiz de cierta delicadeza al autolimitar los aportes del Poder Ejecutivo por un período de 10 años sin rechazar la posibilidad de que pudiesen ser renovados por otros 10 años más (artículo 7). Resta por saber quién será el administrador de esta “cajita feliz”. Para eso se establece que la autoridad de aplicación será un funcionario fiduciario que, específicamente, debe pertenecer a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal (artículo 8). A fin de disipar las dudas sobre la amplia libertad que gozará ese ciudadano fiduciario, se establece claramente que será ajena a él cualquier obligación de rendir cuentas en términos de rentabilidad o de condiciones establecidas por el Banco Central (artículo 9), lo cual equivale a decir que tiene carta blanca para hacer lo que se le ocurra. Dentro de los deberes de ese ciudadano fiduciario se encuentra la obligación de destinar el 15% de los recursos anuales para subsidios o regalos graciables que privilegien los proyectos que él decida, siempre y cuando pueda alegar que combinan emprendimientos productivos (artículo 10, inciso e). Pero, como todavía se conserva algún resto de pudor, el ciudadano fiduciario tendrá el deber de conformar un balance anual y confeccionar un informe de gestión sin plazo de vencimiento (artículo 10, inciso i). Por supuesto, como no se trata de ofender su sensibilidad, no se le impone que ese balance sea controlado por auditores independientes y tampoco se le obliga a someterlo a consideración o aprobación de ninguna autoridad terrenal (artículo 10, inciso h). De todas maneras, una copia del balance tendría que ser elevada a ambas Cámaras del Congreso Nacional sin que deba ser publicado en el Boletín Oficial ni en diarios capitalinos (artículo 10, inciso j). Si algún malintencionado quisiera inmiscuirse en el control o supervisión de las operaciones de este Fondo para la Industria Naval mediante algún ardid, el funcionario fiduciario tiene la más amplia atribución de rechazar esos aportes y donaciones que vengan condicionados con cláusulas restrictivas que puedan menoscabar la funcionalidad de su tarea, como ser el control financiero concomitante o la auditoria de los estados contables (artículo 11, inciso c). Para no asumir solitariamente tamañas funciones, exentas de control, el funcionario fiduciario deberá nombrar un Consejo Asesor –sólo para emitir opiniones y sugerir medidas– que se integrará por tres trabajadores propuestos por el gremialismo sindical y tres representantes de la industria naval sugeridos por la corporación que agrupe a los empresarios. Este consejo estará excluido de cualquier función directa, ejecutiva o de control (artículo 12). Como vemos, se trata de un proyecto oportunamente iluminador. Nos muestra al desnudo el modo de actuación para soslayar el debido contralor de los fondos públicos y la posibilidad cierta de manejarlos con una arbitrariedad tal que justifique la advertencia que hiciera en vida el premio Nobel de Economía Milton Friedman, recientemente fallecido: “Cuando un funcionario tiene facultades para distribuir el dinero de terceros entregándolo discrecionalmente a sus amigos o favorecedores, no podrá resistir la tentación de justificarse a sí mismo si se queda con una parte proporcional de ese dinero. Ello corrompe a los funcionarios implicados porque los coloca en la posición de decidir lo que es bueno para otros y eso les hace adquirir, por un lado, la sensación de poder casi divino y, por otro, una dependencia casi infantil. El resultado final corroe completamente el tejido moral que mantiene unida a una sociedad decente”. Que los magistrados judiciales tomen nota de estas historias grandes o pequeñas, de nobleza o de raterías y obren, en consecuencia. Si no lo hacen, que Dios y su conciencia se lo reprochen.

 
Precario discurso económico
Los discursos de la ministra Miceli, que no son más que el reflejo del pensamiento del presidente Kirchner, evidencian contradicciones y una profunda ignorancia del funcionamiento de la economía y su relación con las instituciones.
Sostuvo Felisa Miceli, la ministra de Economía, la semana pasada que: “Todas las políticas que se aplican en cualquier lugar del planeta, en cualquier economía, todas tienen costos... Hemos elegido una que tiene algunos costos, que tiene desafíos que debemos superar como las presiones inflacionarias”. Realmente, es sorprendente la precariedad del pensamiento económico que impera en el Gobierno. Creer que las presiones inflacionarias son el costo que hay que pagar por crecer no sólo es contradictorio, porque la inflación distorsiona los precios relativos y frena el crecimiento, sino que, más grave aún, significa sostener abiertamente que el costo de aumentar el nivel de actividad lo tienen que pagar los sectores de menores ingresos (asalariados y jubilados) dado que la inflación es el más regresivo de todos los impuestos ya que se aplica sobre los activos monetarios no remunerados. Los sectores de menores ingresos tienen escasa o nula capacidad de ahorro, esto significa que el salario devengado en el mes paga plenamente el impuesto inflacionario. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Miceli es que el Gobierno eligió castigar a los más pobres para sostener el crecimiento, concepto también equivocado dado que hasta ahora lo que puede mostrar el Gobierno es un proceso de reactivación y no de crecimiento. Tampoco aclara Miceli por qué razón hay que pagar el costo inflacionario para crecer. El crecimiento significa inversiones, más eficiencia en la economía y, por lo tanto, mayor productividad, más oferta de bienes y servicios, más competencia y mayores alternativas de elección para el consumidor entre precio y calidad. Lejos de reducir la oferta de bienes y servicios, el crecimiento implica aumentar la oferta y, salvo que la ministra haya inventado una nueva teoría de la oferta, lo normal es que cuando ésta crece los precios bajan. Tal vez la ministra podría argumentar que la demanda crece más rápido que la oferta, aunque, siempre recordando a Juan Bautista Say, la oferta crea su propia demanda, es decir, antes de poder demandar hay que ofrecer. En consecuencia, ¿cómo puede ocurrir este desbalance? También podría sostener que el mayor crédito al consumo tira los precios hacia arriba. Pero, si esto ocurriera, la forma de solucionarlo consistiría en aumentar la oferta mediante la apertura de la economía. Dicho en otras palabras, si los precios de los productos nacionales suben, se importan más bienes y los precios internos tienen que bajar. Claro, como el Gobierno utiliza el tipo de cambio alto para proteger a los productores locales, esta última alternativa está descartada dado que, en última instancia, lo que se está haciendo es asegurarles a los productores locales un mercado cautivo. El problema es que, si el Gobierno reconociera este privilegio que le está dando a los productores locales, Miceli debería corregir su discurso de la semana pasada cuando sostuvo que la Argentina “apuesta por una mayor inversión en capital y una presencia del Estado en la vida pública sin estar al servicio de intereses sectoriales o individuales”. Al establecer un sistema de protección tan fuerte, se está aplicando una política económica a favor de intereses sectoriales que son los protegidos por el Gobierno, dado que les asegura un mercado sin competencia. Por otro lado, eso de que el Gobierno está apostando a mayor inversión en capital es una muestra que Miceli tiene bastante atrasada su lectura en materia de economía, dado que hay toneladas de escritos que demuestran la relación que existe entre calidad en las instituciones e inversión. Mucho se ha desarrollado este tema en las últimas décadas, por lo que sorprende que Miceli lo desconozca. Creer que el crecimiento se limita al campo de la economía y es un compartimiento estanco de la seguridad jurídica implica desconocer lo que existe detrás de una simple curva de oferta y demanda.
Del discurso de la ministra surge que sus conocimientos económicos se limitan a la formalización de algún modelito matemático que da por supuesto, o directamente ignora, la calidad de las instituciones. Las afirmaciones de Miceli se asemejan mucho a los simplificados modelos matemáticos que se enseñan en la facultad. Es decir, son modelitos de ingeniería social muy superficiales que la ministra parece haber tomado como ciertos, cuando esos modelitos sólo pretenden explicar los primeros palotes del funcionamiento de la economía. Sin embargo, lo más sorprendente del discurso de Miceli fue cuando sostuvo que la Argentina apuesta al “desendeudamiento”, palabra usada para no decir directamente que se quiere cancelar la deuda. Como decir que el Estado va a pagar la deuda no entra en el discurso progre, inventaron la palabra “desendeudamiento”. Volvamos a la afirmación de la ministra. ¿Cuál era la deuda en diciembre de 2001 cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró alegremente el default? Llegaba a los U$S 144.453 millones. ¿Cuál es la deuda pública en la actualidad, luego de haber hecho una quita del 75% del capital? Si no se incluye la deuda no presentada al canje, llegamos a los U$S 130.000 millones al 30 de septiembre pasado. Sólo U$S 15.000 millones menos que cuando fuimos al default. Si se incluyen los U$S 25.000 millones no presentados al canje, el stock de deuda actual supera en U$S 10.000 millones la deuda al 31 de diciembre de 2001. ¿De qué desendeudamiento nos estará hablando la ministra? Encima, el 42% del stock de deuda está en pesos ajustado por CER, lo que constituye una bomba de tiempo que va a explotar cuando se agote el maquillaje que el Gobierno le aplica al Índice de Precios al Consumidor (IPC). A diferencia de otros ministros que estuvieron en la función pública, Miceli es irrelevante en lo que hace a las expectativas de los agentes económicos. Su función se limita a ocupar formalmente el cargo de ministro de Economía, pero sin ejercerlo en los hechos. Miceli no tiene peso propio para generar expectativas, ni positivas ni negativas. Se limita a expresar los pensamientos de Néstor Kirchner, de manera que lo limitado de su discurso confirma una vez más la gravedad de la situación, dado que quien en definitiva debe formular las políticas públicas de largo plazo deja traslucir a través de los discursos de su subordinada una profunda limitación intelectual.

domingo, abril 15, 2007

 
Deserciones inexplicables y popularidad que se evapora
En la Argentina, el gobierno del presidente Kirchner desierta de obligaciones como cumplir con el laudo del tribunal ad-hoc del MERCOSUR o asistir a un actor por la Guerra de Malvinas. Más al norte, en Bolivia, la Asamblea Constituyente está a punto de fracasar.
Deserciones presidenciales inaceptables en materia de política exterior Los argentinos sabemos que, a partir de la gestión de Eduardo Duhalde, nuestra política exterior ha estado extraviada, constantemente. Primero, desorientados por una crisis económica y social sin precedentes, decidimos que –frente a lo que nos sucedía– nada era urgente en nuestra relación con el resto del mundo. Paso a paso, fuimos así abandonando espacios y cediendo posiciones, lo que nos sumió en la mediocridad más alarmante. La llegada de Néstor Kirchner no hizo sino empeorar muy rápidamente las cosas, desde que nuestra política exterior (como la interior) se llenó de prepotencia, ordinariez, improvisación, desencuentros, conflictos, amenazas, insultos, mediocridad y hasta de agravios a algunos de nuestros visitantes. Quizás nos hemos acostumbrado tanto a ese deplorable espectáculo que, resignados, ni siquiera advertimos la gravedad de algunas de nuestras conductas por las que eventualmente tendremos que pagar. Y nadie asumirá la responsabilidad, como suele suceder. Vale la pena detenerse en dos ejemplos, particularmente serios y por todos conocidos. Primero, miremos dónde estamos en el conflicto que mantenemos con el Uruguay por la instalación de las fábricas de pasta de celulosa que prefirieron, por múltiples razones, instalarse en la margen oriental del Río Uruguay. Respecto de ese conflicto estamos, como país, en una situación sumamente grave, que reniega de nuestra propia historia. Y casi ni nos hemos dado cuenta. El 6 de septiembre de 2006 se dictó un laudo arbitral por un tribunal ad-hoc del MERCOSUR que hemos aparentemente decidido incumplir. O, por lo menos, ignorar groseramente. En el mismo, los árbitros actuantes sostuvieron por unanimidad que “la Argentina no deja de ser responsable por el hecho propio, en la medida en que ha omitido su deber de adoptar las medidas apropiadas para prevenir o corregir los actos de los particulares sometidos a su jurisdicción que causen perjuicio a otro estado miembro del MERCOSUR; en transgresión a las normas de su tratado constitutivo”. Así de claro. La comprobación de que nuestro país violó (por omisión de conducta) el derecho del MERCOSUR entrañaba –por cierto– la obligación para la Argentina de adecuarse normativamente (y en el plano de las conductas) en el futuro a ese derecho. Nada de esto sucedió. Los cortes de rutas siguieron y nadie hizo nada. La “omisión de conducta” continuó, desafiante. Mientras algunos de sus propulsores originales continuaron anidando en lo más alto de la propia administración nacional, por razones populistas que ya son obvias. El referido tribunal arbitral, cuyo laudo seguimos incumpliendo alegremente, agregó lo siguiente: “Legitimar los cortes de rutas como los que aquí se han puesto de manifiesto implicaría despojar al Tratado de Asunción de una parte esencial de su razón de ser”. Y profetizó que nuestra conducta es “alentar su reiteración y crear un estado de imprevisibilidad que desembocará en la inseguridad jurídica”. Tremendo, por lo que nos advierte puede suceder. Pese a todo esto, un gobierno que le ha dado abiertamente la espalda a su juramento constitucional de “hacer cumplir la ley” (como si se tratara de un compromiso menor) sigue empeñado en la intransigencia, ignorando las decisiones de los tribunales internacionales, como si éstas no tuvieran valor alguno. Ahora hay, nos dicen los diarios, amenazas concretas de algunos que hablan de atentar criminalmente contra la fábrica de Botnia, tan pronto como ella empiece a funcionar. Se habla de inutilizarla y destruirla. De invasiones masivas a través de los puentes internacionales. De infiltrados que sabotearían las instalaciones industriales. De locuras, entonces. Sin embargo, nadie en el gobierno parece creer necesario adoptar medidas preventivas, de las del tipo que la gravedad de lo sugerido puede requerir. Porque nuestras autoridades prefieren seguir incumpliendo el laudo condenatorio dictado en el seno del MERCOSUR, del que nadie parece querer acordarse. Y no meterse. Esto es, omitir cualquier acción que pudiera generarle un dolor de cabeza “en un año electoral”. Increíble, pero es lamentablemente así. Nos importan un bledo las decisiones tribunalicias que no nos den la razón. El segundo ejemplo es el tremendo faltazo presidencial al acto principal del Día de las Malvinas, celebrado en Ushuaia, cuyas razones nadie consideró necesario explicar. Presumiblemente porque nuestro presidente, curiosamente, no se siente mandatario de nadie. Y todo lo que hace (aun en política exterior) se basa en el cálculo electoral más frío. Porque su objetivo personal es uno y solo uno: permanecer en el poder, todo lo que se pueda. Sea como sea. Y porque, además, cree que puede hacer lo que a él se le dé la real gana. Como si su pueblo no existiera. Como señalara Mariano Grondona: “Sabedor (Kirchner) de que en Ushuaia podría haber manifestaciones callejeras en su contra en el Día de las Malvinas, el presidente se quedó en El Calafate, porque sigue sin saber cómo reunirse con el público a menos que le aseguren que lo vivará fervientemente” (con las consabidas “inducciones” del caso, cabe suponer). Como si nada hubiera pasado y como si la lamentable, por especulativa, decisión presidencial de reemplazar su presencia protocolar en Ushuaia por tareas domésticas en su casa de El Calafate (se habla de transporte de muebles) fuera algo normal, Cristina Kirchner (que tampoco fue a Ushuaia) asistirá esta semana (para compensar, cree ella) a la presentación (en el Congreso de la Nación, un ámbito “seguro” para la senadora) de una serie de sellos postales alusivos a los 25 años de la Guerra de las Malvinas. Pero después de que ambos cónyuges decidieran –fríamente– darle la espalda tanto a la cuestión de las Islas Malvinas, como a quienes ofrendaran su vida por tratar de recuperarlas, nada será ya igual que antes. Está claro. En medio del caos, la Asamblea Constituyente boliviana parece ir camino al fracaso La gestión de Evo Morales al frente del Poder Ejecutivo boliviano pareciera ser una mezcla de total ineptitud y extendida corrupción. Como en otras latitudes de nuestro continente, su accionar político está basado en la prédica constante de la “lucha de clases”, expresión marxista que –sabemos muy bien en la Argentina– supone la siembra permanente del odio y de los resentimientos con cualquier excusa, lo que divide a la sociedad. Nada de lo que Evo Morales, con bombos y platillos, oportunamente propusiera parece haber tenido éxito. Todo está empantanado. Y lleno de barro. La publicitada nacionalización del riquísimo sector boliviano de los hidrocarburos ha resultado, en verdad, apenas una reforma tributaria más. Sólo eso. El resto es sensacionalismo. Mientras tanto, la inversión en el sector está –naturalmente–paralizada. Tanto que Petrobrás (empresa a la que difícilmente se pueda acusar de imperialista) acaba de devolver áreas de exploración a Bolivia, atento a que no están dadas las condiciones para invertir lo que se requiere para poder desarrollarlas. Esto a pesar de que, según acaba de reconocer el ex presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, los autores de la presunta nacionalización de los hidrocarburos del país del norte no fueron, como anunciara don Evo, un puñado de “bolivianos patriotas”, sino aquellos cuyos carísimos servicios contratara -y pagara- nada menos que PEDEVESA (Hugo Chávez, entonces). Hablamos de un conocido estudio de abogados de Wall Street, en Nueva York: Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle. Así son las cosas. Poderoso caballero es Don Dinero y algunos, queda visto, se inclinan presurosos ante él, dejando de lado principios y creencias. A su vez, la también publicitada reforma estructural del sector minero boliviano está absolutamente paralizada. Los cooperativistas se niegan a dejar de ser empresarios por cuenta propia y resisten violentamente a la pretendida estatización de lo que consideran suyo. Lo más llamativo, no obstante, es lo que está ocurriendo en la Asamblea Constituyente, oportunamente convocada presuntamente para refundar a Bolivia. El plazo de un año que en su momento se le confiriera para aprobar una nueva Constitución política está ya muy avanzado y ni siquiera ha aprobado un solo artículo de lo que debería ser la propuesta de una nueva Carta Magna para el país. Se gastaron los primeros ocho meses en una estéril discusión del “Reglamento de Debate”, a través de la cual el partido de gobierno (el MAS) pretendió, sin éxito alguno, trampear las reglas claras que establecen la Constitución vigente y la Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente, que requieren contar con una mayoría de dos tercios para poder aprobar una nueva Constitución, de la que el MAS no dispone. De mil solapadas maneras, el MAS procuró hacerlo por simple mayoría, pero ante la valiente reacción de una oposición que no se dejó intimidar, fracasó en cada uno de sus torcidos intentos. Quedan solamente cuatro meses y muy pocos apuestan a que la Constituyente podrá cumplir con su cometido. De pronto, es como si el gobierno y la oposición coincidieran en apostar a su fracaso. Esto no es sorprendente en un país en el que se dice que los políticos locales no desperdician nunca una oportunidad para dejar todo sin hacer. Para muchos esto es así porque el gobierno quiere poder culpar mañana a la oposición de boicotear a la Constituyente, para así poder –luego del fracaso del mecanismo constitucional– poner de improviso sobre la mesa su propio proyecto de Constitución (que todavía mantiene oculto, seguramente porque, como cabe esperar de la clara orientación marxista de Morales, no se trata de un proyecto democrático) y hacerlo aprobar a “rajatabla”, mediante un mero referéndum popular rodeado de presiones y violencia callejera orquestada desde lo más alto del poder, como es habitual en una región que parece haberse ido alejando no sólo de las pautas de la democracia, sino también de las de la decencia política. Por simple mayoría entonces, pese a lo que especifica claramente la Constitución boliviana. En rigor, lo que Evo Morales trata ahora de asegurarse es, primero, un segundo mandato y, luego, un tercer mandato, para empezar así de nuevo en el 2008 y regresar en el 2013. Una vez más, el objetivo es concentrar en su derredor todo el poder, por el mayor tiempo posible. ¿Suena algo conocido, no es así? Y como no tiene esposa que lo ayude a encontrar vías indirectas de permanecer en el sillón presidencial, lucha por su propia cuenta. Para esto, Morales pretende mejorar –de alguna manera– sus actuales posibilidades, a través de dos medidas simultáneas que, supone, podrían entonar –con dos nuevos nichos– su caudal de votos. Primero, haciendo que los bolivianos emigrados puedan votar de ahora en más. Segundo, reduciendo la edad que habilita a los ciudadanos bolivianos a concurrir a las urnas a votar de los actuales 18 años, a los 16 años. La idea de Morales pareciera ser la de tratar de consolidar una situación que le permita superar el caudal de votos leales del que todavía cree puede disponer actualmente. Recordemos que Morales obtuvo, en 2005, cuando fuera electo presidente de su país`, un 53,7% de los votos totales. Gracias a su verdadero diluvio de desaciertos, al año siguiente, en oportunidad de votarse para la elección de los constituyentes, ese caudal disminuyó al 50,7%. El margen aparenta ser, entonces, demasiado estrecho como para lanzarse de lleno a la alternativa del referéndum que Morales avizora, razón por la cual trata de entonar su caudal mediante las medidas que hemos señalado más arriba y visitas, con su gabinete y los medios, a los departamentos que procuran su autonomía. Pese a que claramente los votos que Morales tiene cautivos presentan un claro componente étnico, la situación luce demasiado poco confortable. Ya no puede contar con muchos de aquellos a los que su hermano Hugo Morales llama –despectivamente–“blancoides”. Es más, las últimas encuestas sugieren que ya un 56% de los bolivianos está en contra de su reelección, lo que será difícil de revertir. Porque si algo puede suceder es que ese margen aumente, antes de que eventualmente disminuya. Mientras estas especulaciones ganan fuerza, el valiente cardenal Julio Terrazas (el hombre que hiciera recular rápidamente a Morales en su intento de quedarse con las riendas de la enseñanza en Bolivia, para imposibilitar la enseñanza religiosa) recordó en su homilía del pasado Jueves Santo a aquellos que están (allí y aquí) empeñados en la siembra de los resentimientos. Agregó que Cristo propuso una Carta Magna “unificadora”, edificada sobre el amor y la fraternidad, y no “disgregadora” por predicar la confrontación, como proponen el MAS y algunos otros, siguiendo las instrucciones expresas que les llegan de sus aliados de La Habana y Caracas, ya graduados en las técnicas de desunión que permiten a los déspotas eternizarse en el poder. Queda visto que el camino que está recorriendo Bolivia no conduce fácilmente al bienestar de su pueblo. Pareciera, más bien, llevarlo a nuevas encrucijadas y enfrentamientos intestinos. Esto es lamentable para todos quienes creímos que Morales podía aprovechar una oportunidad que era realmente histórica para todo su pueblo, que está claramente desperdiciando. No sólo por fanatismo, también por total ineptitud para poder levantar la vista y gobernar más allá de su propio entorno.

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