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La prueba misionera
No han sido semanas agradables para el Presidente. Aunque la economía sigue su marcha imparable, las reservas del Banco Central apuntan a los 30 mil millones de dólares y los acuerdos de precios pueden garantizar una relativa calma inflacionaria en 2007, el ambiente político está mucho más que enrarecido. Y todo por la profundización de un estilo tan viejo y conocido como el tiempo de Néstor Kirchner en el poder, pero no por eso más digerible o inocuo. Hay una conjunción de factores que hacen más evidente la escasísima voluntad presidencial para escuchar el humor ciudadano en lo que respecta a la transparencia institucional y el desprecio de la gente por las luchas a cualquier precio de la preservación eterna del poder.
El Gobierno nacional se juega hoy una partida en la que la victoria o la derrota del gobernador de Misiones, Carlos Rovira, van a impactar negativamente en la Casa Rosada, aunque vale aclarar que Kirchner se encuentra en la etapa triunfalista de cualquier presidente, en la que la arrogancia del éxito en las urnas insufla argumentos –casi siempre falaces– para el autoconvencimiento sobre el camino elegido.
Kirchner pierde si Rovira es derrotado porque no habrá forma de negar políticamente el enorme apoyo que el Gobierno nacional brindó a la desmedida intención de reformar la Constitución misionera para habilitar la reelección indefinida del mandatario local. Pero Kirchner pierde también si Rovira logra su cometido y la Constitución de Misiones, como las de Santa Cruz, La Rioja, Formosa, San Luis y Catamarca, instaura un sistema que, para la tradición clientelar cada vez más arraigada en la Argentina, no hace sino acentuar el deterioro institucional y dejar el terreno abonado para todo tipo de aventuras casi monárquicas.
Todos contra K. El Presidente y su cerrado círculo han logrado amalgamar en Misiones a una alianza heterogénea en su génesis pero han unificado en la capacidad de representar el rechazo popular a la reelección indefinida. Es, visto desde un ángulo más contundente, un argumento que la Casa Rosada sirvió en bandeja a un arco opositor que no encontraba resquicios para meterse en la dura caparazón de la solidez oficialista. Así, aunque es prematuro suponer que surjan acuerdos opositores firmes derivados de la confluencia misionera anti-Rovira, la realidad es que, de la nada, Kirchner se inventó un enemigo que desnuda el aspecto más crítico de la administración K, ese que, con el correr de los meses de bonanza económica tras el horror de la crisis, cada vez se torna más evidente: el desprecio presidencial por una reforma real de la política. En otros términos, el Gobierno nacional corre el riesgo de dejar de facturar rédito político y consenso por el solo dato del crecimiento, al tiempo que le surjan cada vez más objeciones que apuntan contra las viejas mañas reeleccionistas, el amiguismo como categoría superior y el desprecio por el cumplimiento de las normas de alternancia en el poder. Palabras lejos de los hechos. Desde el mismo día de asunción, Néstor Kirchner abundó en un discurso de origen antimenemista, que resumió mucho de los paradigmas institucionalistas de la Alianza, y que condensó el actual jefe del Estado en una invocación por la "reinvención de la política". De la mano de esa mención sistemática de la "nueva política" que venía a instaurar su mandato, Kirchner apuntó contundentemente hacia una reforma judicial que se tradujo en la conformación de una Suprema Corte de Justicia de indiscutible independencia y capacidad; también corrió con los juicios contra ex represores un telón oscurantista e inaceptable de la historia reciente, el de la impunidad; y cimentó con abundantes gestos de independencia económica un giro profundo en relación al cercano horizonte de los ’80 y ’90. De ese modo, consolidó en el imaginario popular una expectativa realista y creciente respecto de la gran asignatura pendiente, siempre mencionada pero lejana de su fase de realización: la reforma política que acabara con la sospecha permanente de la gente sobre el financiamiento de los partidos, el rechazo popular contra mecanismos de perpetuación, la desaparición de listas sábana y la ruptura de mecanismos clientelares sólo útiles para el mantenimiento de una clase política alimentada por la vocación de vivir de las arcas del Estado en nombre de la democracia. Los meses de gobierno comenzaron a pasar y los discursos cada vez se volvieron más lejanos de la realidad. El Presidente rechazó de entrada la chance de transparencia y democracia sindical al incumplir el pacto de aceptación de la entidad de la CTA de Víctor De Gennaro; cerró acuerdos con gobernadores e intendentes claramente opuestos a una reforma política y, sobre todo, transformó al Congreso en una apagada caja de transmisión de los unilaterales e indiscutibles anhelos del Ejecutivo. Ahora, con la elección misionera, en nombre de la lealtad a uno de los primeros políticos que lo apoyó en serio, Kirchner está a punto de sobrepasar una delgada línea, aquella que separa la necesidad de alumbrar desde la primera magistratura el camino hacia un cambio real de la política. De impacto más fuerte que la vocación hegemonista, apalancada en el giro de fondos a las provincias que muestran funcionarios obedientes con la Rosada, el apoyo a Rovira es ya una honda expansiva que alcanza cada rincón del país, mostrando una imagen presidencial destemplada, muy parecida a la de Carlos Menem en su vocación de continuidad al precio que sea, y, en consecuencia, alejado de los deseos populares a favor de gobiernos enfocados no al poder y sólo al poder, sino a la resolución de los problemas. El riesgo de hoy. Cuesta creer que, a 12 meses de las elecciones, el presidente Kirchner decida cambiar el rumbo de sus obcecaciones, en busca de un repentino giro hacia las formas de la convivencia institucional pacífica, respetuosa de sus opositores y abierta a los cambios de las estructuras políticas más tradicionalistas. Pero la elección del domingo puede causar un efecto de bomba de hidrógeno en la propia lógica del poder, dejando en pie las estructuras pero vaciando definitivamente de contenidos y vida propia los enunciados de democracia política y voluntad reformista llevada a la práctica. Y eso, la gente, suele castigarlo tarde o temprano.

No hacer olas hasta las elecciones

Ahora que falta exactamente un año para las elecciones presidenciales de 2007, el escenario económico ideal para el gobierno de Néstor Kirchner sería que todo siguiera como está. La consigna oficial es mantener el consumo interno y la recaudación impositiva batiendo récords; la actividad a pleno; el desempleo en descenso y los salarios en blanco en ascenso, en buena medida con tarifas congeladas y precios contenidos en los rubros más sensibles al índice de inflación minorista. El cuadro se completa con un aumento del gasto público discrecional, que permite transformarlo en un sistema político de premios y castigos sin afectar significativamente el superávit fiscal y con un tipo de cambio real alto, que asegura un superávit comercial aún elevado. La necesidad de no hacer olas con la economía hasta fin de 2007 tiene también un correlato político más cercano. En la medida en que el consumo siga impulsando el fuerte crecimiento del PBI -hasta los economistas más críticos prevén un alza superior al 8% para este año, con un arrastre estadístico de casi 4 puntos para el próximo- hay más margen para que pasen a un segundo plano episodios escandalosos como la batalla peronista de San Vicente. O las inocultables irregularidades previas a la elección de constituyentes en Misiones. Cuando Kirchner convoca a empresas líderes a extender los acuerdos de limitación de precios y ofrece la Casa Rosada como escenario, nadie hace hincapié públicamente en estos impresentables costos políticos o institucionales, por más que en privado no oculten su preocupación. Acuerdos sui géneris Aunque estaba descontada, la prórroga de los acuerdos "voluntarios" también forma parte de una estrategia de marketing político, en la cual el envase cuenta más que el contenido. A diferencia de lo que ocurrió a comienzos de este año, no hubo esta vez difusión de listas y se habló de márgenes en vez de precios. En otras palabras, eso significa que el Gobierno está dispuesto a reconocer algunos deslizamientos de costos para no afectar la rentabilidad empresaria, a condición de que luego los precios permanezcan congelados hasta fin del año próximo. Cuándo y cuánto es una incógnita a despejar en los próximos meses. Por más que discrepen en privado con esta filosofía intervencionista, para la mayoría de las empresas formadoras de precios constituye el mal menor, frente a la temible hipótesis de entrar en conflicto con el Gobierno. En definitiva, el compromiso abarca sólo un conjunto de productos -unos 340 en total-, incluidos en la canasta que sirve de base a la determinación del índice de precios al consumidor y deja relativamente al margen de la rígida vigilancia oficial a otros que no tienen tanta incidencia en la evolución del IPC, lo cual permite compensaciones de precios o de cantidades. A cambio, se aseguran mantener una buena relación con el Gobierno y también un escenario previsible de contención de expectativas, en el cual el aumento de las ventas contrarresta algunos sacrificios de rentabilidad unitaria. El problema, en todo caso, recae sobre aquellas compañías donde el grueso de sus productos se encuentra dentro de la canasta oficial. Si aquí no hay flexibilización, la variable de ajuste pasa a ser la inversión. Algo similar ocurre con muchas de las empresas de servicios públicos privatizados. No está escrito, pero este esquema se completa con una pauta centralizada de aumentos salariales para 2007 como la que el Gobierno negoció con la CGT para este año; pero en niveles más bajos, que las empresas ubican por encima del 10% y por debajo del 15%. Con superávit fiscal, la inflación medida por el IPC no está para subir, pero tampoco para bajar demasiado. Por eso el Gobierno se conforma, para este año y el próximo, con una tasa de un dígito alto (9%), pero un dígito al fin. El problema es que este escenario agudiza las distorsiones de precios relativos. La sensación, especialmente para los sectores de clase media, de que la inflación de bolsillo es muy superior a la "inflación estadística" se ve corroborada por los números. En los primeros nueve meses de este año, mientras el IPC creció 7,1%, los precios regulados (tarifas y combustibles) lo hicieron sólo 2,3% y los acordados, 3,8%, en tanto que los precios libres subieron 10,6%. En otras palabras, mientras el IPC crece a razón de 0,7% mensual promedio, los precios libres lo hacen a más del 1% (14% anualizado). Como suele ocurrir con los controles, es más fácil entrar que salir de ellos. Pero para el Gobierno, esto no figura en la agenda de 2007. Ello, a menos que existan sectores no regulados que busquen tomar la iniciativa para recuperar terreno, como ocurrió con las empresas de medicina prepaga. Un informe elaborado por una de las asociaciones que las agrupan (Ademp) revela que desde fin de 2001, mientras el IPC acumuló 84%, las tarifas del sector se ajustaron 70% y el costo de los insumos, 117%. Es difícil saber si la fuerte reacción oficial obedece a la incidencia del rubro en el poder adquisitivo o al hecho de que el anuncio de ajustes de 18 a 23% para el año próximo (incluyendo algún componente preventivo) ganara la tapa de los diarios sin el visto bueno oficial. Aquí también se produce otra situación curiosa: cada vez que se avecinan aumentos, surgen iniciativas para dictar una ley que regule la actividad, que finalmente nunca se concretan. También es llamativo que el Gobierno dejara trascender la posibilidad de una denuncia judicial por una supuesta cartelización, cuando las propias empresas aducen que es el Gobierno el que las obliga a que cualquier ajuste se aplique sólo una vez al año -previa notificación con 60 días de anticipación a sus afiliados-, que siempre se concentra en enero. Aun así, es más probable que en este sector se termine por negociar antes que por confrontar. En última instancia, los clientes de este sistema privado no disponen de una alternativa equivalente de calidad similar y menor costo. Con políticas que estimulan permanentemente la demanda, a través de precios regulados, congelados o subsidiados, no es fácil evitar que salgan a la superficie otros problemas de oferta. Ya ocurrió con el gasoil, donde no se termina de normalizar el abastecimiento (especialmente para los expendedores sin marca). Y siempre está latente la perspectiva de dificultades en el suministro de energía eléctrica. A pesar de que el sistema superó airosamente la prueba de tres días de intenso calor operando al límite -en parte con importaciones desde Brasil- hubo algunos cortes en algunas zonas, tan poco difundidos como que Cammesa (la operadora mayorista) habría bajado la tensión del suministro para evitar mayores trastornos. También el Gobierno prevé coordinar las paradas de mantenimiento de algunas usinas eléctricas para que no haya sobresaltos en el verano. Llegar hasta las elecciones sin hacer olas con los precios y tarifas es posible, pero no tan sencillo como desentenderse de los problemas que va posponiendo a riesgo de recibirlos, amplificados, en el futuro.
Por Néstor O. Scibona

Politíca y violencia
Por Rosendo Fraga Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

A dos semanas de los hechos de San Vicente parece confirmarse que Kirchner prefiere entregar el control de la calle a grupos no estatales, antes que asumir el riesgo político de enfrentarlos con la fuerza pública. Que un muerto por la Policía puede precipitar una crisis política, como le sucedió a Duhalde en junio de 2002, ha sido una línea estratégica central durante los tres años y medio de gobierno transcurridos. Sean sindicalistas, piqueteros, estudiantes, vecinos o ambientalistas, se ha optado por no aplicar la Ley, temiendo que hacerlo pueda generar costos políticos. En este marco, lo que sucedió en San Vicente es una manifestación más de esta política. Pero ésta tiene costos institucionales, ya que implica no cumplir la ley y, más tarde o más temprano, los mismos se pagan. A ello se suma que dejar la calle en manos de grupos que protestan, parecería comenzar a tener costos políticos en el corto plazo, como lo muestran los episodios del Hospital Francés y San Vicente, donde aliados del oficialismo han sido protagonistas de hechos violentos. También la inacción frente a los cortes de los vecinos y ambientalistas de Entre Ríos, implica un costo en política internacional. Pese a ello, Kirchner no cambiará en materia de uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley en las calles y rutas.Pero Kirchner, siempre atento a los sondeos, tuvo un cambio en su actitud inicial. Frente a los hechos de San Vicente, que el martes 17 tuvieron horas de pantalla en televisión, al día siguiente prácticamente absolvió a los protagonistas, no mencionándolos y asignando la responsabilidad a una supuesta conspiración para perjudicarlo. Pero las encuestas mostraron que la opinión pública responsabiliza a los sindicatos aliados del gobierno y en particular al titular de la CGT (Hugo Moyano), cuyo hijo quedó políticamente implicado al proyectarse en la televisión cientos de veces la imagen de su chofer disparando con un arma de fuego. Por esta razón, al hablar el día viernes 20, el Presidente criticó directamente a los gremios, buscando neutralizar el costo político que comenzó a tener. Pero simultáneamente, el gobierno nacional ha decidido respaldar a Moyano como titular de la central obrera, neutralizando la ofensiva que desde el propio sindicalismo surgió para desplazarlo, aprovechando su vinculación con los incidentes.
La tesis de la conspiración no parece sustentable y la realidad es que los incidentes fueron precipitados por un conflicto intra-gremial y no por factores políticos o ideológicos. Las barras que se enfrentaron, pertenecen a gremios alineados con Kirchner (camioneros y construcción). Sin bien es cierto que dentro del segundo, la seccional La Plata que protagonizó los enfrentamientos responde relativamente a la conducción nacional del gremio a cargo de Gerardo Martínez, no puede hablarse de alineamientos políticos o ideológicos diferentes. En cambio, aparece en primer plano la mezcla entre barras bravas del fútbol, a su vez vinculadas al delito, con el sindicalismo y la política. Es que si bien la justicia y la policía no actúan para mantener el orden, estos grupos pasan a ser necesarios para la lucha política. En el corto plazo, la pregunta es si este episodio será "histórico", como sucedió en 1983 con la quema del cajón por parte de Herminio Iglesias en el acto final de la campaña presidencial que ganó Alfonsín, o si la dinámica política hará que pase rápidamente a un segundo plano, como sucedió con el llamado "caso López", cuya desaparición cumplió un mes al día siguiente de la violencia de San Vicente y pasó prácticamente desapercibido.

la re-re de felipe
Solito y Solá
La historia argentina recuerda al 20 de junio de 1820 como el Día de los Tres Gobernadores: en plena anarquía y durante las guerras civiles, Manuel Sarratea, Juan Balcarce e Ildefonso Ramos Mejía se autoproclamaron gobernadores de Buenos Aires. Obviamente, ninguno de ellos llegó a gobernar. Aquel fatídico 20 de junio, para colmo, murió Manuel Belgrano, y la noticia pasó desapercibida entre el caos político y administrativo.
Por jorge lanata

La historia argentina recuerda al 20 de junio de 1820 como el Día de los Tres Gobernadores: en plena anarquía y durante las guerras civiles, Manuel Sarratea, Juan Balcarce e Ildefonso Ramos Mejía se autoproclamaron gobernadores de Buenos Aires. Obviamente, ninguno de ellos llegó a gobernar. Aquel fatídico 20 de junio, para colmo, murió Manuel Belgrano, y la noticia pasó desapercibida entre el caos político y administrativo. Un solo periódico publicó algunas líneas sobre la desaparición de uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo. Ciento ochenta y seis años después, la Provincia no parece haber cambiado demasiado, si tomamos en cuenta que todas las afirmaciones que siguen son estrictamente ciertas: - El presidente Kirchner avala la candidatura de Felipe Solá para 2007. - El presidente Kirchner avala la candidatura de José Pampuro para 2007. - El presidente Kirchner avala la candidatura de Aníbal Fernández para 2007. - El presidente Kirchner no descarta avalar una cuarta candidatura a la gobernación de Buenos Aires para 2007, quizá la de Alberto Balestrini. El principio de identidad, uno de los pilares de la lógica, se ha derrumbado por el piso: - “A ya no es igual a A.” - “A puede ser igual a B.” - “K es igual a A, B, C y D.” La esposa presidencial, Cristina K, senadora por Buenos Aires (¿Lo habían olvidado?), es la única que no parece preocupada por el 40% del padrón electoral: —¿Cristina? Está borrada –afirmó a PERFIL un ministro con la voz temblorosa, quien pidió al menos tres veces, casi en un ruego, que su nombre no trascienda–. Si no se metió antes en la Provincia, no se va a meter ahora, para perder. A lo sumo, hizo un par de llamados desde Nueva York por el tema López. Ella no va a correr ningún costo político. Si le fue bien sin aparecer, ¿para qué va a aparecer ahora, después de López o de San Vicente? La Provincia de Buenos Aires, según otra fuente del Gobierno, “antes era una plataforma presidencial y ahora es un entierro político: es imposible arreglarla”. Buenos Aires se extiende en 307.571 kilómetros cuadrados y tiene unos quince millones de habitantes, de los cuales el 29,4% está debajo de la línea de pobreza y el 10,3% debajo del límite de la indigencia (según estadísticas del INDEC del primer semestre de este año). Aplicadas a los niños, las cifras apabullan: el 46% es pobre y el 52% indigente. Sin contar los planes Trabajar, el Estado calcula el 11,3% de la población desocupada y el 13% subocupada. “Hay una falta total de gerenciamiento”, dice la fuente recurriendo a un concepto de los 90. Durante la gestión de Duhalde, la Provincia recibió 680 millones de dólares por año extra –Presupuesto en el denominado Fondo del Conurbano. Esos aportes sumaron 5.440 millones de dólares que nunca fueron controlados por el Parlamento provincial ni por auditoría alguna. En un trabajo denominado “Provincia de Buenos Aires, diez paradojas de un endeudamiento irracional”, el dirigente del ARI Carlos Raimundi sostiene, en la “Paradoja 7: en los veinte años de administración justicialista, la Provincia pasó de tener 250.000 pobres –toda una tragedia– a los actuales ocho millones. ”No es casual: la pobreza es un negocio y una estrategia de perpetuación de estos dirigentes”. En otro tramo, Raimundi recuerda que “parte sustancial del déficit lo explica el pasivo del Banco Provincia, por millonarios créditos incobrables otorgados a los amigos del poder (Gualtieri, Yoma, Soldati, Showcase, entre otros). ”En lugar de penarlos, la Provincia se hizo cargo mediante un fideicomiso que debe pagar cada bonaerense”. Según el house-organ Noticias de Economía, del Ministerio de Economía provincial, en el Presupuesto del corriente año Buenos Aires gastará 22.419 millones de pesos, de los cuales 799 millones corresponden a intereses de la deuda. La Ley de Presupuesto 2006 autoriza al Gobierno a tomar nueva deuda por 2.500 millones de pesos y afrontar servicios de capital de deuda por 2.651 millones más, de los cuales 2.500 millones se financiarán con la deuda nueva, que a su vez generará otra deuda más. Mas allá de las donaciones K entregadas a los intendentes cooptados por Alberto F, el Gobierno nacional financia diversas obras en la provincia por fuera del presupuesto regional: el Ejecutivo paga los 227 millones de pesos de saneamiento del río Reconquista, 50 millones del plan Agua + Trabajo en el GBA,100 millones en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, 283 millones en escuelas, 88 millones en el aliviador arroyo Cildáñez de La Matanza, 24 millones en un similar en Vicente López,138 millones en el arroyo Unamuno de Lomas de Zamora y 252 millones en la readecuación del río Salado Inferior, entre otros emprendimientos. Quienes dentro del propio Gobierno están en contra de la reelección de Solá aseguran que la Provincia está en rojo, y que más del 60% de las obras en marcha se realizan con fondos del Gobierno nacional. A CADA SANTO, UNA VELA —El que se encarga de ver quién va en la Provincia soy yo, ¿se entiende? Y los dos siguen en carrera –dijo el presidente K ante la mirada ansiosa de Pampuro y Fernández–. Acá, ninguna candidatura está desactivada y quiero que los dos sigan trabajando como potenciales candidatos. —Pero ¿y qué pasa con Felipe? –preguntó uno de los dos bendecidos. —Lo de Felipe se tiene que definir por vía legal, y hay que esperar. Me lo pidió Felipe y yo me comprometí a esperarlo, pero él sabe que tiene tiempo hasta noviembre porque el plazo no puede estirarse mucho más. Yo no creo que salga, y necesitamos tiempo para imponerlos a ustedes dos como candidatos. —Lo de Felipe no va a salir –terció, seco, Alberto F–, pero tenemos que buscarle una salida elegante. El plazo octubre-noviembre, según informaron a PERFIL otras fuentes del Gobierno nacional, fue impuesto a Solá por el Presidente cuando viajaron a Venezuela para formalizar el ingreso de aquel país al Mercosur. En la reunión, también estaban Díaz Bancalari y Pampuro. —Tenés hasta el 30 de octubre para conseguir el aval y poder ser reelecto –le dijo entonces K a Felipe–. Después de esa fecha, me busco otro. La desaparición de Jorge Julio López y los incidentes de San Vicente atrasaron el último tramo del plan reeleccionista. El propio Solá reconoció hace algunas semanas en una reunión con dirigentes provinciales: —Mi reelección depende 50% de la política, 40% de póquer y 10% de la Justicia. En el 7 East de la calle 54, entre Madison y Quinta Avenida, el nombre de Felipe Solá se escuchó en la mesa de los argentinos que dejaban toneladas de propina. Alberto F, Cristina K, Zannini, Pampuro, Díaz Bancalari, Balestrini y el presidente K degustaban sus platos de pasta de treinta dólares y especulaban sobre la desaparición de López, de la que acababan de enterarse. La conversación saltó luego a Solá y estaban por hablar de la interna provincial cuando el Presidente dijo: —Quiero comer tranquilo. De la Provincia no se habla. Cada uno se incorporó en su asiento, como niños después de un reto y el Presidente agregó: —Para poder ganar en la Corte, Solá lo necesita a Duhalde. Ellos siempre se llevaron muy bien y son bastante amigos. Una semana antes de la batalla de San Vicente, Duhalde y Solá tuvieron su segunda reunión del año. Duhalde conserva aún algún ascendiente en la Corte y, sobre todo, una excelente relación con la procuradora María del Carmen Falbo, quien debe, desde su función, opinar sobre el asunto antes de que se eleve a los jueces. Duhalde le prometió a Felipe apoyarlo. Una encuesta de Analogías conocida pocos días después dio cuenta de que el 52% de los bonaerenses estaría de acuerdo con otro mandato de Solá. Ante una eventual candidatura del ingeniero Juan Carlos Blumberg, Analogías evaluó que un 60% del público piensa que ganaría Solá. ¿QUE PARTE DE “NO” ES LA QUE NO SE ENTIENDE? Los que todavía creen que el Presidente sólo apoya a Solá ven como un “inocultable gesto de adhesión” el hecho de que Alberto F gestione en persona la autorización para que Felipe hiciera su planteo a la Junta Electoral a través del Partido de la Victoria, sello kirchnerista que controla el senador Aldo San Pedro. Las 49 páginas de la presentación ante la junta fueron escritas por León Arslanian, quien hoy se reconoce como el ideólogo y ejecutor de la Operación Re-Re. El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, y su equipo colaboraron con Arslanian y esa “mesa chica” completada, obviamente, por el propio Solá fue la que tendió una cortina de humo anunciando una presentación ante la Corte provincial. Mientras los medios evaluaban la composición del tribunal y a quién podría responder cada ministro (incluso hubo cordiales visitas para presionar a Hilda Kogan, de extracción radical), el grupo Re-Re trabajaba en la presentación real ante la junta. La Corte quedó descartada porque no cerraban los tiempos: debían presentarse ante un juzgado de primera instancia, esperar que pase a la Cámara y recién a la Corte. Y la fecha límite de K aún se balancea sobre la cabeza de Felipe. El grupo, sin embargo, no se privó de especular con un hipotético resultado en la Corte: creen que quedarían 5 a 3, teniendo que enfrentar, entre los más duros, a Francisco Roncoroni (“Sobreactúa su independencia”, dicen), Luis Genoud (alineado con Díaz Bancalari) e Hilda Kogan. Finalmente, pidieron una “declaración de certeza” a la Junta Electoral sobre el artículo 123 de la Constitución provincial incorporado en la reforma de 1994, que establece textualmente que “el gobernador y el vice pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período. ”Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sí con intervalo de un período”. Solá y Arslanian lo interpretan así: el gobernador cumpliría el año próximo su primer mandato, ya que, cuando ocupó el cargo entre enero de 2002 y diciembre de 2003, lo hizo en reemplazo de Carlos Ruckauf, que renunció tras la crisis de 2001. También creen que no hay reciprocidad porque primero fue vice de Ruckauf y luego gobernador con Giannettasio como vice. Hay quienes creen que, luego de analizar la presentación, la junta se excusará de opinar, ya que no se pronuncia sobre materias abstractas. Para que la junta falle sobre el asunto, debería haber fecha cierta para las elecciones y un partido concreto que impulse la candidatura de Solá.

Inflación: tres teorías y un solo final

Por Roberto Cachanosky Para LA NACION

Puede afirmarse que la economía argentina ya tiene un clásico semanal en el tema precios. Un par de semanas atrás surgió el problema del gasoil. A la semana siguiente, el Gobierno tuvo que lidiar con el precio de la indumentaria. Durante la semana que acaba de finalizar comenzó la lucha por el aumento de las obras sociales de salud privadas. A estos tres casos hay que sumarles todos los anteriores, como la cuestión de la carne, los lácteos, etcétera. Al momento de explicar las presiones inflacionarias encuentro tres líneas de argumentación. A saber: a) los que ponen el acento en la evolución del gasto público, b) los que sostenemos que hay un problema monetario y c) los que afirman que hay un problema de oferta ante una demanda creciente que tiene que resolverse vía inversiones. Veamos cada caso. Los que sostienen que el problema está en el constante aumento del gasto público señalan que éste ha crecido tan fuerte que genera presiones sobre el nivel de precios. Al ritmo que viene creciendo, podemos estimar que este año el gasto del sector público nacional terminará un 57% más alto, en pesos constantes, que el gasto de 2002, a pesar de la reestructuración de la deuda. Quienes ven en este fuerte aumento del gasto estatal la causa de la inflación sostienen que este incremento presiona sobre la demanda y eleva los precios internos. Mi visión es que como el gasto está financiado con recursos impositivos, su impacto sobre la inflación no es relevante, dado que la salvaje presión tributaria que tenemos genera transferencias de ingresos de los que pagan impuestos hacia los que reciben esos impuestos en forma de gasto público. En definitiva el mayor problema que le veo al aumento del gasto tiene que ver más con una distorsión de precios relativos que con un problema inflacionario. Mi explicación del proceso inflacionario se basa en la ausencia de un superávit fiscal lo suficientemente alto como para sostener artificialmente elevado el tipo de cambio. Si uno toma el crecimiento de la oferta monetaria (incremento del circulante solamente) y lo compara con la evolución del PBI, considerando a este último dato como el incremento de la oferta de bienes y servicios de la economía, se encuentra que a lo largo de la década del 90 la relación circulante/PBI estuvo en un rango del 4 al 5 por ciento y que, luego de la devaluación, esta relación aumentó hasta llegar en el primer semestre de este año al 8,2% del PBI, casi el doble de la década del 90. Desde el punto de vista económico, ¿qué significa que la relación circulante/PBI crezca? Significa que la producción de moneda viene creciendo a un ritmo sustancialmente mayor que el incremento de la oferta de bienes y servicios de la economía. Si la gente aumentara su demanda de saldos monetarios, es decir, quisiera tener inmovilizada esa mayor cantidad de dinero, el impacto sobre el nivel de precios sería menor, pero si la gente no aumenta la demanda de moneda, toda incremento en la oferta necesariamente se traduce en una pérdida del poder adquisitivo del dinero, esto es, más inflación. De manera que a mi visión sobre el problema inflacionario la relaciono con un problema monetario, el que, a su vez, deriva de la necesidad de comprar dólares para sostenerlo artificialmente alto, condición necesaria para poder seguir aplicando los derechos de exportación que le aportan al Gobierno el 12% del total de la recaudación. Si el Gobierno no emitiera y dejara flotar libremente el tipo de cambio y éste bajara, seguramente le sería imposible continuar aplicando el impuesto a las exportaciones, y buena parte de la caja y del superávit fiscal se evaporarían. En definitiva, el modelo de tipo de cambio alto requiere crecientes dosis de impuesto inflacionario, pero, al mismo tiempo, esas crecientes dosis de impuesto inflacionario conspiran contra los objetivos políticos del Gobierno, situación que lo lleva a tratar de esconder la realidad inflacionaria detrás de todo tipo de regulaciones en el sistema de precios, pero al costo de generar una fuerte distorsión de precios relativos que luego analizaré. La tercera línea de argumentación, que podríamos decir que es la que sostiene el gobierno, afirma que el problema de la inflación tiene que ver con un insuficiente aumento de la oferta de bienes y servicios frente al crecimiento de la demanda. Supongamos que el argumento que esgrime el Gobierno es correcto. Si el problema está relacionado con un problema de incremento en la oferta de bienes, es obvio que la cuestión se resuelve con más inversiones que incrementen la capacidad de producción y, por lo tanto, la oferta de bienes y servicios. Por lo tanto, el aumento de la oferta contrarrestaría el efecto de aumento de la demanda y los precios se estabilizarían. Sin embargo, los controles de precios, las prohibiciones de exportación, las presiones que grupos piqueteros y funcionarios públicos ejercen sobre las empresas y el contexto de agresividad que viven las empresas hacen impensable que el problema de falta de crecimiento de la oferta sea resuelto con inversiones. En definitiva, si la teoría inflacionaria del Gobierno fuera correcta, la medicina que está aplicando para frenar la inflación no es la recomendada. No obstante, mi punto de vista es que el Gobierno se equivoca tanto en el diagnóstico de la inflación como en la medicina que aplica para frenarla. Está cometiendo un doble error en materia antiinflacionaria.
Contradicción
El gráfico que acompaña esta nota muestra la evolución del dólar, los precios al consumidor y los precios mayoristas, tomando como punto de partida diciembre de 2001 hasta septiembre de 2006. Del gráfico surge que los precios mayoristas aumentaron casi lo mismo que el tipo de cambio, en tanto que los precios al consumidor están muy retrasados respecto del aumento del dólar. Lo que muestran los números es que hasta septiembre de este año el dólar subió solamente un 9% más que los precios mayoristas y un 66% más que los precios al consumidor. La gran diferencia entre uno y otro es que los precios al consumidor tienen distorsiones de todo tipo (retraso en las tarifas de los servicios públicos, prohibiciones de exportación, controles de precios, presiones sobre las empresas para que bajen algunos productos, subsidios para que no se modifiquen algunos precios y demás artilugios). Se puede afirmar, entonces, que si tomamos los precios mayoristas, la devaluación fue licuada por la inflación. Si tomamos los distorsionados precios al consumidor, la devaluación, por ahora, ha sido exitosa. Esta contradicción tendrá que ser resuelta de alguna manera. O bajan fuertemente los precios mayoristas o suben los precios al consumidor. Mi convicción es que el problema se resolverá por el aumento de estos últimos. Lo que queda por saber es quién será el próximo Celestino Rodrigo que tendrá que reacomodar los precios relativos.

Adolescentes insomnes

La seguidilla de fiestas de egresados que comienzan a realizarse a esta altura del año hace que muchos de los alumnos concurran a las escuelas sin dormir e incluso, a veces, en estado de ebriedad.

Decir que para realizar cualquier actividad hay que tener unas condiciones físicas y psicológicas básicas suena a perogrullada, pero parece que en la práctica esto no se tiene en cuenta en ámbitos familiares y educativos. Hace un par de semanas que han comenzado las “fiestas de egresados”. Por alguna razón que ignoro –pero que supongo es “el mercado”–, éstas han adquirido determinadas características que, por lo visto, no pueden evitarse, aunque atentan contra la educación. Lo primero es que deben ser en un boliche (cada zona tiene los de moda respectivos, los que necesariamente hay que utilizar). Y claro: los boliches no se alquilan para fiestas los fines de semana –que es cuando ganan plata– y, por lo tanto, estas fiestas deben realizarse en días hábiles. En segundo lugar, no pueden realizarse en horarios razonables, habida cuenta de que al día siguiente hay que ir al colegio. Los egresados deben entrar triunfalmente a eso de la 1.30, luego de haberse reunido en algún lugar para llegar todos juntos, por lo que los finales nunca son antes de las 5.30 ó 6 de la mañana. Como tercera medida, y al hacerlo en boliches donde entran 4.000 ó 5.000 personas, hay que invitar a media humanidad. Siendo muy generoso y suponiendo una promoción de egresados de 100 alumnos, ¿quién tiene 40 ó 50 amigos ajenos a la institución educativa para invitar? Para que la fiesta sea “divertida” –valor máximo que rige estos eventos– debe estar todo lleno, no importa con quién. Con lo cual se termina invitando a alumnos de una infinidad de colegios, no ya exclusivamente de quinto año (o tercero de Polimodal), sino de tercero (o primero de Polimodal) en adelante. Esto hace que en innumerables casos –no digo siempre, aunque lo pienso– muchos de los asistentes no conocen siquiera a alguno de los egresantes homenajeados, lo que con cierta frecuencia produce que se generen conflictos y riñas que no parecen ser parte de ningún festejo, y que si todos fueran conocidos posiblemente se evitarían. Desde luego que una fiesta sin alcohol no es una fiesta, así que aunque por definición la inmensa mayoría de los asistentes son menores (alumnos de secundaria), las bebidas alcohólicas corren como si fueran agua mineral. Para colmo, por algún motivo que ignoro, el número de inasistencias a clase viene creciendo con los años lenta pero inexorablemente, por lo que a esta altura del ciclo escolar hay muchos alumnos que se encuentran “sin faltas” (no porque no tengan inasistencias, como su nombre lo indicaría, sino porque con una sola “llegada tarde” se quedan libres). Como combinación de estos factores, es habitual ver en las instituciones educativas a alumnos que van directamente al colegio desde la fiesta para no quedarse dormidos, en las condiciones en las que uno llega de este tipo de eventos. Si alguien piensa honestamente que un chico de 16 años que no durmió en toda la noche un par de veces por semana durante un mes y medio puede aprender algo que razonablemente compense el esfuerzo que se hace por enseñarle, creo que se equivoca. Tengamos presente, también, que hacia fin de año es cuando los alumnos necesitan estar en mejores condiciones. Sería una utopía solicitar que el Estado legisle al respecto (al margen, no entiendo por qué el Estado sí puede legislar a qué hora deben empezar o terminar los colegios y no puede hacer lo mismo con los bailables), pero creo que como padres o educadores deberíamos darnos cuenta de que esto en nada favorece el proceso educativo y sólo permitir que nuestros hijos asistan a un número razonable de fiestas de egresados.

El campeonato

Los testimonios de dirigentes políticos y allegados a los protagonistas recogidos por la prensa luego de los incidentes en San Vicente conforman un rosario de absurdos y sinrazones que compiten entre sí por el puesto a la frase más ridícula.

La batalla campal de San Vicente dejó frases históricas tras los hechos vandálicos que acompañaron la nueva marcha de la necrofilia argentina. Todo el hecho –desde su preparación hasta los tiros, piedrazos y demás yerbas ocurridos en el lugar en donde se suponía que Perón debía descansar en paz– fue una patética muestra de la tragedia que el país vive cotidianamente con la violencia. Sin embargo, para comprender un poco la génesis de este cáncer, lo dicho en las horas siguientes al escándalo puede ser de una gran ayuda. Cuesta elegir qué disparate ganaría el campeonato desatado tras la vergüenza que rodeó a la prepotencia sindical. Pero algunos de ellos sirven para resumirlos a todos. Creo que el senador Antonio Cafiero ha ganado esa ominosa contienda por ser él un político que ha ejercido los cargos más importantes que la ciudadanía puede otorgarle a sus dirigentes. Fue precandidato a la presidencia de la República, gobernador de la provincia de Buenos Aires, senador y diputado nacional, ministro del Poder Ejecutivo, en fin, una persona que no puede confundirse con un marginal ni con un barrabrava. A pesar de ello, Cafiero, en diálogo con los periodistas, cuando éstos le remarcaron la desmesura asesina del chofer de Moyano, preguntó con cara y tono de ofendido: “¿¡Qué, mató a alguien?!”. La sola repetición de esa frase exime de todo comentario: según Cafiero, mientras el que dispara un arma a mansalva no mate a nadie, no produce ningún hecho digno de mención o de preocupación. Está claro que si por él fuera la tentativa de homicidio no sería un delito. El segundo lugar de este campeonato de dislates lo ocupó un compañero sindicalista de Emilio “Madonna” Quiroz, quien también en contacto con la prensa y cuando ésta mencionaba la posesión del arma por parte del camionero, dijo: “¡Eso si es que la tenía...!”. A todo esto, las imágenes de Quiroz disparando a matar a quien tuviera enfrente habían recorrido el planeta cuatro veces. El tercer puesto se lo lleva el inefable ex juez Daniel “Muzzarella” Llermanos, a la sazón abogado de Quiroz, quien –inscribiéndose en la tesis inaugurada por el salvador de la Patria Luis D’Elía– argumentó que su cliente era “un solidario”, cuya desinteresada intervención “había evitado una masacre”, disparando su arma “contra una pared absorbente” (¿?). En el cuarto puesto ubicamos a la hermana del homicida en grado de tentativa, quien, dirigiéndose a la prensa, la increpó por “hacer leña del árbol caído”, como si su hermano fuera un pobre ángel, desválido e infortunado, del cual todos se aprovechan en su desgracia. Por último, en el quinto lugar aparece un vecino de Quiroz, quien –cuando le preguntaron por él en el barrio que comparten– dijo: “¿Emilito? Más bueno que Lassie....”. Yo pregunto: ¿no será mucho?, ¿no habrán superado ya todos los límites de la locura y de la sinrazón? Toda esta fraseología del dislate parece extraída de una comedia del ridículo. Pero no es así. Estas palabras no pertenecen a la inventiva volada de un guionista de humor negro. Fueron dichas por argentinos teóricamente “normales”. Un dirigente de altísimo prestigio en el Justicialismo, un representante sindical, un abogado y dos ciudadanos comunes no habían encontrado nada reprochable en la conducta de quien podría haber protagonizado una tragedia de muertos y heridos en lo que se suponía debía ser un acto de recogimiento y homenaje. El peronismo, como no podía ser de otra manera, le volvió a entregar al país un espectáculo lamentable, escenas extraídas de su más inconfundible sello. ¿Qué ha ocurrido en la Argentina? ¿La sociedad ha incorporado a sus modales genéticos las maneras del peronismo? ¿O el peronismo –pícaro como pocos en la explotación demagógica de las lacras más profundas de la sociedad– ha aprovechado para su beneficio esta génesis social emparentada con la violencia y el desborde? ¿Qué ha sido primero: el huevo o la gallina? Sea como fuere, los días que pasaron, sazonados con la violencia en San Vicente, en el Hospital Francés, en el fútbol y en la cotidianeidad de la calle, han entregado rezagos de los peores capítulos de la historia de la Argentina. Una historia que, desde el 26 de mayo de 1810, ha estado más relacionada con la muerte y la violencia que con la vida y la concordia.

Dislate
Ya hubo de todo en Misiones: Alicia Kirchner repartió 9.000 subsidios en tres días, bolsas de alimentos y hasta dentaduras postizas; Sergio Massa, tres millones en un solo día, y Carlos Rovira, bicicletas y computadoras. La gente hace cola en los bancos, porque teme que los cheques ya no valgan más el lunes, y, según el periodista Jorge Kurle, están contratando paraguayos a 150 pesos por cabeza para reeditar el famoso "voto transeúnte" que inventara Juan R. Vidal en la vecina Corrientes: la oposición cree haber descubierto que circulan DNI sin fotos para habilitarlos a votar y es claro que con un padrón de 650 mil, donde nunca vota mas del 70%, con 15 mil votos falsos meten el "paquetazo". ¿Cómo se llegó a este dislate? ¿Cómo se puede confundir este clima digno de nuestro Pago Chico con el alba de la "nueva política"? Sencillo: por la adición de torpezas del gobierno local y del nacional. En vez de enmascarar sus ambiciones reeleccionistas en una reforma constitucional más amplia, como han hecho varios de sus émulos, Rovira llama a comicios para reformar un solo artículo: el que le permita a él una reelección indefinida, escándalo que le tira en contra al clero del lugar. Y el presidente Kirchner lo avala con una inexplicable solidaridad caudillesca, jugándose en una cruzada que se nacionalizó, cuando debía pasar por una aventura personal provinciana.

El análisis de la noticia

Más monarquía que democracia

El gobernador Carlos Rovira mostró en los últimos días las razones por las que el sistema de reelección ilimitada no sirve. Es malo en cualquier lado, pero es peor en lugares donde son muy grandes los índices de pobreza o donde el Estado es el primer proveedor de trabajo. El reparto de comida con boletas electorales abrochadas a las bolsas, la promesa de exiguos minicréditos que provocaron un escándalo de mujeres interesadas y hasta las denuncias de fraude marcaron las vísperas de las elecciones de constituyentes de pasado mañana. En esos lugares, la reelección ilimitada reemplaza, virtualmente, a la democracia por la monarquía. ¿Fijará esa elección la relación definitiva entre el presidente Néstor Kirchner y la Iglesia? Desde luego que no. En primer lugar, Kirchner nunca dio por perdida la elección de Misiones. Incluso, el miércoles último recibió encuestas que le anticiparon una victoria de Rovira por 7 puntos. La oposición cuenta con mediciones que, en cambio, suben al podio del triunfo al obispo Joaquín Piña. Lo que sí ha hecho el Presidente es pasar de su inicial y activo compromiso con Rovira a cierta cautela. Optó por la moderación cuando constató que el gobernador habría "ganado paseando", como dijo el propio Kirchner, si hubiera planteado la posibilidad de ser reelegido un mandato más. La ambición de Rovira de ser reelegido ilimitadamente le complicó las cosas. No es una novedad que la Iglesia, a su vez, participe de eventos institucionales. Lo ha hecho desde 1810 hasta la Constituyente de 1994, que modificó la primera Constitución de 1853. La única novedad, en el caso de Misiones, consiste en que un obispo encabeza una lista de candidatos. Eso no habla de un contrato opositor de la Iglesia, pero subraya claramente la profunda crisis del sistema de partidos en la Argentina. De hecho, hay tantos peronistas al lado de Rovira como detrás del obispo Piña. La oposición a Rovira no pudo encontrar un candidato político en condiciones de expresar a la opinión antireformista de Misiones. Esa provincia podría reflejar sólo, como un espejo diminuto, a la política argentina. Los personajes y sus parlamentos están cambiados en el teatro misionero. La trayectoria de Piña, que fue un comprometido opositor al dictador paraguayo Alfredo Stroessner, lo colocaba como aliado natural del discurso progresista de Kirchner. Pero el Presidente decidió apoyar a Rovira, un caudillo local que atrasa ante cualquier proyecto de progreso y de modernización de la política. Rovira es lo que se vio en los días recientes: más parecido a un patrón de estancia que a un gobernante moderno.
* * *
No hubo instancia judicial capaz de interceder en Misiones para frenar lo que es una virtual compra de votos. El caso misionero ha puesto en el centro de la escena, además, la perentoria necesidad de instalar el voto electrónico en la Argentina. No sería la salvación definitiva del sistema electoral, pero sería mucho mejor que el actual y vetusto sistema de boletas. Nadie habla del voto electrónico. Brasil, con una geografía más grande y una sociedad más compleja que las argentinas, ya cuenta con voto electrónico. Paraguay también lo tiene. A pocas semanas de asumir Kirchner, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, hizo una muestra ante varias ONG y periodistas sobre los tres sistemas de votos electrónicos que había seleccionado su gobierno. Debut y despedida. Nunca más se volvió a hablar de esa modificación del sistema electoral. Ni siquiera las perspectivas de las elecciones presidenciales explican el apoyo de Kirchner a Rovira. La Argentina es, tras la reforma constitucional de 1994, un distrito único cuando se trata de comicios presidenciales. En esa clase de competencias, un municipio de mediano porte de la provincia de Buenos Aires es más importante que Misiones. La Iglesia vio en Misiones, por su parte, el banco de pruebas de muchas reformas de constituciones provinciales y, por qué no, de la Constitución nacional. Es cierto que Kirchner habla mal de la reforma de 1994 y que critica asiduamente el Pacto de Olivos, que no fue otra cosa que la matriz que incubó aquellos cambios de la Constitución. La rutina del discurso podría terminar en otra mutación de la primera ley de los argentinos. Esa percepción explica el "aval" que el cardenal Jorge Bergoglio le dio a Piña. Sin embargo, nadie podría decir que el Episcopado argentino se concentra en la batalla electoral de Misiones. Tampoco cantará victoria sobre Kirchner si llegara a ganar Piña. Una elección está condenada, por definición, a la victoria o a la derrota. La Iglesia no podría correr nunca el riesgo de perder una elección. Los obispos se han mantenido en sus cosas y sólo se pronunció el de Posadas, Juan Rubén Martínez, cuando debió salir a defender la actuación de la Iglesia de Misiones durante la dictadura. Antes, Kirchner había pronunciado un discurso de fuego contra la Iglesia en general, pero justo en la ciudad donde hubo un obispo preocupado por los derechos humanos en los años 70. Kirchner desconfía de la vocación opositora de Bergoglio. Desconfía más desde que el cardenal de Buenos Aires recordó en una homilía que los argentinos deben vivir como hermanos. Bergoglio dijo que se debe tener memoria de "cómo" viven los hermanos. Nunca dijo, como se promocionó, que los argentinos debían tener memoria de "cuando" vivían como hermanos. El cómo y el cuando modifica, en este caso, la sustancia del mensaje, sobre todo porque el cardenal sostiene que los argentinos nunca vivieron como hermanos. "Nos hemos enfrentado unos contra otros desde la independencia", suele decir Bergoglio. ¿Por qué pedirle a un sacerdote, entonces, que deje de predicar las bondades de la concordia? La Iglesia no tiene partido tomado contra Kirchner, pero, al revés de otras épocas, decidió defender su independencia del poder. El propio Piña ha dicho mil veces que él no está haciendo política partidaria, sino política institucional. Se trata de un combate distinto. En ciertos casos, y sólo para algunos, todavía hay una diferencia esencial entre ambas formas de abordar las cuestiones públicas.
Por JMS

Es lo que hay

El momento es propicio para examinar la verdad de un dicho que anima el núcleo duro del accionar presidencial. Manejado de modo subrepticio pero dotado de esa expresividad que suele ornar las construcciones ingeniosas, parafrasea de alguna manera una vieja verdad revelada, aquella que postula la imposibilidad de cocinar una rica tortilla sin romper primero los huevos. En este caso, la turbulenta praxis kirchnerista proyecta la complicada idea de que, en ciertas ocasiones, es preciso valerse de viejos ladrillos para edificar casas nuevas. ¿Es Hugo Moyano, por ejemplo, un caso paradigmático de esa vetusta arcilla con la que se moldea una flamante edificación? Este gobierno ha venido teniendo desde mayo de 2003 una formidable y excepcional posibilidad de convocar a hombres y mujeres cuya presencia hubiera renovado drásticamente el escenario permanente de los hacedores del país. Sólo en algunas contadas áreas, Kirchner se ha manejado con ese criterio y apeló a personajes que podrían implicar avances cualitativos singulares. Han sido una minoría y se los suele asignar a áreas no críticas y en cargos no estelares. ¿Nombres? En Cultura, por ejemplo, Nun, González y Tarcus son individuos capaces de agregar miradas y tal vez prácticas distintas. Lo es, en cierto sentido, Filmus en Educación, un ministro que no ofende el pudor medio de los sectores de la sociedad más preparados para hacer lecturas inteligentes. Lo era Bielsa en Exteriores, pero su alto perfil y su astucia discursiva, sazonada, además, por su vecindad con las cuestiones culturales lo hicieron brillar “demasiado” en las cercanías de Kirchner. Salió expelido. Pero en otras zonas de decisión oficial, el Gobierno se ha manejado con pétrea e inamovible adhesión a rancias sabidurías convencionales. El listado de los proverbiales en funciones revela que el Presidente ha sido un conservador nato, a la hora de convocar a sus interlocutores e integrar sus cuadros de conducción. Nada nuevo, claro, pero vale la pena dar cuenta de estas decisiones estratégicas, toda vez que el penoso cachivache de San Vicente revela que, no por nada, Kirchner prefirió a gente como Hugo Moyano cuando se trató de plasmar su contraparte certificada a la cabeza del aparato gremial. Así, Moyano es a los sindicatos lo que Albistur, por ejemplo, es a los medios de comunicación; De Vido, Jaime y Cirielli, a todos los negocios encarados por y desde el Estado; Aníbal F., a la seguridad; y Alberto F., a la real-politik. En pocos terrenos este inmovilismo ha sido más evidente que en los acuerdos del Presidente con los gobernadores, entre los cuales se ha movido con un pragmatismo tan descorazonante que sigue sobresaltando a una cierta progresía incauta, para la cual Kirchner sería un personaje “contradictorio”, alguien que, de pronto, aparece curiosamente pegado a gente como Maza, Fellner, Busti, Gioja, Insfrán o Rovira. No lo es. Tampoco es un arrebatado. Que hoy quieran esconder a Moyano dentro del placard no quiere decir que su convalidación por Kirchner haya sido un asunto menor. No hay sutilezas en ese ajedrez: al día siguiente de este desolador 17 de octubre, el Presidente y su mujer se subieron a un palco suburbano junto a Mario Ishii, el amo de José C. Paz, en directa alusión a un dato de la realidad: si hay complicidad explícita con lo más arquetípico de la vieja política, el Gobierno no sólo no quiere que pase inadvertida sino que, peor aún, se mostrará reconfortado y sin quejas, junto a sus principales símbolos, sin protestas ni lamentos, leal al criterio sacrosanto de esta época: es lo que hay. Kirchner pidió, junto a Ishii, que no lo dejen solo. Triste expresión: ¿nadie le recordó al Presidente quién patentó la frase “No-me-dejen-solo”? En materia de sindicatos, Kirchner, que despotrica contra periodistas y políticos porque los califica de corporaciones y piezas de museo, eligió no confrontar ni cambiar demasiado. Estaba “hecho” con Moyano y sus seguidores, hombres como Palacios y Viviani, esencia encarnada del agrio y sempiterno gremialismo afecto a los mandobles y la colonización del poder. No iba Kirchner a correr riesgos, y así, alguien que teóricamente tendría más que ver con la simbología progresista del oficialismo (De Gennaro, de la CTA) quedó fuera de la nomenclatura gubernamental. En el verano de 1984, Alfonsín se rompió la cara con el peso muerto de una mayoría parlamentaria, la peronista, que le hizo trizas su ¿utópica? idea de democracia sindical. Tozudo, tal vez demasiado ingenuo, a poco andar supo que la estructura sindical no sería tocada por el peronismo. Trastabilló y no se repuso: dos años más tarde, nombró a alguien “del palo” sindicalista como ministro de Trabajo, lo cual fue perfectamente estéril a los efectos de domar a los gremios peronistas. Con Patricia Bullrich, el gobierno de la Alianza les mojó la oreja a muchos capitostes, que la destrataban como “piba”. Tampoco prosperó. Si Ubaldini le hacía paros a Alfonsín, Palacios pedía la devaluación urgente del peso argentino cuando De la Rúa ya iba, sin carroza, rumbo a su muere político. Ni el peronismo del verano de 1984 ni el de la primavera de 2006 difieren de una verdad aceptada y consagrada: con los “muchachos” no se jode. El cadáver de Perón fue trasladado con anuencia del Presidente y la seguridad fue encargada a los “muchachos”, integrantes de un aparato que es ajeno a la estructura estatal, datos de enorme trascendencia. Como dice mi amigo, el dueño del chalet Arrabal, la relocalización del féretro “es como privatizar la emoción que, sin duda, sigue generando Perón en nuestra sociedad. Y la privatización genera un peaje para quien tenga el dominio de la cripta”. Por eso, San Vicente es coherencia pura, aunque el Presidente se lamente de que lo hagan sufrir y le amarguen la siesta. Primero calificó de muertos a quienes organizaron la transferencia de los restos de Perón a esa quinta bonaerense. Después aceptó hablar en ese acto fúnebre. Terminó sin poder ir, pero no por un complot internacional ridículo, sino porque estaba en la escorpiónica naturaleza de la criatura hacer lo que hizo, comportarse de esa manera, revelar su esencia profunda. No son contradicciones apasionantes y creativas, sino ambigüedades más bien sórdidas las que llevan al país a la enésima y melancólica lamentación de su atraso. La canalla que mostraba vientres empapados de cerveza y furibundos garrotes en la mano, de la que surgió el inefable chofer-pistolero sindical apodado “Madonna”, es el rostro revelador de un país al que, hasta hoy, el Presidente decidió no cuestionar.

Verdad y política
“La aniquilación de la verdad y la aniquilación de la democracia caminan al mismo ritmo, constituyen dos indicadores recíprocos y convergentes: las libertades públicas y las mentiras políticas circulan de forma inversamente proporcional” (del libro El soberano y el disidente, de Paolo Flores D’Arcais).
“El grado de tolerancia con respecto a la mentira política es un indicador barométrico de la calidad de la democracia. Sin sinceridad pública, el proceso democrático resultará ilusorio y el poder del pueblo quedará reducido a un eslogan” (del libro La importancia de la verdad para una cultura pública decente, de Michael Lynch). “El control democrático depende de que los ciudadanos dispongan de información verdadera a tiempo para poder premiar o castigar a los políticos. Aquel que es manipulado o engañado no podrá elegir nada, o incluso, peor: será inducido a deliberar algo diferente a lo que imagina decidir” (del libro El control de los políticos, José María Maravall). “La mentira está en toda la naturaleza: los virus engañan al sistema inmunológico de los organismos en los que logran hospedarse, las plantas disimulan para librarse de sus predadores, los animales se esconden para atrapar su presa. La única protección que tenemos frente a la mentira en la democracia es contar con una prensa libre” (del libro Fundamentos biológicos y psicológicos de la mentira de David Livingstone Smith). Filósofos. Paolo Flores D’Arcais es italiano, Michael Lynch y David Livingstone Smith son norteamericanos, y José María Maravall es español. Todos ellos conceptualmente coinciden en que “la estrategia de los políticos es manipular para mantenerse en el poder y maximizar su autonomía”. Bush mintió al decir que Irak tenía armas de destrucción masiva y Saddam Hussein estaba conectado con Al Qaeda: pero logró ser reelecto. Hace pocas semanas, mintió el primer ministro de Hungría al decir que la economía de su país era “un puma que volaba” para, luego de ser reelecto, reconocer que no podía mantener los subsidios y el país atravesaba una dura crisis energética. La lista es interminable. David Livingstone Smith, director del Instituto de Ciencia Cognitiva y Psicología Evolutiva de la Universidad de New England, Estados Unidos, dice: “Los políticos son mentirosos profesionales. Ellos mienten hábilmente y, la mayoría de las veces, son conscientes de eso. Cuando el político cree su propia mentira, su poder de persuasión se torna infinitamente mayor. Hitler fue un ejemplo: era un engañador brillante y claramente creía en lo que decía. Pero normalmente los políticos captan con precisión los anhelos del electorado y no se preocupan si van a conseguir o no lo que prometen. Saben que la vulnerabilidad del ser humano reside en creer en aquello que lo hace sentir bien, importante y esperanzado”. Michael Lynch, profesor de filosofía de la Universidad de Connecticut es un especialista en el tema. Escribió, además del libro citado, otros tres: La naturaleza de la mentira; Verdad y realismo; Verdad y vida. Para él “la búsqueda de la verdad es el fundamento de las democracias liberales y, por el contrario, el cinismo hacia la verdad, propio de los fundamentalistas, lleva hacia el caos totalitario”. La verdad a la que se refiere Lynch es objetiva y neutral, es compleja, en tensión y dinámica, en contraposición con la verdad ingenua y absoluta de los dogmáticos. También se opone al relativismo posmodernista “que termina siendo funcional a los tiranos porque: si todos los gatos son pardos...”. La verdad es un presupuesto esencial de la libertad. “Libertad, ¿para qué?”, dijo Lenin, del mismo modo que podría haber dicho: “Verdad, ¿para qué?”. Beltrand Russell decía que la pregunta ‘par excellence’ de la filosofía era: ¿qué es la verdad? Psicólogos. Los psicólogos hablan de la paradoja del mentiroso, formulada en: “Yo miento”. ¿Dice la verdad al decir que miente; también miente al decir que miente? El psicólogo Robert Feldman de la Universidad de Massachusetts realizó una investigación que demuestra que apenas uno entre mil individuos consigue detectar las señales de mentiras en las otras personas, y que las personas cuentan un promedio de tres mentiras cada diez minutos de conversación, asumiendo como mentira no sólo lo dicho sino también lo no dicho, lo omitido. Ese estudio concluyó que la política es la profesión más deshonesta de todas: en ella se asocia el concepto de ‘verdadero’ con el de ganar un juego: “Si sirve para ganar, no es falso”. Lynch explica que “al mentir, el mentiroso acrecienta su poder y reduce el nuestro: al creerle, cedemos parte de nuestra libertad y quedamos sometidos a su voluntad”. Presidentes. La semana pasada, el Centro para Periodistas en Extrema Situación criticó a Putin por su tardía condena del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya: “Queremos citar el ejemplo del presidente de Francia, quien, cuando una periodista fue tomada de rehén en Irak, inmediatamente canceló sus vacaciones para hacer una declaración. El silencio del Putin sugiere una actitud de complicidad o indiferencia: los ciudadanos quieren escuchar la opinión de su presidente cada vez que un hecho importante sucede. Pero Putin tiene un particular patrón de reacción frente a noticias desagradables: desaparece y sólo habla cuando el problema está encaminado. Dos días después del asesinato de Anna, Putin hizo su primer comentario: demasiado tarde”. Sucedió lo mismo en Argentina con los hechos del 17 de octubre (y también con Cromañón). Kirchner no explicó a la sociedad su visión de lo que pasaba. Luego pasó del silencio a la cómoda teoría del complot. Verdad y política: ésa es la cuestión del periodismo.
(JF)

Exodo de magistrados
Una Justicia sin jueces
Dos de cada diez jueces ocupan un sillón que no les corresponde. Los denominados “jueces subrogantes” son el fruto de un mecanismo en el que no participan ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, en el que el propio Poder Judicial se autorreproduce y da a luz un juez provisorio que deviene en (casi) permanente.
Por jorge lanata
22.10.2006 01:46
Dos de cada diez jueces ocupan un sillón que no les corresponde. Los denominados “jueces subrogantes” son el fruto de un mecanismo en el que no participan ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, en el que el propio Poder Judicial se autorreproduce y da a luz un juez provisorio que deviene en (casi) permanente. Sujetos a una de las características esenciales del ser nacional (todo lo provisorio tiende a convertirse en permanente), los “jueces suplentes” son la expresión de una nueva enfermedad endémica que se suma a la falta de justicia: la falta de jueces. Sin contar los jueces de la Corte Suprema, hay en la Argentina 902 jueces titulares, y 193 jueces subrogantes en funciones, con lo que representan el 21% del total, según datos del Consejo de la Magistratura al 15 de septiembre pasado. Las 143 renuncias de jueces producidas en los últimos tres años baten el récord desde el retorno a la democracia, y su origen se reconoce en diversas causas: presiones del poder político sobre los magistrados, hartazgo, desprestigio social, falta de recursos, etcétera. Para el ministro del área, Alberto Iribarne, el éxodo masivo de los jueces obedece a una compulsión jubilatoria: “Noventa y nueve de los ciento cuarenta y tres que renunciaron dijeron que lo hacían para jubilarse”, le explicó a La Nación. —Pero en otros gobiernos también se jubilaban los jueces. ¿Qué explicación le encuentra al récord? —No la hay. De hecho, 2006 será el año de mayor dimisiones de jueces desde la vuelta a la democracia, superando a 1984, año en el que cuarenta y tres jueces de la dictadura decidieron pasar a cuarteles de invierno. Marcela Rodríguez, diputada del ARI y miembro del Consejo, ve el miedo al juicio político como principal motivador de la fuga judicial. “Hay jueces que tienen miedo de quedar bajo la órbita del oficialismo, que va a manejar tanto el Consejo como el Jurado de Enjuiciamiento”, sostuvo. Los pliegos para el nombramiento de jueces se acumulan en el escritorio presidencial: en este caso, el valor de la inacción es el mismo que el del aval, el Presidente especula con las dos vacantes vencidas que debe cubrir la Corte, y, también, con las 47 sillas vacías en los juzgados inferiores. El Consejo de la Magistratura ya le envió las ternas pero el Presidente se niega a jugar al ta te ti. K nombró desde su asunción a más de 130 magistrados,17 en lo que va del corriente año. Otras noventa y cinco vacantes están ahora en el área del Consejo, que estudia cuarenta concursos para cubrirlas. El caso del fuero en lo Penal Económico (bautizado “penal cómico” en el argot de los Tribunales, debido a la mínima cantidad de causas que llegan a una condena firme) de los ocho juzgados en vigencia, cinco están vacíos. La política tentó al primero en irse, Julio Cruciani, quien también se llevó su moñito. El escándalo por el contrabando de armas ayudó a la salida de Julio Speroni, Carlos Liporace y Bernado Vidal Durand se fueron con las narcovalijas y también Jorge Brugo dio los hurras después de juzgar a Domingo Cavallo y Héctor Ricardo García. Los tres sobrevivientes del fuero concilian el sueño con dificultad: el fiscal Rívolo acusó al juez Tiscornia de pedir una coima de cuatro millones de dólares a una empresa acusada por contrabando; Servini de Cubría investiga si el juez Aguinsky incurrió en prevaricato al declinar su competencia y enviar a la Corte el caso de la venta de armas a Croacia; y el juez Artabe fue denunciado por el interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por manejos dudosos en el aeropuerto de Ezeiza. Hay quienes sostienen que Artabe, Aguinsky y Tiscornia miran su equipaje con melancolía con lo que, de sumarse al éxodo, el fuero quedaría vacío. Un buen momento para instalar allí un Auto Mac, o rentarlo como salón de fiestas. SERAS LO QUE DEBAS SER (Y SI NO SERAS SUBROGANTE) El Príncipe de los Subrogantes, el leading case de los jueces suplentes, es, por aclamación, Octavio Aráoz de Lamadrid. Antes, prosecretario de la Cámara de Casación Penal, Aráoz de Lamadrid rindió el correspondiente examen para quedarse con la titularidad del juzgado federal de Juan José “Marlowe” Galeano, y fue aplazado con un uno. Su nota, sin embargo, no sirvió para disuadir a nadie de su destino judicial: actualmente, subroga no un solo juzgado sino dos, también el vacante de Jorge “Cravatte” Urso. Según evaluó la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, el pasado 9 de febrero en el marco del concurso 140, Aráoz de Lamadrid tuvo en su examen no sólo importantes errores de concepto al fallar en una causa teórica, sino también errores de ortografía que lo obligarían a recursar la escuela primaria en el turno noche: “Ha considerar”, por no distinguir “ha” del verbo “haber” de la preposición “a”; “tubiere” por “tuviere”; ”convina” por “combina”; “fasilmente” por “fácilmente”. “Los fundamentos están presentados en forma extremadamente desordenada, y algunos son directamente incorrectos”, dijo la Comisión. El muerto, de todos modos, podía reírse del degollado: de los 33 aspirantes, la mitad sacó menos de cuatro puntos y sólo dos obtuvieron más de siete. Aun así, ganó el que sacó uno. En su presentación a concurso para ser fiscal en Quilmes, no le fue mejor: salió noveno. La meteórica carrera judicial de Aráoz de Lamadrid tuvo su primer traspié en abril, cuando la Sala 1 de la Cámara Federal lo apartó de un caso de narcotráfico por haber perdido 160 kilos de cocaína durante una entrega vigilada. La droga en cuestión había salido de Perú en el marco de un operativo conjunto entre autoriodades judiciales peruanas y la DEA. El subrogante Aráoz autorizó, el 31 de enero, el ingreso de 160 kilos, aunque una constancia actuarial del mismo día, firmada por la doctora Riggi, da cuenta de que el peso total de la droga es de 184,507 gramos. Como todo el mundo sabe, la cocaína tiene un carácter voluble y problemas nutricionales: sube y baja de peso todo el tiempo. Según consta en el mismo expediente, el 2 de febrero el pesaje realizado por Gendarmería Nacional de Salta arroja otra cifra: 188,120 kilogramos, esto es cuatro kilos más que el anterior. La avioneta que trasladaba esta cantidad indeterminada de cocaína, por desperfectos técnicos, aterrizó en Salta. Aunque toda la operación era secreta, ya que se trataba de detener a quienes buscarían la droga en Buenos Aires, la noticia de la avioneta salió publicada al día siguiente, 3 de febrero, en el diario local El Tribuno, que también dio a conocer el destino final: “Agentes de la DEA llevan el cargamento hasta San Fernando”, anunció. Finalmente, la droga celosamente vigilada por Aráoz de Lamadrid llegó al aeropuerto de San Fernando y fue introducida en el baúl de un Mercedes conducido por un colombiano y un agente de Gendarmería, quienes dejaron el auto en un estacionamiento de Congreso, con un rastreador satelital que no funcionaba. La droga, obviamente, “se perdió”. La Sala 1 de la Cámara Federal –Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Horacio Vigliani– llamó la atención de Aráoz por la “falta de prolijidad” y lo apartó del expediente. El perspicaz Aráoz sigue subrogando los dos juzgados y, hace algunas semanas, agregó (sólo por unos días) un tercero: el de Sergio Torres; cobra el salario completo de un juez federal más el treinta por ciento del otro juez que también subroga. Aráoz de Lamadrid tiene otro tábano que le azuza la frente: el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. Ya forman parte de las leyendas de Comodoro Py los escritos de Garrido a Lamadrid, en los que no le reconoce su condición de juez de la Constitución. Garrido los dirige “Al Sr. Prosecretario de Cámara a cargo del Juzgado....”, y antes de solicitarle nada, le recuerda: “Que sin perjuicio de considerar inconstitucional vuestra designación por no ajustarse a las pautas establecidas en los artículos 99, inciso 4, y 114 de la Constitución Nacional vengo, no obstante, a dejar a salvo mi criterio, a presentar...”. Contra viento, marea y chicanas, Aráoz de Lamadrid sigue atornillado a su sillón: cuenta con el apoyo del camarista Martín Irurzun y del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Joaquín Da Rocha. En la base de la pirámide, el mismo Poder Judicial sigue aún sin resolver la situación de 1.198 meritorios que trabajan sin ninguna remuneración en el fuero federal: tienen la misma responsabilidad que cualquier empleado judicial, cumplen horario entre las 7.30 y 13.30 y no cobran un solo centavo. Fueron, en teoría, nombrados el pasado 6 de julio en paritarias entre el Consejo de la Magistratura y el Sindicato de Judiciales, pero el expediente deambula desde entonces por los pasillos del Gobierno, de Presidencia a Economía, de ahí a Presidencia, y así. No tienen obra social ni cobran viático alguno, y son mano de obra esclava de un poder que oscila entre el éxodo y las presiones del Ejecutivo.

Incorregibles
"Los peronistas no son ni malos ni buenos: son incorregibles", decía Jorge Luis Borges. Y ayer volvieron a demostrarlo, malogrando una jornada popular por el traslado del féretro del "líder" al mausoleo erigido en su vieja quinta de San Vicente. Patadas, trompadas, pedradas y hasta tiros jalonaron una refriega aparentemente causada en la disputa por los primeros lugares frente al palco, antes de que llegara el cortejo. Los revoltosos, pertenecientes al gremio de los camioneros --dicen algunos-- o a los albañiles --dicen otros--, rompieron todo el portón de acceso, la vivienda de los caseros y hasta el viejo Fiat que el prócer amaba manejar. Igual que en la "batalla de Ezeiza" de 1974 (90 muertos), ayer era imposible descartar el conflicto tribal del peronismo, la lucha primitiva por la propiedad del "totem" (el que toma el "totem" gana) para desilusionar a los más cándidos, que creyeron en una reconciliación entre las facciones internas en torno del sarcófago. El presidente no asistió, y el acto acabó con un público mayoritariamente formado por la Guardia de Infantería.
(LNP)

Bandas
De la oprobiosa gresca del martes, en San Vicente, poco fue aclarado; salvo que el hijo de Hugo Moyano tiene chofer particular. ¡Dichosos años aquellos de la "podrida oligarquía", cuando el intendente de Mar del Plata, Teodoro Bronzini, llegaba a su despacho en bicicleta, y cuando el presidente, Agustín P. Justo, y su opositor, Alfredo Palacios, cambiaban ironías al cruzarse por la calle Florida...! Las escenas que vimos todos por TV ya recorrieron el mundo entero --asociando otra vez el apellido Perón con el sustantivo violencia-- y se han convertido, sin embargo, en placa tornante para definir, de una vez por todas, esta situación en que la violencia --privatizada-- domina al país. Y lo domina, además, con la autorización expresa de un gobierno que proclama muy alto ser representante de una parcialidad, y sólo de una parcialidad, dedicada a pulverizar a sus rivales. Pruebas: los incidentes (más domésticos) en el Hospital Francés, provocados por sicarios a las órdenes del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que también "tercerizó" su violencia. Es notorio el discurso oficial: la policía es fascista, pero la "violencia popular" es sagrada. Y así las calles viven dominadas por piqueteros, el tránsito es habitualmente interrumpido por turbamultas politicantes, los espectáculos deportivos regimentados por barras bravas, y a los arrabales los manejan bandas y bandidos, que se reparten los territorios para secuestrar y robar, o que riñen por ellos. Y lo peor es que a los jefes --como Luis D'Elía-- se les asignan cargos oficiales, o al menos se les confía la "seguridad" de sectores enteros de la población. Es notorio que en San Vicente la seguridad le fue asignada a la CGT de Moyano, ordenándose a la policía quedarse al margen.
(LNP)

Un desastre funcional a Kirchner

Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas le han hecho un inmenso favor a Néstor Kirchner. Incapaces de controlar las brutales internas sindicales que hoy quedaron expuestas, le ahorraron al Presidente el mal rato que seguramente iba a pasar en un acto de neto corte peronista.El peronismo “sin Perón” de Kirchner sumó con este brutal regreso de los peores vicios del sindicalismo argentino, excusas sino razones, para que la Casa Rosada siga ensayando sus experimentos, transversalidad, concertación, destinados a diluir el movimiento.
La investigación periodística ahondará en los próximos días sobre el origen y las causas del bochorno de San Vicente, es posible incluso que se descubra alguna mano negra vinculada a los servicios de inteligencia, pero nada de eso excusa a los organizadores del traslado del cuerpo de Perón.
Tenían muy claro que estaban pulseando con Néstor Kirchner, quien nunca estuvo cómodo con este regreso del fundador del peronismo a la discusión pública. La presencia de Eduardo Duhalde en la CGT y la inmediata adhesión que recibió de José Manuel de la Sota, habla a las claras del incipiente desafío peronista que se insinuaba detrás del homenaje al tres veces presidente.
Un debate sobre la orientación y el sentido que Kirchner le imprime al peronismo, quedo sepultado hoy bajo una ola de vergüenza. Y una vez más, el nombre del político más trascendente que tuvo la Argentina del siglo pasado, quedó atrapado entre peleas del poder y lejos de la gente. “Esto es una interna sindical, no de los peronistas”, intentó resumir descorazonado un militante que se acercó a San Vicente.
Mucho se ha hablado y escrito sobre los riesgos que entraña el “setentismo” presidencial. Hoy mismo, en una entrevista publicada por Clarín, Lilita Carrió, expreso palabras casi proféticas. Es justo reconocer en esta dirigente, una lucidez en el análisis que no siempre logra plasmar en la práctica política.
“Hay que terminar con esta parodia de los setenta kirchneristas, y con las plazas de enfrentamientos, que nos condujeron a un hecho tan grave como la desaparición de López. Kirchner genera una violencia incontrolada. Hay una crisis de poder y un poder cebado, protagonizado por un presidente que ha tomado el modelo político de división venezolano, y que produce fuerzas de choque. El problema del poder es que habilita la violencia desde la palabra y cree que la domina en beneficio propio. Pero en algún momento deja de controlarla. Eso es un gran peligro porque además es un proceso que ya vivimos”, dijo Carrió. Los comentarios sobran.

Protagonismo Condicionado
Publicado el 20 de October, 2006 en Actualidad
Los sindicalistas debieron desinvitar a Chávez que había anunciado su intención de rendirle culto a Perón. La orden se cumplió. El embajador venezolano en Buenos Aires, Roger Capella Mateo, le confirmó a PERFIL que su presidente no presenciará la ceremonia. “No tengo información oficial sobre una posible visita”, explicó el diplomático.De Duhalde se ocupó su ex ladero, el diputado neokirchnerista José María Díaz Bancalari. El ex mandatario, autor de la idea y de la comisión pro mausoleo, aportó el renunciamiento. “Duhalde irá a la CGT para rendirle homenaje a la memoria de Perón. Así reafirmará que los protagonistas de este hecho histórico son Perón y los trabajadores”, le dijo a PERFIL un vocero del ex presidente.
El Pingüino se coló en el plan Traslado de Perón hace apenas un par de semanas. Tras un acto en Tres de Febrero, le prometió al intendente Hugo Curto que estaría en el evento. “Pero tiene que ser un momento de alegría. Un acto para todos”, le reclamó. La ceremonia debía encajar en el esquema de la concertación. Díaz Bancalari tradujo el mensaje: “Este es un acto plural”.
Kirchner le pidió a su ministro del Interior que se sumergiera en los detalles de la seguridad del traslado. Aceptó la invitación de la CGT, pero quiere controlar el acto de cerca. Aníbal Fernández pondrá a disposición un millar de efectivos de la Policía Federal. Necesita cumplir la promesa que los sindicalistas le hicieron a María Estela Martínez de Perón para permitir el traslado: al cuerpo no le tiene que pasar nada.
El Presidente no quiere muchos oradores. A lo sumo, un “histórico”. El que tiene más chances es Antonio Cafiero. Y él. Aunque hasta ahora no confirmó que hablará. “Nadie está escribiendo nada en la Rosada”, le dijeron a PERFIL.
“Kirchner no quiere liturgia peronista. No quiere una procesión por el General. Quiere que lo adoren a él y para eso quiere desperonizar a Perón”, se quejó un diputado que se anotó en la lista de los que quieren cargar en sus hombros el féretro del General.
Fuente: Diario Perfil

En nombre del Pueblo
Cada vez que oímos a un representante de los diferentes movimientos, que tanto pululan hoy en Argentina, escuchamos discursos en los que el orador dice hablar “en nombre del pueblo”Nos preguntamos, ¿En nombre de que pueblo hablan? ¿En el conformado por cuarenta millones de argentinos?Los continuos fracasos de quienes así se expresan para obtener una representación legítima, la que dan los votos en las urnas, los ha llevado a inventar una “democracia alternativa” con asambleas, foros, supuestas ONG’s y engendros similares, desde los cuales se arrogan una falsa representación, con la que impiden, exigen y obligan a la ciudadanía.
Es así que se impide a argentinos y extranjeros circular libremente por calles, rutas o pasos internacionales, no se permite efectuar una elección para elegir el rector de una universidad, se apropian los bienes del Estado, se viola el derecho de propiedad, se implanta una nueva moral contraria al orden natural, se cambia y subvierte la historia, se despenalizan delitos y se inventan nuevos, se exige la creación de tribunales especiales y populares, se incumplen leyes y se viola la Constitución, siempre en nombre del pueblo.
En un país cuyas instituciones han sido arrasadas en pos del poder absoluto, el pueblo, el auténtico pueblo, ha quedado a merced de estos falsos profetas que hacen y deshacen de acuerdo a sus caprichos.
Los ciudadanos para liberarse de esta “reducción a la servidumbre ideológica”, deben recuperar la Democracia real, la de la República y sus instituciones.

Fracaso en el sistema de conducción

Cuando la libertad económica es reemplazada por una economía concentrada hegemónicamente en manos de funcionarios políticos que deciden cómo deben comportarse empresarios y consumidores, la sociedad entra en una espiral destructiva como la que estamos viviendo.

No hay ninguna duda de que estamos navegando por un período inusualmente próspero para nosotros y toda la humanidad. Desde hace cuatro años hasta el presente, el gobierno del presidente Kirchner gozó de un formidable viento de cola porque en este período, y sin mérito de su parte, aquella misteriosa relación cepaliana de los “términos del intercambio” dio una vuelta de campana y dejó de operar en favor de los exportadores de manufacturas tecnológicas para beneficiar a los productores de materias primas y alimentos naturales. En estos mismos años, simultáneamente se produjo el fenómeno de la masiva emigración de empresas de alta tecnología que -como una bandada de patos- levantaron sus plantas del Silicon Valley y del eje Tokio-Nagoya-Osaka para trasladarse hacia las ciudades costeras del mar de la China, con lo cual ocasionaron una sustancial caída en dólares de los precios de productos electrónicos, informáticos y artefactos para el hogar, que importamos en abundancia. Al mismo tiempo, la política de la Reserva Federal de EE.UU. mantuvo las tasas de intereses más bajas de la historia moderna, lo cual sirvió para doblegar la intransigencia de los inversores en bonos argentinos defaulteados. Asombrosa, también, resultó la ayuda brindada por el presidente George W. Bush a los propósitos oficiales de reestructurar la deuda externa argentina. No debe olvidarse que el Departamento del Tesoro y la diplomacia americana estuvieron decididamente al lado del presidente Kirchner apoyando activamente su enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas internacionales mediante votos y gestiones favorables a la inédita propuesta de reestructurar la deuda con una enorme quita del capital y extensión de plazos fuera de lo común. En la administración norteamericana quizás haya predominado la estrategia de dejar sentado un fundamento jurídicamente sólido reconociendo la “doctrina del derecho de precedentes”, típica de las prácticas del common law. En la legislación sajona, el “derecho de precedentes” permite convertir las sentencias innovadoras en antecedentes judicialmente válidos, siempre que sean pacíficamente aceptadas por la comunidad financiera internacional. En este caso, el default y la reestructuración argentina, eventualmente, podrían servir de “derecho de precedentes” para una utópica –pero hoy impensable– decisión sobre la astronómica deuda pública americana. Con este marco tan favorable, de 2003 a 2006 transcurrieron cuatro años de bonanza económica, donde el producto bruto interno (PBI) creció realmente a tasas asiáticas, la industria recuperó su lugar, el campo comenzó a llenar sus arcas con los altísimos precios de la soja, el Estado recaudó impuestos hasta las orejas, se incrementaron notablemente los consumos corrientes, aumentaron los viajes turísticos, se construyeron innumerables inmuebles de lujo, se compraron gran número automóviles de alta gama y los teléfonos digitales tuvieron una difusión explosiva.
Confesión de un fracaso:
Sin embargo, después de un período saturado con tan increíbles ventajas y cuando todo parecía consolidado, comenzaron a aparecer dos viejos fantasmas: la inflación real no registrada en los índices oficiales y la crisis energética del gasoil y el gas natural. Esto comenzó de a poco, afectando algunas pequeñas cosas y revelando que no todo andaba bien. Los subsidios direccionados por el gobierno contribuyeron a mantener ocultos estos problemas y agravaron la situación al distorsionar las señales de escasez y abundancia demostradas por los precios intervenidos. Algunos analistas económicos imparciales comenzaron a señalar esta distorsión de precios relativos, pero no tuvieron acogida en los medios estatales y privados porque ambos estaban ocupados en ganar mucho dinero sin reparar que el modelo estaba agotando las reservas acumuladas durante los años de la convertibilidad. De pronto la inflación volvió por sus fueros y ello obligó al presidente a designar un agresivo funcionario que, con leyes o sin ellas, comenzó a presionar a los empresarios, negociar congelamientos nominales de precios y disponer la prohibición de las exportaciones básicas cuando afectaban el índice oficial de precios. Tal como estaba escrito en los manuales elementales de economía, hicieron su aparición todas las tretas conocidas para eludir el cerco impuesto por la Secretaría de Comercio y la escasez comenzó a mostrar su impiadoso rostro en el abastecimiento de insumos imprescindibles para la industria y el campo: gas y gasoil. Entonces, la acumulación de incoherencias y distorsiones provocó el atascamiento en la dirección del proceso económico, que perdió su espontánea automaticidad. El Estado se puso a sustituir el sistema de precios libres por un improvisado esquema de órdenes dictadas por un comisario político a quien se le atribuyeron facultades ilegales para disponer penas de prisión si no se obedecían sus instrucciones. Al cabo de cuatro años triunfales, se llega a imponer una ley de abastecimiento que fue dictada en el año 1974 por el presidente Lastiri, cuyos méritos consistían en su casamiento con la hija del preceptor del gobierno justicialista y en la exhibición pública de una formidable colección de lujosas corbatas. A pesar de que esa ley fue derogada en 1991 por otra ley de desregulación económica, el funcionario de marras dispuso su rehabilitación fáctica y amenazó con aplicar castigos y penas de prisión que no tienen poder legal alguno, pasando por encima a toda cuestión de seguridad jurídica. No existe demostración más contundente de este nuevo fracaso del dirigismo económico que la adopción irregular de estas medidas coercitivas en reemplazo del orden espontáneo basado en el mercado.
Los errores de conducción:
Llegados a esta altura de los acontecimientos, las complicaciones sustanciales que sufre la dirección del proceso económico están señalando gruesos errores de conducción política y económica. Hay dos formas de conducir la política económica. Una consiste en actuar como un brigadista desorientado que corre de un lado para otro con precarios equipos para apagar incendios. La otra, en obrar como un arquitecto que diseña un proyecto global muy bien pensado y que se dedica pacientemente a dirigir la ejecución de la obra asegurándose de su funcionalidad, solidez, practicidad y hasta de la belleza artística de su fachada y proporciones. Existe una diferencia sustancial entre obrar con libertad o gobernar con arbitrariedad. Del mismo modo que hay dos clases de libertades: la libertad para poder desplegar las propias posibilidades en el proceso económico y la libertad para estructurar el orden económico. El problema fundamental de la economía consiste en encontrar el criterio supremo para que la dirección del proceso económico se haga en un marco que respete las libertades individuales y permita superar la escasez económica cotidiana. De la solución de este problema depende la solución de muchos otros aspectos políticos, económicos y sociales. Pero cuando las necesidades económicas no son consideradas preeminentes sino como algo secundario y subalterno a las consideraciones políticas por acumular poder personal, la vida de cada uno de nosotros comenzará a depender en mayor o menor grado de la vehemencia o displicencia de los comisarios políticos que detentan un poder ilegítimo pero que usan la fuerza del Estado para condenarnos o perdonarnos la vida. En este caso, la libertad económica se encuentra en peligro y es reemplazada por una economía concentrada hegemónicamente en manos de funcionarios políticos a quienes sucede el totalitarismo, con sus consecuencias destructivas para la sociedad. Lo importante consiste en establecer un orden social que permita solucionar los problemas económicos con espíritu de libertad, para lo cual hay que renunciar al palabrerío ideológico y las manipulaciones políticas. Para poder organizar de este modo a la sociedad nos hace falta una capa directora de dirigentes políticos que comprendan lo que es ponerse en la tarea de establecer un orden económico basado en la libertad y el respeto de los derechos individuales, no sólo como un orden económico sino también como una condición para organizar la sociedad sobre la base de los dos grandes principios que la rigen: la solidaridad voluntaria y la subsidiariedad del Estado. Hoy, es necesario repetir aquellas palabras de Friedrich von Schiller (1759-1805), inolvidable autor de la universalmente famosa “Oda a la alegría” incorporada al último movimiento coral de la Novena Sinfonía de Beethoven: “Nada puede herir tanto al espíritu humano como el que se le prive de su libertad, porque ella le permite exteriorizar su capacidad de dar forma a lo que es informe. Donde sólo imperan las masas amorfas de muchedumbres arreadas por agitadores y donde oscilan premeditadamente los oscuros límites del poder y de la instigación a la violencia, tiene su asiento el temor. Pero el hombre es superior a cualquier temor desde el momento en que puede encauzarlo en instituciones, darle forma civilizada y transformarlo en un objeto socialmente útil”.
(EPT)

Incoherencias sociales

Educar para la democracia desde las aulas es importante, pero se vuelve una tarea vana si el Estado no respeta la ley ni la hace cumplir.

Desde hace unos meses, el Ministerio de Educación de la Nación trabaja en la redacción de lo que será la ley que regirá a La Argentina en el ámbito de lo educativo. Dentro de esta nueva ley, se destacan la “educación para la democracia” y para ser “buenos ciudadanos”. Como nací materialmente en el siglo pasado, quizá estoy muy viejo y tengo conceptos equivocados, como que la democracia implica, entre otras cosas, el respeto por el otro y el cumplimiento de las leyes. ¿A qué viene esto? Todos pudimos contemplar ayer por televisión (o escuchar los relatos en vivo de las radios) cómo en la Quinta de San Vicente, donde finalmente fueron trasladados los restos del general Perón, se molían a pedradas y palazos grupos antagónicos, y también pudimos observar la imagen de un sujeto disparando contra la multitud. Pensar que todos somos buenos es un tanto ingenuo. Por algún motivo que ignoro, la violencia y la irracionalidad siempre serán parte de la humana condición. Pero el Estado debe estar allí para que las leyes se cumplan y defender a los ciudadanos. Y no estaba. Ese mismo gobierno que quiere mejorar la educación democrática de los jóvenes, les muestra que no le importa si alguien le dispara a la población (confieso que, inocentemente, esperaba ver también por televisión cómo detenían al agresor), ni la seguridad de la población. ¡A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de que esas imágenes educan mucho más que todo lo que pueda decir un docente sobre las bondades de confiar en la justicia! Y por si esto fuera poco, un senador de la Nación Argentina, al ser consultado sobre la violencia que se vivió en el lugar, preguntó: “¿Hubo algún muerto…? Entonces no pasó nada”. Ese mismo senador: ¿votará a favor de ley de educación que sustenta valores democráticos?, ¿le dirá que “no pasó nada” a la persona que perdió un ojo?, ¿o justificará que un docente le pegue a un alumno, ya que “no hubo muertos”? Una ley no educa a nadie. No existen los “milagros legislativos” (cambios que se producen por el solo hecho de legislar al respecto). Lo que precisamente educa es lo que los chicos ven a su alrededor y la actitud de los adultos ante los diversos sucesos. Si seguimos mostrándoles a los jóvenes que no importa infringir las leyes (delincuentes siempre habrá, lo que no puede seguir habiendo es impunidad), tendremos una generación que no entenderá de qué se trata la vida democrática, por muchas leyes que hagamos al respecto. La única forma que tienen los jóvenes de “entender” que al que no cumple las leyes la sociedad democrática lo juzga es precisamente “viendo” cómo el Estado hace esto y no “escuchando” al profesor que se lo dice, que además pierde autoridad pues a todas luces se ve que “miente”. Si queremos que la educación mejore, al menos tengamos un poquito de coherencia. Eduquemos para la democracia en las aulas, pero también mostremos que eso que declamamos es cierto y hagamos cumplir la ley.
(EPT)

Crecen las intimidaciones a periodistas

Las amenazas y aprietes se han convertido en instrumentos de uso frecuente en la política argentina, no sólo desde el Ejecutivo nacional sino, también, desde las administraciones provinciales o municipales que copian el estilo del presidente Kirchner.

Acostumbrados a un estilo de gobierno en el que la intimidación demonizante (cuando no la amenaza directa) se han transformado en instrumentos de la política nacional que son utilizados frecuentemente, no debiéramos sorprendernos ante las crecientes noticias de ataques o “aprietes” a distintos periodistas. Estos apuntan a aquellos que no se pliegan (como lamentablemente lo hace –todos los días– una verdadera legión de periodistas argentinos) al discurso oficial, al único “verdadero”, al único que debemos escuchar porque –por definición– no puede, ni debe, haber ningún otro. Esto sucede mientras estamos pretendiendo ser democráticos, sin serlo. Al grave caso del conocido –y respetado– Joaquín Morales Solá, cuya seguridad personal ha sido amenazada, se suma el bastante menos conocido de Carlos Furman, un periodista radial de Santa Elena, Entre Ríos, de 33 años, que ha osado desafiar con sus críticas a uno de los hombres fuertes del horrendo gobierno peronista entrerriano, que –curiosamente– con los de Jujuy, Misiones, y Tucumán, es uno de los más cercanos al estilo y discurso de Néstor Kirchner. El caso de Furman, denunciado recientemente en una nota espléndida de Daniel Tirso Fiorotto desde las valientes columnas de La Nación, contiene todos los elementos de una Argentina que –de la mano arrogante de sus líderes circunstanciales– ha descendido a niveles preocupantes, cuando de asegurar las libertades esenciales se trata, especialmente la libertad de opinión, una de las más temidas por los autoritarios y los autócratas. En efecto, en este hecho hay toda suerte de connotaciones gravísimas, que son desgraciadamente típicas de la situación que hoy vive la Argentina: abuso de poder, despotismo, corrupción y, como si eso fuera poco, también una cuota de antisemitismo. Furman –que ha sufrido agresiones físicas y verbales, así como volanteadas antisemitas– se ha enfrentado a uno de los más conocidos políticos peronistas de Entre Ríos, un personaje íntimo del cuestionado gobernador Jorge Busti, que va ya por su tercer mandato. Tan cercano que fue, hasta no hace mucho, su vicegobernador. Me refiero a Domingo Daniel Rossi, hoy intendente de Santa Elena. Tras de Rossi, informa Fiorotto, se han acumulado –a lo largo de toda una década– toda suerte de denuncias. Rossi –lo que es gravísimo– ha sido condenado, hace ya cuatro meses, a tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito, el delito típico de muchos políticos (pocas veces purgado, sin embargo). Luego de condenado, Rossi ha interpuesto, nos dicen, un “recurso de casación” contra la condena que le fuera impuesta que está, en apariencia, empantanado (como, quizás, cabía esperar) en los recovecos más altos de una justicia provincial, en cuyo Superior Tribunal el gobernador Busti acaba de designar (no sin una cuota de descaro) a uno de sus socios políticos de mayor envergadura, un hombre con diez años de legislatura local que, además, presidió la bancada justicialista: Emilio Castrillón. Esta sospechosa designación cosechó, como cabía esperar, el rechazo más amplio de todas las instituciones vinculadas al quehacer judicial entrerriano, sin excepción. Porque es un sonoro y desafiante sopapo a la buena fe de todos, cuando de contar con mecanismos para designar jueces independientes e imparciales se trata. Esa reacción adversa de la comunidad jurídica local (toda) poco sueño hace perder a un Busto, ocupado en otros menesteres, aunque aparentemente preocupado por “cubrir sus espaldas” para un mañana que se le acerca, al galope. Busti apoya abiertamente a su amigo Rossi, insistiendo en que no debe renunciar “hasta que el fallo no esté firme”. La justicia local, presumiblemente instruida desde lo alto, se excusa por la demora aduciendo “estar colapsada”, con lo que presumiblemente se tapa –o inmoviliza– un caso que parece tener una mayúscula gravedad institucional. Todo se demora entonces, presumiblemente en busca de una prescripción que todo lo purgue, sin que nadie pague por lo que hizo. Como suele ocurrir. Esto es así aunque, como aclara La Nación, Rossi haya reconocido que “se guardaba en el bolsillo todo el dinero de los gastos reservados cuando era vicegobernador, en la primera gestión de Busti” y que “movía millones de dólares a nombre de su esposa y su madre en bancos del Uruguay”. Lo que debiera ser suficiente para que su socio político Busti, en lugar de cubrir a su amigo y correligionario Rossi, le pidiera que –por lo menos– se tome una licencia, o se excuse de seguir actuando, como si no pasara nada. Sin embargo, las cosas no son así. Para muestra de lo que hemos devenido, basta este botón, que tiene que ver con una de las administraciones provinciales de corte feudal que tiene nuestra República. En la que los poderosos son los amos de todo y de todos. Más allá de los “fuegos artificiales” o “cortinas de humo” que ellos mismos arman, pícaramente, para así distraernos a todos, con discursos de otro orden, hasta que luego de perder tiempo, imagen y dinero, los organismos internacionales nos dicen la verdad. Tristísimo, pero real.